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Ejecuciones extrajudiciales: Práctica recurrente en México

El 30 de junio de 2014, Clara Gómez se encontraba dentro de una bodega en San Pedro Limón, Tlatlaya. En la misma bodega estaba un grupo armado, su hija Erika de 15 años y otras personas más, a las que el grupo había secuestrado. Después de meses de buscar a su hija Erika, quien había desaparecido en febrero de ese año , Clara, por fin se había reencontrado con ella horas antes y estaban juntas, aunque privadas de su libertad, en esa oscura bodega.

En la madrugada de ese mismo 30 de junio, el 102 Batallón de Infantería formado por 8 militares cercó la bodega y ocurrió un enfrentamiento. De acuerdo con diversos testimonios y con la Recomendación 51/2014, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una vez que el ejército tomó el control de la bodega, los militares privaron arbitrariamente de su vida al menos a 12 personas que estaban vivas, rendidas o heridas. Una de ellas era Erika, su hija. La misma Recomendación señala que, a la mayoría de éstas, fueron sacándolas una por una, las obligaron a hincarse, a decir su nombre, apodo, ocupación y les dispararon. Aunque los militares alteraron la escena para que no quedara rastro de lo acontecido, moviendo varios cuerpos de lugar y colocándoles armas, gracias al testimonio de Clara, quien es una de las tres sobrevivientes, se ha podido reconstruir lo acontecido en Tlatlaya y el gobierno ha aceptado la responsabilidad del ejército mexicano en la ejecución extrajudicial de estas personas.

Es importante aclarar que, desafortunadamente, casos como el de Tlatlaya, forman parte de un grave patrón de ejecuciones extrajudiciales que prevalece y que pone en evidencia que el derecho fundamental a la vida no está garantizado en nuestro país. En este contexto, el 20 de octubre de este año, en audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones mexicanas e internacionales, incluida Fundar, Centro de Análisis e Investigación expusieron el patrón de ejecuciones extrajudiciales que tienen lugar en México. Este patrón consiste en que las fuerzas de seguridad pública en nuestro país ejecutan a personas civiles sin justificación y sin apego a estándares de derechos humanos; posteriormente los criminalizan, presentándolos como delincuentes que murieron en un enfrentamiento.

Dado que no hay investigaciones adecuadas de los hechos, éstos nunca se esclarecen, no se fincan responsabilidades y las víctimas y las familias de éstas no obtienen justicia ni el derecho a conocer la verdad sobre lo acontecido.

Las organizaciones también señalaron que existen factores estructurales en nuestro país que permiten esta práctica, como la impunidad que ha prevalecido por décadas, el encubrimiento de estos hechos, la falta de prácticas adecuadas de investigación y la creciente militarización de la seguridad pública; todos, elementos que se ejemplifican con el caso de Tlatlaya y muchos otros más acontecidos en los últimos años.

Esta creciente problemática se ve confirmada por las propias cifras oficiales. De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar), más de 4 mil civiles fallecieron a manos de las fuerzas armadas entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014. Los índices de letalidad y violencia excesiva se ejemplifican también con el hecho de que más de 10 o 15 civiles mueren por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos.

Finalmente, las organizaciones plantearon algunas acciones prioritarias para erradicar esta práctica que vulnera los derechos humanos de todos y todas las mexicanas y que afecta también a las familias de aquellos y aquellas personas ejecutadas extrajudicialmente, quienes no encuentran justicia ni verdad. Clara es una de estas familias afectadas, que vivió en carne propia los estragos de las ejecuciones extrajudiciales además de la tortura infringida en su persona; hoy dice “no ser la misma, ha roto el silencio y está con la frente en alto y dispuesta a ir con todo y a lo que venga”.

Lo único que pide es justicia por lo que le hicieron a su hija Erika. Desde Fundar, exigimos lo mismo, justicia y fin al patrón de ejecuciones extrajudiciales prevalente.

El Informe de la Audiencia de Ejecuciones Extrajudiciales ante la CIDH, donde pueden revisarse las acciones prioritarias propuestas por las organizaciones, puede ser consultado en el siguiente link:https://es.scribd.com/doc/286250329/151020-Informe-Audiencia-Ejecuciones-Extrajudiciales-en-Me-xico

Janet Oropeza
http://www.publimetro.com.mx/trapitos-al-sol/ejecuciones-extrajudiciales-practica-recurrente-en-mexico/moke!pEpuvmBmLgGPI/