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Diez acciones que el gobierno podría hacer contra la corrupción

México pasa por una situación crítica, cada año se evidencian irregularidades por miles de millones de pesos que no se reflejan en sanciones administrativas ni penales; se documentan graves violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por servidores públicos, los cuales alcanzaron su punto más álgido con las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Aunado a eso están los escándalos recientes por los excesos relacionados con la transmisión de propiedades millonarias que un contratista, beneficiado con la adjudicación de importantísimos proyectos de infraestructura, hizo al Presidente, su esposa y el Secretario de Hacienda. Excesos alarmantes ante la desigualdad del país y la precaria situación de los ingresos de la población.

En una democracia medianamente funcional estos hechos hubieran provocado la renuncia del mandatario y la inmediata investigación de éste y sus colaboradores. Todo este escenario pone al desnudo el lamentable nivel de impunidad y corrupción que existe en México y la improrrogable acción legislativa que se requiere para afrontar la corrupción. A continuación describo 10 puntos que en mi opinión deben atenderse en el combate de ese terrible lastre:

1. Crear un mismo lenguaje en todo el país, es decir, homologar obligaciones de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, evaluación, participación ciudadana, responsabilidad administrativa, penal, y mecanismos e instancias de sanción en todos los estados y la federación.

2. Analizar rigurosamente el camino que siguen los recursos públicos a efecto de cerrar espacios a irregularidades. Identificar dónde se dan los actos más recurrentes de corrupción como: la contratación de obras y servicios a particulares, o la subrogación de funciones públicas a éstos; los procesos de adjudicación directa e invitaciones restringidas; las obras de infraestructura a largo plazo sin suficientes controles; el manejo discrecional de recursos públicos en fideicomisos y demás operaciones de banca y crédito, la contratación de deuda pública por parte de gobiernos estatales así como la falta de independencia de las instancias sancionatorias a nivel administrativo y penal.

3. Implementar un sistema de participación y planeación democrática. Garantizar la participación, la consulta y la denuncia ciudadana en la elaboración de políticas públicas, que la ley nos permita a los ciudadanos auditar y citar a comparecer a los ejecutores del gasto, así como iniciar procesos en su contra, que se garanticen procesos justos que puedan desembocar en destituciones y sanciones penales o administrativas. Que las consultas ciudadanas no tengan límites ni filtros por parte de la Suprema Corte y se pueda consultar incluso la revocación del mandato presidencial.

4. Acabar con figuras que fomentan la impunidad y los malos manejos de recursos públicos. Eliminar el fuero político, el secreto fiscal, el secreto bancario cuando se trate de recursos públicos o afectaciones al erario, obligar la publicidad de las declaraciones patrimoniales, para esto es indispensable que las instituciones sancionatorias se fortalezcan e independicen del poder ejecutivo.

5.Fomentar la ética y el profesionalismo de los funcionarios públicos. A la par que se dignifiquen los salarios, las funciones y la formación de los burócratas, policías, militares y demás personal de seguridad pública y se sancione severamente el abuso de poder.

6. Contar con un sistema de monitoreo del gasto público en todo el país, un sistema abierto y amigable, con mecanismos de transparencia efectiva que nos permita conocer en tiempo real y georreferenciado el destino del gasto y el avance de los planes y proyectos de gobierno.

7.Crear estrategias coordinadas entre las instancias de prevención, investigación y sanción de combate a la corrupción¸ el pretender crear una Comisión Nacional de Combate a la Corrupción, de forma aislada ajena al complejo contexto que genera ese fenómeno, es un despropósito. Se requieren sistemas de fiscalización y control coordinados en todas las esferas y órdenes gubernamentales.

8. Analizar diversos escenarios de legalización de drogas. Se mueven cientos de miles de millones dentro de un mercado ilegal, este dinero corrompe funcionarios, policías y aduanas, genera conflictos entre grupos que buscan el control criminal de dichos mercados. Aunado a esto, Estados Unidos mantiene una política creciente de legalización que nos obliga a revisar la pertinencia de sostener guerras interminables y estériles que terminan por matar o corromper a tanto a la población como a los servidores públicos.

9. Blindar a las instancias de investigación, sanción y prevención de actos de corrupción de ser manipuladas por los gobernantes. Que el Presidente, los legisladores, gobernadores, presidentes municipales y sus gabinetes, estén ajenos al funcionamiento y operación de las instancias de combate a la corrupción. Estas de deben ser autónomas completamente.

10. Establecer esquemas de selección de candidatos a puestos de elección popular y de funcionarios públicos de alto nivel. Que los institutos electorales, tribunales y partidos políticos establezcan mecanismos que permitan seleccionar candidatos a puestos públicos con probada honorabilidad, que se establezcan rigurosos mecanismos de selección que arrojen resultados sobre la ética, el profesionalismo, el conocimiento e incluso el estado mental de los aspirantes.

Con estas 10 acciones podríamos empezar a desmantelar el sistema de fomento a la corrupción que actualmente opera y comenzar a pensar en un combate efectivo y sin simulaciones de este gravísimo problema.

Óscar Arredondo

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle21290.html