En febrero de este año, en medio de una crisis de credibilidad por escándalos como el de la “casa blanca” y el conflicto de interés que podría implicar, el presidente Peña Nieto presentó ocho puntos para combatir la corrupción en México. Dentro de las acciones a tomar para atacar este grave problema estaban: 1) la creación de una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés dentro de la Secretaría de la Función Pública, con el objetivo de determinar la existencia de conflictos de interés, así como establecer medidas preventivas; 2) establecer reglas y protocolos para regular el comportamiento de los servidores públicos; 3) lineamientos a seguir por funcionarios y particulares en caso de contrataciones públicas, concesiones, permisos y licencias; 4) creación de un registro de servidores públicos de acuerdo a su nivel de responsabilidad; 5) ampliación de los mecanismos de colaboración con el sector privado, en materia de transparencia y combate a la corrupción; 6) aumentar las formas de colaboración con el sector privado y la sociedad civil en materia de transparencia; entre otros.
Respecto a estos puntos hay algunas reflexiones. Por un lado, si se desea prevenir y evitar conflictos de interés con los servidores públicos, en lugar de crear una unidad especializada en el tema dentro del ejecutivo, debería fomentarse la existencia de contrapesos y voces independientes en el país que opinen, corroboren, cuestionen e investiguen prácticas dudosas. Y que después hagan públicos los hallazgos de dichas investigaciones. A los mexicanos no nos hace mal que los conflictos de interés en el uso de los recursos públicos se ventilen, al contrario. Sobre todo si a través del debate público se ponen de manifiesto y se generan soluciones institucionales que prevengan y detengan prácticas dañinas para el erario público.
Por otro lado, los protocolos, lineamientos y procedimientos para regular el comportamiento de los servidores públicos está bien tenerlos en principio. Sin embargo, éstos son débiles e insuficientes y su impacto real para combatir la corrupción es difuso, especialmente considerando que la Secretaria de la Función Pública y su titular, encargados de detectar y castigar irregularidades internas, son parte del gabinete presidencial.
Dentro de la gama de opciones y soluciones para prevenir y disminuir cabalmente la corrupción, hay una herramienta efectiva que no debe dejarse de lado: las voces críticas que promueven tanto el derecho a la información que tenemos los ciudadanos como la libertad de expresión de todos.
Si queremos combatir la corrupción y los actos irregulares en el ejercicio del gasto público, las voces de este tipo, no deben silenciarse. Al contrario, hay que fomentarlas. Las investigaciones independientes sobre temas de interés público en nuestro país deben continuar, no parar. La fiscalización de los recursos públicos no debe ser chamba solo de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, hay otros actores relevantes e independientes que pueden contribuir también. De eso se trata la contraloría social. Los periodistas, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, académicos, investigadores, estudiantes, entre otros, son parte de estos contrapesos.
Por todo lo anterior y considerando la alarmante percepción de la corrupción en México, para Fundar resulta preocupante que se censuren voces como la de Carmen Aristegui y su equipo de investigaciones. En nuestro país, los cuestionamientos y la participación ciudadana sobre el ejercicio de los recursos deberían ser la regla, no la excepción. Las exigencias para que los gobernantes expliquen y rindan cuentas sobre sus acciones es parte de lo que implica ser un servidor público. Es válido preguntarles a los que controlan y deciden sobre el gasto público cómo se están invirtiendo los recursos. En qué se están gastando el dinero. Los espacios abiertos, libres e independientes del gobierno que opinen sobre el actuar gubernamental se requieren en nuestro país. La participación de la ciudadanía, llámense académicos, periodistas, organizaciones, es necesaria y es otra acción más para combatir la corrupción. En México, necesitamos más periodistas como Aristegui y su equipo, no menos.
