Ciudad de México, a 19 de abril de 2020.

Organizaciones llaman a fortalecer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, a consolidar su trabajo, construir sobre sus resultados y preservar su independencia y capacidad de gestión

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (CONAPRED) es una de las instituciones clave del Estado Mexicano para impulsar la plena realización de derechos de su población—incluyendo a ciudadanas usualmente olvidadas e invisibles, grupos de personas con discapacidad e históricamente discriminadas, trabajadoras del hogar, población afromexicana e indígena; migrantes, refugiadas y personas que se identifican como LGBTTTIQ, entre otras. Solicitar la renuncia de su titular y argüir sobre la pertinencia de desaparecer al CONAPRED son acciones que representan un grave retroceso, y las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento hacemos un enérgico llamado a detener los ataques en su contra, a reforzar su misión y fortalecer su trabajo con mayores asignaciones presupuestarias y el compromiso de respetar y promover su valiosa misión.

El CONAPRED es una de las pocas instituciones habilitada en el país para conocer casos de discriminación de empresas y particulares, además de casos con responsabilidad de servidores públicos federales y la única cuyas decisiones son jurídicamente vinculantes. Cada año, el CONAPRED atiende alrededor de 6 mil quejas a personas que consideran haber sido discriminadas. Además de sus funciones de atención a quejas y sanciones, el CONAPRED ha impulsado diálogo, legislación, políticas y acuerdos de coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno, en beneficio de las personas más excluidas—que muchas veces son también las más pobres. Tan sólo durante este gobierno:

  • Impulsó cambios en las leyes de seguridad social y federal del trabajo para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar.
  • Impulsó con organizaciones afro el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas en el artículo segundo constitucional, como pueblos originarios de la Nación mexicana.
  • Resolvió casos de educación inclusiva y de discriminación laboral hacia personas con VIH que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respaldó la decisión del CONAPRED. Acompañó las discusiones en la SCJN sobre casos de derechos de personas trans y trabajadoras del hogar, que finalmente lograron sentencias protectoras de derechos humanos.
  • Certificó mediante la Norma Mexicana en Igualdad y No Discriminación a 471 centros de trabajo públicos y privados para proteger contra la discriminación laboral a mujeres embarazadas, personas mayores, jóvenes, indígenas y otras poblaciones.
  • Coordinó un programa gubernamental (en el que participa toda la Administración Pública Federal) para eliminar la discriminación y cumplir el mandato de no dejar a nadie atrás y a nadie afuera.
  • Desarrolló, con la Secretaría de Salud y organizaciones de la sociedad civil, la Guía para la Protección de la Salud de las Personas con Discapacidad en el contexto de Covid-19.
  • Formuló recomendaciones a la Secretaría de Economía para generar políticas de recuperación económica incluyentes.
  • Propició un acercamiento entre organizaciones defensoras de migrantes y el Instituto Nacional de Migración, tras el intento de éste por cerrar las estaciones migratorias a organizaciones y defensoras–e impulsó una estrategia de prevención y atención al riesgo sanitario por COVID19 a migrantes y solicitantes de asilo.
  • Coordinó a diversas instancias y gobiernos locales para atender de forma integral a las mujeres víctimas de violencia doméstica, especialmente durante el confinamiento mandatado como parte de la emergencia sanitaria por COVID 2019.
  • Lideró un esfuerzo (incipiente) por contener la precarización de las condiciones de trabajo y derechos humanos y laborales de jornaleras y jornaleros agrícolas—uno de los grupos más precarizados y discriminados en México, ampliamente afectados por la emergencia sanitaria.

Aunado a este trabajo reciente, el CONAPRED ha sido una instancia clave para generar información y estadística confiable para generar evidencia concreta de la discriminación en México. Además de apoyar y conducir las encuestas nacionales sobre discriminación, y coordinar la primera encuesta sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género, impulsó que la encuesta intercensal de 2015 y este año el censo 2020 cuenten a la población afromexicana.

El CONAPRED ha construido esta agenda y resultados tangibles, no obstante contar con una estructura limitada para procesar el amplio conjunto de quejas que atiende cada año y con muy pocos recursos para levantar más encuestas e instrumentos de medición y a pesar de tener que convencer a otras dependencias de la pertinencia de sus recomendaciones—por no ser éstas vinculantes. Por ello es necesario fortalecer al CONAPRED, no considerar su desaparición. Y apostar por reforzar su independencia (es un organismo descentralizado adscrito a la Secretaría de Gobernación) y capacidad de gestión. Suscribimos el llamado de su Asamblea Consultiva y hacemos un llamado a su Junta de Gobierno para presentar un diagnóstico de capacidades y necesidades sobre las cuales fortalecer la capacidad de atención y resolución de quejas, y sus funciones de prevención por medio de políticas, recomendaciones y campañas de difusión y divulgación.

Firmamos este comunicado convencidas de los logros que el CONAPRED y la sociedad mexicana hemos construido, juntas, en los últimos dieciséis años, y de los retos de avanzar en la reducción de la discriminación y la desigualdad. Retos que requieren un CONAPRED fortalecido. Y un compromiso con los y las ciudadanas más pobres, más discriminadas y menos visibles.

Dirección

Cerrada de Alberto Zamora 21,
Col. Villa Coyoacán.
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Tel: +52 (55) 5554 3001

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