Entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2025, se celebró en Sevilla la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD4), a la cual se convocó a representantes de los gobiernos, de instituciones multilaterales, del sector privado y de sociedad civil. En parte, el encuentro tenía el objetivo de evaluar los avances y obstáculos para el desarrollo sostenible desde las Conferencias previas de Monterrey (2002), Doha (2008) y Addis Abeba (2015) para acordar medidas y rutas de acción coordinadas para enfrentar los desafíos compartidos respecto a la garantía de derechos humanos, económicos, sociales, ambientales y culturales, la emergencia climática y la persistencia de altos niveles de pobreza, así como de brechas socioeconómicas y de género.
Había transcurrido una década desde la última vez que los países se reunieron para discutir y acordar esfuerzos conjuntos para el desarrollo sostenible. En este periodo, las condiciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 no mejoraron, sino que empeoraron. Además, la Cuarta Conferencia para el Desarrollo de Sevilla ocurrió en un momento de fuertes resistencias para la cooperación internacional [1]: la retirada de Estados Unidos de este proceso y también de aquellos que buscan reformar la tributación global tanto en la OCDE como en la ONU; presiones para que los países desarrollados incrementen su gasto en defensa nacional hasta 5% del PIB, así como crecientes tensiones comerciales y aumento del proteccionismo, menor capacidad financiera no sólo de los países sino también de las instituciones multilaterales y la reducción de la asistencia oficial para el desarrollo (ODA) derivado de lo anterior.
El resultado oficial de la Conferencia FfD4 es el Compromiso de Sevilla, un documento adoptado por consenso que busca establecer el marco global para el financiamiento del desarrollo en los próximos años, reconociendo las complejidades del contexto actual. Entre los principales diagnósticos, destaca que la brecha de financiamiento –la diferencia entre los recursos necesarios y los disponibles para cumplir con las metas de desarrollo sostenible– asciende a 4 billones de dólares anuales. Frente a ello, el Compromiso plantea impulsar un paquete ambicioso de reformas y acciones para cerrar esta brecha, movilizar inversiones sostenibles a gran escala, ampliar el espacio fiscal y enfrentar la crisis de deuda que afecta a muchos países en desarrollo.
A pesar de su retórica ambiciosa, una lectura completa del Compromiso de Sevilla revela importantes limitaciones: el documento mantiene el statu, sin proponer reformas estructurales, compromisos vinculantes para Estados, organismos multilaterales o sector privado, ni mecanismos claros de seguimiento.
No obstante, el que haya sido adoptado por consenso en medio de una profunda crisis del multilateralismo es en sí mismo un logro. Además, el Compromiso contiene algunas decisiones concretas, iniciativas interesantes dentro de la Plataforma de Sevilla y abre ventanas de oportunidad [2] que permitirán sostener la agenda del financiamiento para el desarrollo en los siguientes años.
Algunos de los compromisos destacables entre los países [3] son:
- Continuar participando de manera constructiva en las negociaciones para la Convención Tributaria de la ONU.
- Fortalecer los sistemas tributarios y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el ciclo presupuestario, incluyendo una evaluación de los gastos tributarios.
- Promover la progresividad y eficiencia en los sistemas fiscales para reducir la desigualdad y aumentar los ingresos públicos, además de fortalecer los esfuerzos para combatir la evasión y elusión fiscal, así como los flujos financieros ilícitos.
- Promover presupuestos con enfoque de género y avanzar en las discusiones sobre sistemas tributarios con perspectiva de género, iniciando con un fortalecimiento de capacidades para identificar y corregir los sesgos de género.
- Mejorar la transparencia fiscal a través de: i) un fortalecimiento de los informes país por país de las empresas multinacionales y la potencial creación de una base de datos pública centralizada y ii) la implementación de registros nacionales de entidades beneficiarias finales y el fortalecimiento del intercambio de información, mientras que se considerará la viabilidad y utilidad de implementar un registro global de beneficiarios finales.
- Explorar medidas complementarias al PIB para evaluar el desarrollo, reflejando las dimensiones económicas, sociales y ambientales.
Aunque el Compromiso de Sevilla establece hasta 2029 la discusión sobre una posible Quinta Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo, los desafíos que siguen, así como los que vendrán, harán inevitable que los Estados retomen las discusiones para definir el rumbo de la agenda global más allá de 2030. Para que Sevilla no se quede como una oportunidad perdida plasmada en un listado de buenos deseos, se requiere voluntad política y una apuesta reforzada por el multilateralismo por parte de los Estados.
Al mismo tiempo, es fundamental que la sociedad civil y los movimientos sociales –en toda su diversidad- fortalezcan el diálogo y la colaboración entre agendas. Solo así será posible construir propuestas integrales que impulsen transformaciones sistémicas y estructurales. Superar la fragmentación y desmontar la falsa idea de que solo puede haber una causa prioritaria es clave para que Sevilla sea realmente un punto de partida, y no el cierre de un proceso que hoy necesita más que nunca acción colectiva, articulada y desde las mayorías, frente a un statu quo que promueve la alienación, el individualismo y se resiste al cambio.
