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¿Dónde están las prioridades del INM?

Esta semana el presidente Obama visitará México y es muy probable que el tema de la reforma migratoria esté en boca de todos, en ambos lados de la frontera. Si llegara a aprobarse una reforma migratoria justa y humana en Estados Unidos, seguramente quedarán muchos asuntos que resolver. Será necesario entonces un gran esfuerzo para revertir viejas prácticas y vigilar su correcta aplicación. Ante esta coyuntura, es importante vigilar la aplicación de nuestra propia reforma migratoria (de 2011 y 2012) con la nueva Ley en la materia y su reglamento.

En el caso de México, la política migratoria es coordinada por la Secretaría de Gobernación e implementada por el Instituto Nacional de Migración (INM). Pues bien, con el objetivo de detectar cuántos recursos se destinaron a la protección de migrantes, Fundar detectó cuáles eran las prioridades en el presupuesto del INM en 2011 (el año de nuestra propia reforma migratoria olvidada) a través del análisis de la distribución del gasto de este instituto.

El estudio “Una mirada al presupuesto del Instituto Nacional de Migración: ¿Dónde estuvieron sus prioridades durante 2011?”, realizado en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, revela que el INM destinó 82% de su presupuesto total a actividades de gestión y control migratorio. Es decir, a actividades como la revisión de documentos y la inspección de medios de transporte con el fin de verificar el estatus migratorio de las personas (para canalizar la mayoría al procedimiento de deportación en caso de que no cuenten con la documentación correspondiente). Sólo 1% del presupuesto se destinó directamente a migrantes; es decir, a servicios de primera necesidad como alimentos y víveres.

Por su parte, los montos canalizados a operar programas de protección a migrantes (el Programa Paisano, el Programa de Repatriación Humana, los Grupos Beta de Protección a Migrantes y los Oficiales de Protección a la Infancia) equivalen al 11%. El 6% restante se canalizó a estaciones migratorias y retornos asistidos.

¿Qué nos dice esto sobre las prioridades del INM? Claramente, que el control y la gestión migratoria son más importantes que la protección de derechos y las necesidades básicas de las y los migrantes. ¿Y porqué es importante destinar recursos a la protección de migrantes? Porque existen innumerables informes tanto nacionales como internacionales que dan cuenta de las violaciones a derechos humanos que sufren las y los migrantes en México. La Ley de Migración de 2011 define a los migrantes como sujetos de derechos, pero no sin controversias. Todavía persiste la vinculación de la migración con el tema de seguridad nacional, algo que deja claro el análisis de Fundar sobre el presupuesto del INM.

Vale la pena recordar que los principios de la Ley de Migración expresan el respeto irrestricto a los derechos humanos, congruencia entre la manera en que el Estado vigile por los derechos de los mexicanos en el exterior y los extranjeros en México, un enfoque integral, responsabilidad compartida, entre otros. El análisis del presupuesto del INM desde una óptica de derechos humanos es una buena manera para conocer los esfuerzos del gobierno para garantizar estos principios. Porque sin presupuesto, las políticas son sólo declaraciones de buenas intenciones.

Queda pendiente la identificación de recursos de otras dependencias de la administración pública federal para la protección de migrantes, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia, entre otras. Para hacer esto posible, Fundar propuso crear un Anexo para Migrantes en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Este anexo transversal es una herramienta que permitirá identificar el presupuesto destinado a migrantes en toda la administración pública federal; el cual es imposible conocer actualmente.

El estudio de Fundar se presentó en el marco del foro-conversatorio “Hacia un Programa Nacional de Migración: presupuesto para una política migratoria de Estado”. Rodolfo Córdova, investigador de esta organización, expresó en este evento que los resultados podrán ser la base para definir un presupuesto mínimo para garantizar los derechos de las y los migrantes. Funcionarios de la Secretaria de Gobernación, el INM y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público mostraron su interés en colaborar en el marco del futuro Programa Nacional de Migración. Ojalá que este compromiso de las autoridades no sea solamente declaraciones de buenas intenciones y se vea reflejadas en la asignación de presupuesto para garantizar los derechos humanos de las y los migrantes.

José Knippen

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle18320.html