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Ciudad de México, a 19 de abril de 2020.

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Organizaciones llaman a fortalecer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, a consolidar su trabajo, construir sobre sus resultados y preservar su independencia y capacidad de gestión

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El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (CONAPRED) es una de las instituciones clave del Estado Mexicano para impulsar la plena realización de derechos de su población—incluyendo a ciudadanas usualmente olvidadas e invisibles, grupos de personas con discapacidad e históricamente discriminadas, trabajadoras del hogar, población afromexicana e indígena; migrantes, refugiadas y personas que se identifican como LGBTTTIQ, entre otras. Solicitar la renuncia de su titular y argüir sobre la pertinencia de desaparecer al CONAPRED son acciones que representan un grave retroceso, y las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento hacemos un enérgico llamado a detener los ataques en su contra, a reforzar su misión y fortalecer su trabajo con mayores asignaciones presupuestarias y el compromiso de respetar y promover su valiosa misión.

El CONAPRED es una de las pocas instituciones habilitada en el país para conocer casos de discriminación de empresas y particulares, además de casos con responsabilidad de servidores públicos federales y la única cuyas decisiones son jurídicamente vinculantes. Cada año, el CONAPRED atiende alrededor de 6 mil quejas a personas que consideran haber sido discriminadas. Además de sus funciones de atención a quejas y sanciones, el CONAPRED ha impulsado diálogo, legislación, políticas y acuerdos de coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno, en beneficio de las personas más excluidas—que muchas veces son también las más pobres. Tan sólo durante este gobierno:

• Impulsó cambios en las leyes de seguridad social y federal del trabajo para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar.
• Impulsó con organizaciones afro el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas en el artículo segundo constitucional, como pueblos originarios de la Nación mexicana.
• Resolvió casos de educación inclusiva y de discriminación laboral hacia personas con VIH que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respaldó la decisión del CONAPRED. Acompañó las discusiones en la SCJN sobre casos de derechos de personas trans y trabajadoras del hogar, que finalmente lograron sentencias protectoras de derechos humanos.
• Certificó mediante la Norma Mexicana en Igualdad y No Discriminación a 471 centros de trabajo públicos y privados para proteger contra la discriminación laboral a mujeres embarazadas, personas mayores, jóvenes, indígenas y otras poblaciones.
• Coordinó un programa gubernamental (en el que participa toda la Administración Pública Federal) para eliminar la discriminación y cumplir el mandato de no dejar a nadie atrás y a nadie afuera.
• Desarrolló, con la Secretaría de Salud y organizaciones de la sociedad civil, la Guía para la Protección de la Salud de las Personas con Discapacidad en el contexto de Covid-19.
• Formuló recomendaciones a la Secretaría de Economía para generar políticas de recuperación económica incluyentes.
• Propició un acercamiento entre organizaciones defensoras de migrantes y el Instituto Nacional de Migración, tras el intento de éste por cerrar las estaciones migratorias a organizaciones y defensoras–e impulsó una estrategia de prevención y atención al riesgo sanitario por COVID19 a migrantes y solicitantes de asilo.
• Coordinó a diversas instancias y gobiernos locales para atender de forma integral a las mujeres víctimas de violencia doméstica, especialmente durante el confinamiento mandatado como parte de la emergencia sanitaria por COVID 2019.
• Lideró un esfuerzo (incipiente) por contener la precarización de las condiciones de trabajo y derechos humanos y laborales de jornaleras y jornaleros agrícolas—uno de los grupos más precarizados y discriminados en México, ampliamente afectados por la emergencia sanitaria.

Aunado a este trabajo reciente, el CONAPRED ha sido una instancia clave para generar información y estadística confiable para generar evidencia concreta de la discriminación en México. Además de apoyar y conducir las encuestas nacionales sobre discriminación, y coordinar la primera encuesta sobre discriminación por orientación sexual e identidad de género, impulsó que la encuesta intercensal de 2015 y este año el censo 2020 cuenten a la población afromexicana.

El CONAPRED ha construido esta agenda y resultados tangibles, no obstante contar con una estructura limitada para procesar el amplio conjunto de quejas que atiende cada año y con muy pocos recursos para levantar más encuestas e instrumentos de medición y a pesar de tener que convencer a otras dependencias de la pertinencia de sus recomendaciones—por no ser éstas vinculantes. Por ello es necesario fortalecer al CONAPRED, no considerar su desaparición. Y apostar por reforzar su independencia (es un organismo descentralizado adscrito a la Secretaría de Gobernación) y capacidad de gestión. Suscribimos el llamado de su Asamblea Consultiva y hacemos un llamado a su Junta de Gobierno para presentar un diagnóstico de capacidades y necesidades sobre las cuales fortalecer la capacidad de atención y resolución de quejas, y sus funciones de prevención por medio de políticas, recomendaciones y campañas de difusión y divulgación.
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Firmamos este comunicado convencidas de los logros que el CONAPRED y la sociedad mexicana hemos construido, juntas, en los últimos dieciséis años, y de los retos de avanzar en la reducción de la discriminación y la desigualdad. Retos que requieren un CONAPRED fortalecido. Y un compromiso con los y las ciudadanas más pobres, más discriminadas y menos visibles.
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