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El derecho a no ser arrollado por “el desarrollo”

Como se habrán dado cuenta, un tema recurrente del que se escucha hablar en los medios de comunicación es el de los conflictos sociales generados por el desarrollo de grandes obras de infraestructura y megaproyectos. Los complejos turísticos, la construcción de carreteras y grandes hidroeléctricas, los proyectos de extracción de minerales a cielo abierto, la explotación petrolera tradicional o a través de nuevo métodos como la fractura hidráulica (fracking) e incluso proyectos de energías renovables mal planificados, generan todos un fuerte rechazo social derivado de las violaciones a derechos humanos que suponen.

Ejemplos de este tipo de conflictos hay muchos y van aumentando cada día debido a la fuerte apuesta del gobierno mexicano por este tipo de proyectos. El asunto central es que los beneficios de estos megaproyectos llegan a unas pocas manos y los daños los sufren cada vez más personas. Así ocurre en la Sierra Norte de Puebla, donde la empresa Frisco de Carlos Slim quiere establecer una mina a cielo abierto en el municipio de Tetela de Ocampo pese a la oposición de la población de la zona. Además, para proveer de energía a este y otros proyectos mineros, Grupo México está planeando construir cinco hidroeléctricas.

Otro ejemplo es la construcción del Acueducto Independencia para trasvasar agua del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo en Sonora, lo que tendría impactos sobre el uso del agua por parte del pueblo Yaqui. También está el caso del proyecto eólico de Mareña Renovables en el Istmo de Tehauantepec en Oaxaca, donde tras una serie de irregularidades cometidas por esta empresa, los pueblos indígenas de la región decidieron oponerse al proyecto por los daños que les ocasionaría y los nulos beneficios que les supondría. Y no hay que olvidar los casos asociados a la industria petrolera, como es el de la comunidad de Los Aguilares en Tabasco. Esta comunidad se vio afectada por el depósito ilegal (no contaba con los permisos municipales de uso de suelo ni con una Evaluación de Impacto Ambiental) de lodos tóxicos procedentes de la perforación de pozos para la extracción de petróleo por parte de una empresa subcontratada por Petróleos Mexicanos (PEMEX).

En la base de estos conflictos está la falta mecanismos efectivos para la participación de la población en la toma de decisiones sobre proyectos que afectan sus tierras y su forma de vida. Especialmente en el caso de los pueblos indígenas, ya que los proyectos ponen en riesgo su supervivencia física y cultural. Y aquí vale la pena recordar que tanto la legislación internacional como la nacional establecen su derecho a ser consultados sobre los proyectos que afectan sus tierras, territorios y recursos naturales.

En México, el único instrumento federal que evalúa los daños de este tipo de desarrollo y contempla cierta participación es el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Sin embargo, el PEIA presenta serias limitaciones que impiden que se convierta en una herramienta efectiva para evitar las fuertes afectaciones socioambientales asociadas a este tipo de proyectos. Por un lado, no contempla la evaluación de sus impactos sociales y en los ambientales sólo toma en cuenta a los afectados directos (es decir, en el caso de la construcción de una presa no evaluaría cómo se ven afectadas las personas que viven río abajo). Por otro lado, los mecanismos de transparencia, acceso a la información y participación que contempla el PEIA son insuficientes y no garantizan una toma de decisiones que tome en consideración las opiniones y posiciones de la población. Ejemplos de ello son que la información sobre los proyectos solamente se publica en la Gaceta Ecológica en la página web de la SEMARNAT (lo que limita su acceso a una buena parte de la gente) y que dar inicio a la consulta pública es una decisión que queda a discreción de esta dependencia (toda vez que la solicitud por parte de la población puede ser negada). Además, este instrumento no contempla ninguna medida para asegura la consulta cuando los proyectos afectan a pueblos indígenas.

Por estas razones, en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y en Fundar creemos que es necesaria una modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de Evaluación de Impacto Ambiental para fortalecer este mecanismo. Ello, sin lugar a dudas, tendría un efecto positivo para evitar violaciones de derechos humanos a través de la participación de la población en la definición del tipo de desarrollo que quieren en sus territorios. Si les interesa apoyar esta iniciativa y defender nuestro derecho a participar, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

*Aroa de la Fuente

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle19537.html