En el México de hoy no es nada fácil ser activista comprometido con una comunidad que se encuentra defendiendo su territorio o ejercer profesiones como la de defensor de derechos humanos o la de periodista comprometido. En un país donde anualmente pierden la vida más de 10,000 personas como consecuencia de la violencia desatada por una mal concebida guerra en contra del crimen organizado es común que la muerte de alguna de estas heroínas o héroes anónimos pase por debajo del radar de la atención mediática y, por tanto, pase desapercibida por el público en general. Sin embargo, ahí están, dando la cara por todos nosotros y poniéndolo todo en riesgo por seguir creyendo en aquello que el resto parecemos haber descartado como inasequible: la posibilidad de vivir en un mundo un poco más justo.
Ya desde la semana del 15 de octubre del presente año le habían anunciado, a través de una golpiza, a Ismael Solorio Urrutia que lo iban a matar próximamente. Se le advirtió inmediatamente a Raymundo Romero Maldonado, Secretario general de gobierno del estado de Chihuahua, que pendía una amenaza sobre la cabeza de este activista. Fue en vano. El 22 de octubre fueron levantados Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís. Más tarde, aparecieron sus cuerpos ejecutados.
Ismael y Manuela fueron habitantes del ejido Benito Juárez en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. Ambos pertenecían a la organización El Barzón, la misma que en 1994 se manifestaba en contra de la cartera vencida del gobierno de Salinas de Gortari y que sigue activa hasta el día de hoy. Actualmente, los barzonistas de Buenaventura y municipios colindantes se encuentran enfrascados en un conflicto por el agua. Han denunciado, a través de la protesta y de recursos jurídicos, la sobreexplotación de acuíferos por parte de proyectos de irrigación ilegales en una zona desértica donde la norma indica que deben de prevalecer los cultivos de temporal.
Sin embargo, quienes buscan proteger los acuíferos que alimentan esta región ahora enfrentan la posibilidad de perder completamente el suministro de este vital líquido. La empresa minera canadiense MAG Silver, a través de su empresa subsidiaria El Cascabel, ha descubierto depósitos de molibdeno en los cerros que delimitan esta cuenca y planea abrir un tajo a cielo abierto para explotar este recurso, precisamente en los sitios de recarga de agua que alimentan los pozos de las comunidades. Ismael, Manuela y otros compañeros barzonistas se aprestaron a denunciar la instauración de este proyecto minero en la zona.
La movilización de El Barzón contra los proyectos de irrigación o de minería ha generado molestias a muchos intereses importantes en la región. Bajo la indiferente vigilancia de un gobierno municipal y estatal omisos, se cometieron estos asesinatos. Sin embargo, el crimen cometido contra Ismael y Manuela no representa un hecho aislado, propio de un rincón particularmente conflictivo del país —dada la presencia importante de organizaciones criminales en estos valles—.
A lo largo y ancho de México se han presentado graves ataques a individuos y comunidades que han procurado detener el avance de las inversiones mineras en sus territorios (dado que, argumentan, esta actividad deja tras de sí una estela de devastación ambiental y social). En noviembre de 2009, el activista Mariano Abarca fue asesinado en el municipio de Chicomuselo, en Chiapas. Dedicó los últimos meses de su vida a defender a su comunidad frente a abusos de la empresa minera canadiense Barrick Gold que explota barita en esta región. En enero y marzo del presente año fueron asesinados Bernardo Méndez Vázquez y Bernardo Vázquez, ambos integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán que se opone a las actividades extractivas de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, Oaxaca.
Inclusive en días recientes se han presentado dos casos adicionales de suma gravedad que involucran ataques contra activistas ambientales. Celedonio Monroy Prudencio, activista nahua que ha buscado frenar los abusos de mineros y talamontes en Jalisco y Colima fue plagiado el pasado martes 20 de octubre en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Se desconoce hasta hoy su paradero. Asimismo, ejidatarios y antiguos mineros de la comunidad de La Sierrita, en Durango, que sostienen un conflicto con la minera canadiense Excellon Resources con respecto a una controversia por un contrato de arrendamiento, fueron desalojados con lujo de violencia de un plantón pacífico que han sostenido por meses en el camino que conduce a la entrada de la mina La Platosa.
No existen pruebas que vinculen a las empresas a estas acciones. Sin embargo, el simple hecho de que estos crímenes sean cometidos en las inmediaciones de sus sitios de extracción debería ser razón suficiente para las mineras se involucren para hacer todo lo posible por esclarecer estos hechos. La alarmante frecuencia con que se están presentando estos casos en tiempos recientes es motivo de gran preocupación. Inclusive si no compartimos las preocupaciones que estos activistas manifestaron con respecto a la instauración de proyectos mineros en sus territorios, por lo menos debemos reconocer que los mismos tienen derecho a que sus argumentos sean escuchados. Los derechos a la libre expresión de ideas y a la manifestación se encuentran plasmados en la Constitución y representan un pilar básico de cualquier régimen que se asuma como democrático. Asimismo, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, México ha reconocido legalmente el derecho que tienen los pueblos indígenas al goce de su territorio y a ser consultados sobre cualquier proyecto que pueda afectarlo. México firmó también la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que, aunque no es vinculante, establece en su Principio 10 el derecho que tiene la ciudadanía a participar sobre decisiones que vayan a afectar el entorno donde uno habita.
Es urgente que el Estado mexicano esclarezca quienes son los responsables de estos crímenes y que establezca condiciones adecuadas de seguridad para que la ciudadanía pueda ejercer libremente su derecho a la libre manifestación de ideas. Asimismo, la impunidad que prevalece en el país con respecto a estos sucesos presenta la mejor garantía para que los crímenes continúen cometiéndose. ¿Hasta cuándo comenzará el Estado a mover un dedo para dar con los responsables de ataques contra activistas?
Francisco Cravioto
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