El próximo domingo 21 de junio, cumple 14 años Epafrodito. Su cumpleaños lo pasará sin su papá y a pie de cama de su madre. Irene Cruz Zúñiga quedó con lesiones severas debido a la mala atención médica que recibió durante el trabajo de parto el 22 de junio de 2001 en el hospital del IMSS de Tlaxiaco, Oaxaca. Desde aquel día vive en un estado vegetativo y con necesidad de cuidado las 24 horas, los 365 días al año. El papá de Epafrodito huyó ante la difícil situación familiar a los pocos años de haber nacido su hijo.
¿Qué fue lo que pasó aquel día hace 14 años? En la madrugada, Irene Cruz Zúñiga dio a luz a su hijo después de una odisea en busca de atención médica y complicaciones severas que finalmente culminaron en sufrimiento fetal y una cesárea de emergencia. Epafrodito salió sin agravios de esta complicada situación y afortunadamente hoy día goza de plena salud, pero ha tenido que crecer sin su mamá y su papá. Vive con los hermanos de Irene, que han tenido que abandonar sus proyectos de vida para dedicarse tiempo completo a los cuidados de ella.
Esta triste e indignante historia no es sólo aquella de una mujer mal atendida al dar a luz. Se trata de un caso que ejemplifica la discriminación que a diario viven miles de personas en este país por sexo, etnia y condición económica, sólo por mencionar algunas. Esa es la triste realidad. Irene es mujer, indígena y pobre, y por ende sumamente expuesta a malos tratos y abusos por parte de autoridades, médicos, jueces y las personas en general. Uno de estos malos tratos es la violencia obstétrica que sufren mujeres como Irene en México, principalmente en las zonas rurales. Esta mala praxis se soporta, mantiene y perpetua por un modelo de atención médico que, ejerce poder sobre las mujeres en sus decisiones sexuales y reproductivas, ignora sus especificidades culturales y omite responder por los daños causados tanto en su proyecto de vida como en el de sus familias.
En otra parte de la triste e indignante historia de Irene, hasta hoy no hay reparación alguna por parte de las autoridades, aunque se les ha exigido con toda contundencia. Cabe mencionar que debido a la exclusión y marginación en la que viven y a la necesidad de cuidar de tiempo completo de un menor y una persona con discapacidad, la familia de Irene no pudo darle el seguimiento necesario a la investigación que con mucho sacrificio, pagó el entonces esposo.
La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) supuestamente investigó durante 10 años los hechos, pero cuando en 2012 la presunta responsable finalmente fue sujeta a un juicio, ya se había prescrito la posibilidad de perseguirla penalmente. Es decir, la indiferencia y la omisión de las autoridades permitieron que el delito quedara impune. Y en cuanto a la reparación del daño, el magistrado del Tribunal Unitario en Oaxaca determinó una serie de reparaciones a nivel individual, familiar y comunitario, pero el IMSS manifestó que en vista de que había prescrito la acción penal no podía hacer nada más, ni podía reparar el daño.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación ha asumido el caso y está acompañando a los familiares de Irene desde el 2013. Hace algunos meses hemos planteado una propuesta de indemnización al IMSS de Tlaxiaco, Oaxaca, y solicitado una reunión para discutirla, pero hasta la fecha no nos han recibido. A cambio, han presentado un dictamen ante el Tribunal Unitario en Oaxaca para pedir que se reconsidere su responsabilidad en los hechos. Esta solicitud e intento de deslindarse de su responsabilidad está totalmente fuera de lugar. Desde Fundar recordamos que el tribunal ya determinó la responsabilidad del IMSS y que el paso siguiente es cumplir con la reparación del daño que causó a Irene y sus familiares.
Recordamos también que conforme a los más altos estándares y al acuerdo judicial del tribunal de Oaxaca, la reparación integral del daño debe incluir medidas de rehabilitación, como por ejemplo la atención vitalicia en salud y una valoración médica completa para Irene; medidas de satisfacción, como por ejemplo una beca para su hijo; así como medidas para garantizar la no repetición, las cuales tienen que ver con los cambios en las condiciones estructurales que dieron lugar a la violación a los derechos humanos de Irene.
Frente a 14 años de impunidad, Fundar acudió a instancias internacionales. En octubre pasado presentamos unapetición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado Mexicano, por violaciones al derecho a la integridad personal y salud de Irene, por morbilidad materna y falta de acceso a la justicia. Esta solicitud por el momento se encuentra bajo estudio, es decir, la CIDH está analizando el caso para determinar su admisibilidad.
