“Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, “educación para decidir, aborto seguro para no morir”. Como cada 28 de septiembre, en muchas ciudades de nuestro país se escucha el fuerte retumbar de la batucada, del sonidero y de cantos al ritmo de consignas de muchas mujeres y personas gestantes que, por años, mantienen el mismo reclamo: el aborto no es un delito, es un derecho.
Por generaciones, movimientos de mujeres y activistas han luchado para el reconocimiento, acceso y protección del Estado de su derecho a decidir tener o no hijas e hijos, al aborto seguro, a contar con métodos anticonceptivos, a tener educación integral en sexualidad y a tratamientos contra enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, los datos demuestran que el camino para lograrlo aún es muy largo.
Según el Consejo Nacional de Población, el acceso a métodos anticonceptivos presenta aún una brecha importante en adolescentes, con mayor impacto en aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad –sin escolaridad, indígenas, en zonas rurales–. Tan sólo en 2023, la tasa de embarazo adolescente no planificado a nivel nacional fue de 50.6 nacimientos por cada mil adolescentes entre 15 y 19 años. Además, una de cada 10 mujeres sexualmente activas que no deseaban embarazarse no tuvieron acceso a algún método anticonceptivo y probablemente tampoco a su derecho a un aborto seguro.
Aunque México llegó a este 28S –día de acción global a favor del aborto– con 23 estados de la república que ya han despenalizado el aborto, el pasado domingo colectivas que tomaron las calles nos recordaron que quedan pendientes para lograr su implementación y su acceso. Por ejemplo:
- Persiste la criminalización para quienes deciden abortar. Diversas colectivas feministas denunciaron que, de enero a junio de 2025, se abrieron 522 carpetas de investigación por el delito de aborto [1].
- Falta infraestructura y más centros de aborto seguro. Aunque existen 223 servicios de aborto seguro en el país, estos se concentran en zonas urbanas, limitando su acceso a quienes viven en zonas rurales o alejadas [2].
- Persisten profesionales de la salud que alegan objeción de conciencia en los servicios públicos y que reproducen violencias de género. Lo anterior tiene como consecuencia que las mujeres vayan a lugares que no siempre tienen las condiciones necesarias o adecuadas. Muestra de ello es que entre las principales causas de muerte materna en México se encuentra el aborto [3].
- Faltan recursos públicos, los cuales no están aparejados con la despenalización. Para 2025 se destinaron sólo 57.3 millones de pesos para aborto seguro. Ese presupuesto sólo alcanzaría para destinar $ 1.69 pesos para garantizar el derecho a decidir a 34 millones de mujeres y personas gestantes sin seguridad social en todo el país. Además, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, el programa específico que garantiza el derecho al aborto sólo tendrá un aumento del 0.3 % en comparación con lo asignado en 2025 [4]. La insuficiencia de recursos presupuestarios también puede traducirse en escasez de insumos, personal capacitado y hasta de servicios básicos, como la luz y agua.
- Es necesario aumentar y dar seguimiento a la capacitación del personal de salud para que sea realmente especializado, sensibilizado y con perspectiva de género, lo contrario impacta en la confianza de quienes deciden ejercer su derecho al aborto.
- Se necesitan datos, estadísticas y acceso a la información desagregada sobre las intersecciones de las usuarias de estos servicios.
Garantizar el derecho al aborto no sólo requiere de seguir avanzando en su despenalización, sino de políticas públicas que aseguren acceso gratuito, seguro, sin estigmas y con respeto a las decisiones de las mujeres, así como de una asignación presupuestaria suficiente y progresiva que permita su implementación. Las demandas por el aborto seguro no son sólo del 28 de septiembre o el 08 de marzo, las mujeres en todas sus diversidades, personas gestantes, colectivas y organizaciones seguiremos manifestándonos, gritando, bailando y exigiendo condiciones hasta lograr que se ejerza de forma libre y sin miedo el derecho a decidir y que los derechos sexuales y reproductivos sean plenamente garantizados.
