- El Congreso de la Unión tiene hasta el 15 de diciembre para cumplir con la sentencia de la primera sala de la SCJN para emitir una nueva ley.
- La ley que regule la publicidad oficial debe subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social y adoptar un enfoque que evite la censura indirecta y salvaguarde la libertad de expresión y el derecho a la información.
Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2021.- El pasado 8 de septiembre, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 308/2020 promovido por ARTICLE 19 México y Centroamérica, en donde se declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social y, en el mismo sentido, requirió al Congreso de la Unión a subsanar las deficiencias de la misma antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones correspondiente al año dos mil veintiuno, es decir, antes del 15 de diciembre.
El día de ayer se notificó formalmente a la Cámara de Diputados y el Senado de la República, la sentencia antes señalada. En este contexto cuentan con tan solo un mes para poder llevar a cabo un proceso legislativo en donde se discuta una nueva ley que regule la publicidad oficial desde un enfoque que evite la censura indirecta de los medios de comunicación, como ocurre con la actual Ley, y que salvaguarde la libertad de expresión y el derecho a la información.
El Congreso de la Unión tiene una nueva oportunidad para llevar a cabo un proceso legislativo en el cual integren lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, pues tal como determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “… la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, no cumple a cabalidad con la tarea que el texto fundamental le encomendó, particularmente porque no esclarece ni detalla los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, ni tampoco dispone procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios indicados, disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados.”
Así, exigimos a las y los legisladores de ambas Cámaras dar prioridad a esta discusión, pues la encomienda de regular adecuadamente el gasto de publicidad oficial se estableció desde la reforma constitucional en materia político electoral de febrero del 2014. La sociedad mexicana lleva 7 años en espera de contar con una ley que regule la publicidad oficial con enfoque de derechos humanos, misma que promovería la pluralidad mediática y la democratización de los medios de comunicación y, así, la libertad de expresión en un contexto que urgentemente las necesita.
Recordamos al Congreso que en octubre de 2018, desde el colectivo #MediosLibres, le presentamos una iniciativa ciudadana para regular la publicidad en México, misma que incorpora estándares universales e interamericanos en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Las expectativas y exigencias depositadas en el poder legislativo son altas, debido a la gran necesidad y urgencia de regular en la materia. Es por eso que esperamos que el proceso legislativo inicie lo más pronto posible los trabajos, para así contar con el tiempo suficiente para llevar a buen puerto el proceso de deliberación y aprobación de una ley congruente con los parámetros constitucionales.
Adicionalmente, es fundamental que en este proceso legislativo el Congreso respete los principios de parlamento abierto. Por estas razones nos encontramos ante una oportunidad histórica para que el Congreso genere una nueva legislación que promueva la pluralidad mediática, esencial para la vida democrática del país.
