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Declaraciones patrimoniales: necesarias en el combate a la corrupción

En México, aunado a la crisis de derechos humanos, estamos atravesando un momento alarmante de corrupción e impunidad, lo cual ha generado una falta de credibilidad hacia el gobierno. El mismo Enrique Peña Nieto la semana pasada en una entrevista en Londres afirmó que observa una “sensación de incredulidad y desconfianza” en el país. ¡Menos mal que lo nota! Ocupamos el lugar 103 de 175 países en percepción de la corrupción, con calificación 35, en la escala en la que 0 es muy corrupto y 100 muy limpio. A la vez, la brecha de desigualdad en el país es de las más severas de la región de América Latina y el Caribe, ya que el 10% de la población mexicana con mayores ingresos recibe aproximadamente el 39.3% de los ingresos totales del país; mientras que el 10% de la población con menores ingresos obtiene solamente el 1.4% de los ingresos totales. Esta es la realidad que permite que la familia del presidente adquiera una casa valuada en 86 millones de pesos mientras que el 45.5% de la población vive en condiciones de pobreza.

Ejemplos de esta índole en la que la clase política se hace de bienes multimillonarios mientras desempeña cargos públicos hay muchos. Entre los más recientes está la escandalosa relación entre el Grupo Higa, Enrique Peña Nieto, su familia y otros funcionarios del gobierno federal, como el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, quienes tienen propiedades millonarias relacionadas con empresas de dicho Grupo. También, hace unas semanas el New York Times publicó una investigación sobre las millonarias casas que el exgobernador de Oaxaca, José Murat, y su familia tienen en Estados Unidos. Esto por mencionar algunos casos en el país, pues la lista es larga.

En este sentido, las declaraciones patrimoniales y de interés son instrumentos importantes para la transparencia y la rendición de cuentas. Por un lado, permiten conocer el estado financiero de los servidores públicos previo a que ocupen un determinado cargo. Por el otro, facilitan la identificación de los cambios en su situación patrimonial, lo que habilita la prevención y la detección de delitos asociados a la corrupción y al enriquecimiento ilícito. Las declaraciones patrimoniales contienen elementos para analizar las razones y motivaciones de los funcionarios, al involucrarse en algún asunto en particular; de modo tal que posibilite la evaluación de sus decisiones y la detección de casos de conflicto de interés.

En México las declaraciones patrimoniales de la mayoría de los servidores públicos no son públicas. Esto obstaculiza el escrutinio público, ya que la ciudadanía no cuenta con la información necesaria para monitorear a los funcionarios, además de que imposibilita contrastar los bienes y propiedades que estas personas tienen previo y posterior al desempeño de su cargo. Algunos de los argumentos en contra de hacer versiones públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores apelan a la privacidad. Sin embargo, es importante entender que al momento de tomar un cargo público, el ámbito privado de la persona cambia, por lo que es necesario que se asuman como los servidores públicos que son, con responsabilidades y obligaciones diferentes a las del resto de la ciudadanía.

Esta discusión, no se restringe solamente a México, ya que varios países tienen normas específicas en cuanto a las declaraciones patrimoniales e incluso hay Convenios y Tratados Internacionales en la materia, los cuales han sido suscritos por nuestro país. Por ejemplo, está la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), que México ratificó sin reservas, en la cual se establecen medidas que favorecen el enfoque preventivo y la ampliación de las formas de control para incluir la participación ciudadana y se concentra en la conducta de las y los servidores públicos para establecer límites en su desempeño. Asimismo está la Ley Modelo sobre Declaración de Ingresos, Pasivos y Activos, por parte de quienes desempeñan funciones públicas de la Organización de los Estados Americanos, la cual incluye la obligación específica de hacer públicas las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Ésta establece en su artículo 12 que cualquier ciudadano podrá acceder a la información contenida en las declaraciones presentadas por los funcionarios públicos con el objetivo de lograr la transparencia en las funciones públicas.

Es por ello que desde Fundar hemos promovido la apertura de este tipo de información en México. La manera de hacerla accesible públicamente puede variar: por ejemplo, en la iniciativa de la Ley General de Transparencia cuyo dictamen se aprobará – tentativamente – el próximo martes, se había propuesto la elaboración de versiones públicas de las declaraciones, conforme a lo estipulado en la ley correspondiente, es decir la de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos. Sin embargo, en el dictamen aprobado en comisiones la redacción se modificó para que también la publicación de estas versiones públicas se realice si el servidor público lo autoriza.

Por esa razón habilitamos una sección especial en nuestra plataforma Curul 501, de forma que los y las ciudadanas conozcan las preocupaciones principales sobre la Ley General de Transparencia y puedan expresar su opinión al respecto. La información pública es esencial para tener un gobierno más democrático y que responda a las necesidades de todas y todos. Conoce, vota y opina en: http://curul501.org/preocupacion/81-declaraciones-patrimoniales/

Mariana González

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle21557.html