Decía Friedrich Nietzsche que “las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son” y reflexiona que “lo que en las palabras se busca no es jamás la verdad, sino una expresión adecuada”[1]. De ahí devienen los conceptos, enraizados en ideas transformadas en palabra que, por su sola fonética, no necesariamente representan lo que significan. Situación similar pasa con la discursiva estatal acerca de los derechos humanos, al menos en México.
Desde 1992, el Gobierno mexicano creó –quizá impulsado por su interés en pertenecer a la OCDE y al TLCAN– la Dirección General de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, que de ser un órgano desconcentrado pasó a ser un órgano autónomo llamado Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde entonces el término se ha utilizado indistintamente por jefes de estado y servidores públicos como si se tratase de un requisito lingüístico de las supuestas sociedades democráticas modernas.
El concepto “derechos humanos” es noble, de difícil oposición directa. No obstante, quienes reivindican continuamente su esencia se exponen a las calumnias públicas. Ahí es donde el Estado se da cuenta que el término no le pertenece, que los derechos humanos son exigibles por la sociedad civil y que perjudican las relaciones de poder asimétricas de quienes supuestamente los garantizan. No hay otra forma de entender esta moda actual de criticar a quienes defienden derechos humanos; con vociferaciones públicas apoyadas en infografías grotescas y en columnas de opinión. Actualmente vivimos un tiempo de agresión estatal para la defensa real de los derechos humanos.
En su toma de posesión, los presidentes de México se han referido de distintas maneras al tema de la promoción y garantía de los derechos humanos. Ernesto Zedillo dijo que “[p]ara hacer frente a la extendida criminalidad, la frecuente violación a garantías individuales y derechos humanos y la grave inseguridad pública, emprenderemos una honda y genuina reforma a las instituciones encargadas de la procuración de justicia”. De la misma forma, al llegar al poder como primer presidente no priísta, Vicente Fox dijo que: “México no será ya más una referencia de descrédito en materia de derechos humanos, vamos a protegerlos como nunca, a respetarlos como nunca y a considerar una cultura que repudie cualquier violación y sancione a los culpables.” De la misma forma, Felipe Calderón en su primer discurso sostuvo que: “ presentaré (…) una iniciativa de reformas legales con el objeto de mejorar la procuración y la administración de justicia, aumentar las penas para quienes más agravian a la sociedad y para que las leyes sean instrumento que protejan los derechos de los ciudadanos y vías de impunidad para los criminales”. Y finalmente, Enrique Peña Nieto, al llegar a la presidencia en 2012 comentó que: “Trabajaré por un Gobierno eficaz que tenga un propósito fundamental: Hacer realidad los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución. Éste será un Gobierno al servicio de los derechos de todos los mexicanos.”
No obstante, y a pesar de esas palabras, los casos de violaciones graves a los derechos humanos en México no sólo no han sido resueltos sino que han aumentado significativamente. Organizaciones y personas defensoras de derechos humanos han podido documentar, con obstáculos gubernamentales y a veces de la sociedad y los medios de comunicación, múltiples casos de violaciones graves a los derechos humanos. Estas documentaciones son avaladas por organismos internacionales públicos que, en pleno uso de sus facultades aceptadas por el Estado mexicano, señalan las debilidades en materia de protección a estos derechos.
Por otro lado, el Estado mexicano rechaza continuamente todo señalamiento, argumentando errores metodológicos o, como suele decir: se trata de casos aislados. Yo me pregunto si los siguientes casos son aislados dentro de la política pública de derechos humanos en México:
Más de 300 asesinados en Tlatelolco en 1968; 120 asesinados en el Halconazo en 1971; 535 personas desaparecidas durante la Guerra Sucia; más de 600 perredistas asesinados de 1988 a la fecha; 17 campesinos muertos en Aguas Blancas en 1995; 45 indígenas tzotziles asesinados en Acteal en 1997; 11 asesinados en El Charco, en Guerrerro, en 1998; represión a centenares de personas en Guadalajara en 2004; represión a más de 350 personas en Atenco, incluyendo la tortura sexual a más de 40 mujeres en 2006; represión a cientos de personas en Oaxaca en 2006; medio centenar de mineros heridos en represión en Lázaro Cárdenas, Michoacán en 2006; 65 mineros no rescatados en Pasta de Conchos, Coahuila en 2006; 49 niños muertos en guardería ABC, en Hermosillo, Sonora en 2009; 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; 22 ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México, en 2014; 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero en 2014; 42 ejecuciones en Tanhuato, Michoacán, en 2015; 16 personas asesinadas en Apatzingán, Michoacán en 2015. A todo esto habría que sumar la cifra de más de 120 periodistas asesinados en los últimos 25 años; más de 200 ataques contra defensores de derechos humanos; más de 27 mil personas desaparecidas a la fecha en México, más de 50 mil personas ejecutadas de 2006 a la fecha, etcétera.
El Gobierno mexicano ha descalificado los señalamientos sobre la crisis generalizada de derechos humanos en México diciendo que “en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”. Retomando nuevamente a Nietzsche, éste cuestiona: “¿es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades?” No. Los casos concretos nos recuerdan que las palabras enunciadas por el gobierno, que pretenden ser verdad, no significan lo que dicen. De ahí la importancia de seguir trabajando verdaderamente por los derechos humanos en México, independientemente de los discursos, los premios gubernamentales o las guerras que se inventan en su nombre.
[1] Friedrich Nietzsche, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Obras Completas, vol. I, Ediciones Prestigio, Buenos Aires 1970, pp. 543-556.
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/fundar/2016/04/1/derechos-humanos-la-ilusion-de-las-palabras
