El 7 de mayo de 2008, en el marco de la denominada “Reforma Hacendaria por los que menos tienen”, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 134 constitucional en materia de gasto público y fiscalización que obliga a los tres órdenes de gobierno a evaluar los resultados del gasto público, y administrarlo bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Sin duda, hay que reconocer los esfuerzos realizados en México durante estos últimos años para elevar la calidad del gasto gubernamental, al sujetar sus resultados a mediciones puntuales con base en indicadores objetivos y a rendir cada día mejores cuentas a los ciudadanos. Sin embargo, la forma en la que se han adoptado las nuevas figuras de control y evaluación aún no resuelven uno de los retos más importantes de la administración pública: el incremento progresivo de los presupuestos.
En el Presupuesto de Egresos de 2009 se incorporaron dos nuevos elementos de control y evaluación del gasto, el primero denominado Presupuesto basado en Resultados (PbR) y, el segundo, llamado Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Las ventajas del Presupuesto de ese año fueron los nuevos y mejores indicadores derivados del SED, una mejor alineación y consistencia con el Plan Nacional de Desarrollo, una estrategia con medidas concretas de austeridad y la disciplina para generar ahorros y hacer más eficiente el quehacer de la administración pública.
Sin embargo, en 2009, la crisis económica mundial, la epidemia de influenza (AH1N1) que paralizó al país y el incremento de la violencia distorsionaron lo que pudiera ser un juicio justo sobre las virtudes o deficiencias de la reforma. En el ejercicio del 2010, los nuevos esquemas de control y evaluación deberían haber arrojado resultados positivos en el desempeño institucional y el ahorro de recursos. Ese año, por ejemplo, fueron los festejos del Bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, y los tres poderes de la Unión contaron con recursos especiales para la realización de eventos, elaboraron productos conmemorativos y crearon espacios históricos y culturales relacionados con las fiestas patrias. Ahí están para el análisis los gastos que se hicieron en las celebraciones del Bicentenario; en teoría todos ellos ya apegados a una metodología basada en resultados y con indicadores de la evaluación del desempeño tal y como impone la Constitución. No obstante, en la práctica dichos gastos se ejercieron al margen de una instrumentación adecuada del PbR y el SED. De otra forma, el manejo de los recursos destinados para ese fin no hubiera causado reacciones tan criticas en los medios y los foros de opinión.
En 2011 y para 2012, varias entidades paraestatales y dependencias de los tres poderes y órganos autónomos solicitaron, y les fue aprobado, un presupuesto mayor al del ejercicio fiscal anterior. Este incremento no lo justifican las festividades del Bicentenario, ni las medidas extremas de higiene y salubridad que se toman ante una eventual epidemia. El argumento real es que para el adecuado funcionamiento de las instituciones se requiere hacer ajustes de acuerdo a los índices de inflación. Ahora bien, al considerar que los incrementos están ligados a un sistema de evaluación del desempeño y que su presupuesto está basado en resultados, dichos aumentos tienden a autorizarse porque cumplen con los requisitos que fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cumplir con el SED y el PbR corre el riesgo de convertirse en una dinámica basada más en trámites y procesos que en análisis exhaustivos de qué tanto se están aprovechando los insumos y recursos de las dependencias para cumplir con sus objetivos. Esto a fin de determinar un presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones, el cual no necesariamente tendría que incrementarse.
No es difícil pensar que el hecho de fiscalizar el desempeño y ligarlo al presupuesto puede promover la simulación, las formulas y los juegos de palabras a fin de dar cumplimiento a los requisitos burocráticos del SED. Las dependencias y entidades prefieren sujetarse a indicadores fáciles de alcanzar, maquillar resultados o plantearlos de forma ambigua.
Es un error dar por hecho que el gasto se ejecuta de forma eficiente, eficaz, transparente, con austeridad y honradez para generar ahorros sólo por estar sujetos al SED y demostrar resultados relacionados con las metas que ellos mismos se imponen. De esa manera, únicamente se mantiene una inercia de seguir incrementando los gastos año con año. El espíritu de la norma constitucional es contrario a lo que sucede en la realidad: lo que busca la reforma es gastar lo justo, lo estrictamente necesario, hacer más con menos. No está estipulado en el 134 constitucional que los sujetos obligados, las unidades responsables, deban justificar su gasto para pedir más.
Existe una tendencia casi automática de asumir que el gasto debe aumentar cada año de manera inercial; sin embargo, la causas que pudieran justificar los primeros incrementos se diluyen con el tiempo y se va normalizando la práctica de solicitar más recursos. Un sistema de evaluación del desempeño debe privilegiar los ahorros y las políticas de austeridad; centrarse en verificar el desempeño a partir de instrumentos de medición no ha sido suficiente. Es indispensable que se fijen prioridades, que se reduzcan las estructuras, los gastos superfluos e innecesarios, y que se revisen a fondo cada periodo los requerimientos de los solicitantes de recursos públicos federales. De otra forma, sólo basta con decir cómo se gasta para contar con más dinero.
Oscar Arredondo Pico
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle15313.html
