Se dice que el presupuesto refleja las prioridades del gobierno; sin embargo, esta afirmación hay que tomarla con cautela, pues no siempre es cierta o al menos es más engañosa de lo que parece. Por principio de cuentas hay dos aspectos que se deben considerar. Primero, que algunas expresiones contenidas en los documentos presupuestarios son ambiguas e indefinidas, lo que se presta a cierta distorsión entre la prioridad supuestamente señalada y el destino final del gasto.
Segundo, que ciertos instrumentos de presupuestación, como el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) —el instrumento de presupuestación del sector—, suelen emplearse para justificar la forma en la que se atienden problemas de corte estructural, sin que esto sea realmente cierto. En días en los que algunos (principalmente desde el Ejecutivo Federal) afirman que tenemos una reorientación del gasto público, un presupuesto redistributivo y con enfoque social conviene advertir algunos detalles de la forma en la que estamos atendiendo el sector agrícola. Precisamente en el espíritu de tener un debate público informado, el pasado miércoles, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, presentó una nueva versión del sitio Subsidios al Campo en México. Esta página web es única en Latinoamérica y tiene como objetivo arrojar luz sobre el destino de los apoyos financieros dirigidos al sector agropecuario en el país a través de una sencilla herramienta que permite conocer datos oficiales sobre los programas de subsidios agrícolas. Con este instrumento hemos realizado estudios (disponibles en http://subsidiosalcampo.org.mx/acerca-de/estudios/editorial-subsidios-al-campo/) cuyos hallazgos y evidencias nos muestran que la política pública dirigida al campo mexicano presenta sesgos importantes en la distribución de los apoyos.
Estos problemas de concentración pronuncian las brechas de diferencia porque desconocen la capacidad productiva de pequeños productores y concentran los beneficios en los grandes competidores. Las tendencias son contundentes: el mapa de apoyos productivos se concentra en el norte y el de apoyos asistenciales en el sur. A los pobres se les entiende como objetos de asistencia mientras que sólo se les reconoce potencial productivo a quienes teóricamente son viables. Este planteamiento, falazmente basado en la productividad, no contesta preguntas elementales como producir qué, cómo y con qué costo, para quién y en dónde. La contundencia de los datos (programas con cobertura de menos del 20% del universo posible, concentraciones casi de pareto —el 20% de beneficiarios se queda con el 80% de recursos—, programas que concentran sus recursos en cuatro estados, recurrencia en el rebase de los topes y límites establecidos, por mencionar algunos) nos confirma lo insensato que puede ser el destino de nuestro gasto público.
Tenemos una política de apoyo al campo que le entrega cuantiosos recursos a quienes por sus propios medios son competitivos. El dinero público no corrige entonces los problemas de mercado ni apoya a quienes presentan alguna desventaja estructural, histórica o coyuntural. Con nuestros impuestos, en términos de tendencias y atenidos a la generalidad de los casos, estamos haciendo millonarios a quienes optarían por sus medios a ser ricos. Es posible que esos actores poderosos, productivos, capaces de participar del mercado internacional, tecnologizados y eficientes aleguen que sin los recursos públicos dejarían de participar en la actividad agrícola. También pueden argumentar que simplemente cumplen con los requisitos para recibir apoyos o que sólo aprovechan las oportunidades que el gobierno otorga. Sin eufemismos: o es un chantaje o un abuso inconsciente que nos cuesta miles de millones del presupuesto. Este fenómeno no es inocuo, implica la cancelación para pequeños productores de la posibilidad de recibir apoyos, acercándolos a la pobreza o, en ciertos casos, a la franja de exclusión. A pesar de que los datos muestran que tras 15 años de modelo (y después de haber triplicado el presupuesto) hemos conseguido crecimientos que no alcanzan el 1%, seguimos entregando los apoyos de forma sesgada. Un análisis multianual del presupuesto en el sector rural muestra una composición que privilegia el gasto social —principalmente de corte asistencialista— sobre una visión que impulse la productividad.
En los últimos 10 años, la vertiente social ha crecido mientras que la productiva está estancada en términos de peso relativo del presupuesto rural. Los recursos destinados a fomentar actividades productivas representan apenas el 10.5% del total del PEC, mientras que en los últimos 10 años el gasto social creció 172%. Corregir estos problemas requiere de tres ingredientes: valor político para enfrentar poderes económicos, sensibilidad social para reasignar los recursos y visión de largo plazo. Debatir el tema, requiere, además, de información gubernamental de calidad. Sin embargo, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural presenta serias inconsistencias en su integración: su contenido no guarda relación alguna con la cuenta pública, no permite el monitoreo y seguimiento al gasto, y no refleja claramente cuáles son las prioridades del gobierno para el campo. Los problemas de desigualdad, exclusión y reducida productividad del sector agrícola requieren respuestas serias que superen la captura del presupuesto público por parte de sectores privilegiados y una redefinición de las prioridades. Es momento de que el Congreso realice modificaciones sustanciales a la forma en la que se distribuyen los recursos para el campo. Es tiempo para que se cambien en definitiva las prioridades del gobierno o que, cuando éstas estén bien orientadas, el presupuesto sea fiel en su atención.
Por: Miguel Pulido Jiménez
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