La publicidad oficial se refiere a los espacios que los gobiernos compran a los medios de comunicación para anunciar acciones y publicitar sus decisiones. Idealmente estos espacios tienen como objetivo proporcionar a la población información útil sobre programas, becas, trámites, campañas de salud o informar sobre acciones realizadas por los gobiernos que tienen beneficio sobre la ciudadanía.
Desde 2011 Fundar y Artículo 19 comenzaron a analizar el gasto en publicidad oficial, y se ha logrado identificar espacios de opacidad, amplia discrecionalidad y despilfarros en el ejercicio del gasto realizado tanto por el gobierno federal como los gobiernos estatales.
A lo largo de los últimos cuatro años, el Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas ha demostrado que mucha información relacionada con el ejercicio del gasto se oculta o es inexistente, impidiendo de esta forma conocer la racionalidad detrás del mismo. Con ello no sabemos si las cantidades destinadas a este rubro son justificadas o responden al capricho de los gobernantes o intereses ajenos a la población.
Cada año, para la elaboración del Índice de Publicidad Oficial, se realizan solicitudes de acceso a la información tanto al gobierno federal como a las 32 entidades federativas, con el propósito de conocer la información presupuestaria que dé cuenta de la cantidad aprobada y el presupuesto ejercido para publicidad oficial, así como los montos totales destinados a cada tipo de medio de comunicación (radio, televisión, prensa escrita, etc.) y los montos por proveedor y concepto del gasto o campaña de comunicación.
La información solicitada es la mínima necesaria para comprender la racionalidad detrás del gasto en publicidad oficial; sin embargo, en la mayoría de los estados es imposible conocerla toda. La opacidad detrás del ejercicio del gasto en este rubro sigue siendo la regla y por ello se encuentra fuera del escrutinio público.
Aun con la poca información que los gobiernos han entregado, el Índice ha identificado un aumento considerable en el ejercicio presupuestario desde 2011, fecha en la que comenzó a medirse. En el último informe sobre el gobierno federal, se muestra cómo en los dos primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto se han gastado 10 mil millones de pesos, cifra récord que evidencia los excesos de esta administración.
Otro de los hallazgos relevantes a lo largo de los cuatro años del Índice es el sobre ejercicio del gasto, es decir, la tendencia es gastar más de lo aprobado por el poder legislativo. Tan sólo el gobierno federal para 2014 gastó 48% más de lo aprobado por la Cámara de Diputados.
El presupuesto público ejercido debe leerse como un indicador de las prioridades de un país. A mayor gasto, mayor prioridad del tema en la agenda pública, según las consideraciones de los gobiernos. Es por ello que, ante los diferentes problemas que atraviesa México -con una continuada crisis de seguridad y aumento considerable de pobreza-, es indefendible que la publicidad oficial sea una prioridad de los gobiernos.
La falta de regulación en el gasto en publicidad oficial es evidente, la necesidad de controlarlo parece inmediata en un momento en donde los ingresos del país se han visto severamente afectados y se ha apostado, al menos de manera discursiva, por una política de austeridad.
Y ante este escenario, ¿por qué los gobiernos parecen no saberse controlar en cuanto al gasto en publicidad oficial? Las posibles respuestas son varias, pero al menos dos parecen ser más claras.
La primera es que la publicidad oficial constantemente se utiliza como propaganda gubernamental, en donde se hace hincapié en los logros del gobierno en turno. El principal objetivo de este abuso de la publicidad oficial es resaltar la imagen del gobernador y su partido político para incidir en la opinión pública a la hora de tomar decisiones electorales.
La segunda respuesta es que se ha usado como herramienta de censura indirecta. Esto es que, el gasto al estar dirigido a la compra de espacios en medios de comunicación -y dado que diversos medios se sostienen exclusivamente de la publicidad oficial-, se utiliza como un mecanismo de presión a la prensa, limitando o nulificando la libertad de expresión. Como lo dijera hace tiempo José López Portillo, los gobiernos no pagan para que les peguen.
La vigencia del monitoreo de la publicidad oficial es evidente en un momento en el que se está buscando reducir el despilfarro de los gobiernos y, sobre todo, cuando se debate la construcción de la confianza en las instituciones ante mostrados casos de corrupción en el país.
El próximo 26 de agosto se presentará la cuarta edición del Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas, trayendo a la mesa de discusión la importancia de continuar construyendo legitimidad en los gobiernos mediante la mayor apertura de la información relacionada con el ejercicio del gasto en la materia, misma que permita conocer la racionalidad detrás del gasto y sea la población quien juzgue su pertinencia.
Los avances en materia de transparencia van más allá de las leyes, es momento de poner más énfasis en las prácticas de los gobiernos, es momento de regular la publicidad oficial.
