La Reforma Energética lanzada por el gobierno el pasado 12 de agosto presenta la explotación del gas shale (o gas de esquisto) como vía para aumentar la producción de gas natural en el país. Además, señala que dada la complejidad técnica que supone la extracción de este tipo de recursos no convencionales, es necesario permitir una mayor participación de las empresas privadas, a través de los denominados contratos de utilidad compartida, en la industria petrolera mexicana. De esta manera, el gas shale, junto con la explotación petrolera en aguas profundas, es presentado como la tabla de salvación ante la caída de la producción de hidrocarburos observada desde 2004. Como también lo fue, si lo recuerdan, el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG) durante la reforma energética impulsada por el gobierno de Felipe Calderón en 2008.
Ahora bien, los resultados de la explotación de los proyectos de aguas profundas y ATG en México no invitan al optimismo. Tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han publicado información que muestra los pobres resultados de estos proyectos en cuanto a su productividad y rentabilidad. Así, la ASF, en su informe de la cuenta pública de 2011, señala que, pese a que ATG había gastado 115.4% de los recursos previstos hasta 2011 (es decir, 15% más de lo planeado), su nivel de avance a este año era de tan sólo 63.9%. Además, datos de la CNH muestran que, aunque Pemex calculó en 2010 que el proyecto ATG estaría produciendo 265 millones de barriles diarios (mbd) en 2013, la realidad es que este año su nivel de producción es de 70.1 mbd. Por otro lado, en el caso de los proyectos de exploración en aguas profundas, la CNH ha señalado que 75% de ellos presentan una rentabilidad negativa. A la luz de estos resultados, cabe preguntarse cuál es la racionalidad detrás del entusiasmo del gobierno por la explotación de los hidrocarburos no convencionales.
Hablemos entonces del gas shale. Como señala un estudio de la Alianza Mexicana contra el Fracking, la industria gasífera de EEUU ha admitido que hasta 80% de los pozos perforados pueden resultar económicamente inviables. Esto se debe, por un lado, a los altos costos que esta perforación supone (de entre 12 y 15 millones de dólares), debido a la gran complejidad técnica de estos proyectos, ya que el gas se encuentra atrapado en rocas de lutita o pizarra a profundidades de entre 1,000 y 5,000 metros. Por ello, para permitir la salida del gas es necesario fracturar la roca con agua aplicada a gran presión, la cual viene mezclada con químicos y areniscas (técnica conocida como fractura hidráulica o fracking). Por otro lado, los bajos niveles de rentabilidad de estos proyectos está asociada a la alta tasa de declinación de los pozos, que se sitúa entre 29 y 52% y a la baja recuperación de gas, la cual es de entre 4.7 y 10% del total del gas que se encuentra en los pozos.
Además, la explotación del gas shale implica importantes e irreversibles afectaciones sociales y ambientales. El consumo de agua necesario para perforar un pozo es enorme, ya que supone el uso de entre 9 y 29 millones de litros para la perforación de un solo pozo. Además, el agua utilizada contiene más de 750 químicos: de los que 25% pueden causar cáncer y mutaciones, 37% afectar al sistema endocrino, 50% al sistema nervioso y el 40% causar alergias. Esta agua se filtra a acuíferos, como muestra el caso estadounidense donde se han documentado mil casos de contaminación de fuentes de agua. Todo ello pone en serio riesgo la garantía del derecho humano al agua, establecido en el artículo 4° de la Constitución mexicana.
Asimismo, el proceso de extracción del shale conlleva la emisión de gases a la atmósfera que afectan a la salud y contribuyen al cambio climático (como es el caso de las emisiones de metano, superiores en un 30% a las de los proyectos de gas natural tradicionales). Estos daños, en general, son asumidos por las personas y comunidades afectadas o por el Estado, y no entran dentro de los costos de los proyectos de extracción del shale. Es decir, la necesaria creación de regulación socioambiental que ayude a disminuir estos impactos supondría el encarecimiento de dichos proyectos y los haría simplemente inviables.
Toda esta información indica que la explotación de los hidrocarburos no convenciones en el futuro no es una opción para asegurar la provisión de energía de una manera sustentable y con pleno respeto de los derechos humanos y el medio ambiente. Más cuando existen opciones mucho más adecuadas para ello, como es el desarrollo de fuentes de energía limpia y renovable. Es necesario que desde la sociedad y el Poder Legislativo hagamos oír estos argumentos durante los debates de la Reforma Energética que tendrán lugar los próximos meses. Por ello, no dejen de asistir al Foro “Análisis de los impactos del Gas Shale“ que organizan la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Comisión de Desarrollo Sustentable de la Cámara de Diputados el próximo 25 de septiembre.
*Para más información sobre el gas shale y el fracking, dar clic aquí.
*Aroa de la Fuente
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