A principios de septiembre, como cada año, el Ejecutivo Federal presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. Este Paquete además de ser el primer presupuesto hecho íntegramente por la nueva administración federal, por lo que nos da más elementos para lectura política sobre cuáles son las verdaderas prioridades gubernamentales en distintas agendas, es también un reflejo de contrastes y contradicciones entre las agendas de desaparición y de seguridad pública que es preciso detenerse a observar.
El PPEF 2026 es el primer presupuesto que se hace sin negociar entre dos administraciones federales como lo fue el Presupuesto de Egresos 2025. Este hecho sucede también tras una serie de mesas de trabajo encabezadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que tuvieron como resultado la reforma a la Ley General en materia de Desaparición Forzada, cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda. La apuesta principal de esta reforma estuvo en la creación de la Plataforma Única de Identidad, en un paquete de reformas a otros marcos normativos que no fueron socializadas con la articulación de colectivos que participaron en las mesas, pero que impactaron en la normativa de la agenda de seguridad pública y de identidad en general.
Esto es relevante precisamente porque la administración federal actual ha sostenido una visión optimista de lo que sucede en la ocurrencia de delitos de alto impacto. Bajo esta óptica, la disminución paulatina, pero sostenida de diversos crímenes –principalmente homicidio doloso que descendió un 32 % de 2024 a 2025, y cuya tendencia a la baja se acredita desde 2020– plantea la pregunta sobre si los recursos hacia la seguridad pública pueden ir disminuyendo sin que eso signifique un abandono de la agenda.
De 2019 en adelante, las grandes ganadoras del presupuesto público fueron las Fuerzas Armadas. Esta tendencia comienza a modificarse, pero no le sigue un fortalecimiento del mando civil. La Secretaría de la Defensa Nacional tendrá +2.9 % para 2026 (contra aumentos de más del 120 % de 2023 a 2024, seguidos de una disminución del 40 % para 2025), mientras que la Guardia Nacional (que ya está en SEDENA formalmente) tendrá -56 % que en 2025. Por otro lado, en el ámbito civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá -22 % para 2026 y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Público de los Estados tendrá +4 % para 2026.
Es decir, la pregunta sobre el abandono o no de la agenda de seguridad pública es relevante dado que el PPEF 2026 nos muestra que existe una disminución generalizada –y mantenida– de los recursos para seguridad pública, tanto por mando civil, como militar, y que la mayor parte de los recursos muestran aún una prioridad en las fuerzas del orden a nivel federal y no local.
Existen diversos debates sobre la veracidad de estas cifras, pero lo cierto es que un análisis serio de los mismos revela que, si bien no hay evidencia tangible de manipulación, lo que sí observamos es una distinción política entre el manejo y atención de la crisis de desaparición y forense, en contraste con el presupuesto en materia de seguridad. Contrario a los datos sobre criminalidad definida como de alto impacto –homicidio doloso, robo con violencia, extorsión– en términos de desaparición vemos un aumento mantenido y cada vez más complejo de sus impactos. Existe un aumento y cronificación de desapariciones y crisis forense (más de 72 mil cuerpos a 2024 y casi 140 mil personas desaparecidas), además de que las brechas en el acceso a la justicia son cada vez mayores (900 causas penales vs. 10,706 casos de desaparición en 2023) y un constante aumento en el número de víctimas, que colapsa la capacidad de atención del Estado para la garantía de sus derechos. Muestra de ello es el aumento del 31 % en solicitudes de ingreso a Registros Estatal y Nacional de Víctimas de 2024 a 2025.
En contraste con estas cifras, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) tendrá $ 1,214 mdp en 2026, que son sólo $ 58.9 mdp más (+5%) que en 2025. 1 Este aumento no es generalizado en la Comisión, pues representa +20 % para el mandato federal de la CNB, y -0.7 % menor para los subsidios para las Comisiones Locales de Búsqueda. Aún con el aumento, los recursos que tendrá la CNB en 2026 ($ 325.6 mdp) no llegan aún a los niveles de 2024 ($ 326 mdp), 2023 ($ 330 mdp), ni menos aún de 2019 ($ 355 mdp).
Por otro lado, en la Fiscalía General de la República, el Centro Federal Pericial Forense tendrá +6.5 % más de recursos para 2026 ($ 102.6 mdp más que en 2025), mientras que tiene un recorte significativo del -43.1 % en su Unidad de Especialidades Médico Forenses, la cual reduce su ya de por sí poco presupuesto de $12.2 mdp en 2025 a $ 8.5 mdp de pesos en 2026. La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos tiene un aumento del +15.1 % respecto de 2025. La Fiscalía Especializada en los Delitos de Desaparición Forzada tendrá +3.7 % para 2026. Esto revierte la tendencia a la baja del -0.8 % y del -1.7 % para 2025.
En términos de la crisis forense, los recursos para atenderla vienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), de los Subsidios de la CNB y de la FGR. El último aumento identificable de cuerpos sin identificar (INEGI, 2025) marca un aumento de +5.4 % de cuerpos entre 2023 y 2024 (el aumento del año anterior fue del +40 %). Esta tendencia no es proporcional al aumento presupuestal: +4 % en FASP, -0.7 % en Subsidios y +6.5 % en FGR –Centro Pericial Forense– y -43 % en FGR–Médico/Forense–.
El único espacio donde observamos aumentos importantes es para el diseño de la Plataforma Única de Identidad, pero estos recursos no están dentro de las autoridades de búsqueda e investigación (no están en CNB, FGR o incluso el RENAPO), sino sólo en las instancias encargadas de la construcción de la infraestructura informática: en la Agencia Digital de Transformación Digital, que tendrá +18.1% para 2026, ($ 697.6 mdp más que en 2025) y un 80 % más de recursos para la Dirección General Jurídica, Cumplimiento Normativo y Gobernanza Tecnológica.
Al observar los datos sobre el PPEF 2026, existe un contraste severo entre la disminución de recursos para seguridad pública y el poco impulso presupuestario para la política pública de atención a la desaparición y la crisis forense. Esto es así porque la política pública en materia de seguridad se diseña con base en la incidencia delictiva “tradicional”, que no contempla la complejidad de fenómenos como la desaparición en México. Adicional a esto, la desaparición y la crisis forense son problemas complejos y crónicos: entre menos efectiva es la acción en el primer momento, más difícil es de atender a la larga.
Por ello, no basta con incentivar que haya más recursos para instituciones en lo individual, sino que es necesario transformar la visión tradicional sobre la incidencia delictiva en nuestro país e incorporar a la desaparición como resultado de un fenómeno macrocriminal complejo. Esto no es sólo una lectura política que da elementos de contexto para la actuación de las instituciones en campo, sino que implica la transformación de las fórmulas presupuestarias en fondos como el FASP o la inclusión de variables como la cifra negra en los cálculos demográficos sobre la magnitud de las desapariciones en diferentes regiones del país, así como la articulación del marco programático y presupuestario que tiene parte en la atención de las desapariciones, las víctimas y la crisis forense como fenómenos imbricados.
No hay atajos políticos para la atención frontal de los problemas públicos en un país donde no dejan de desaparecer personas. Ni la administración de las víctimas ni la compartimentalización de las agendas lograrán una política pública que permita que todas las personas vuelvan a casa.
