El 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala fueron privados de la vida los estudiantes de la normal rural “Raul Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Ramírez Nava y Julio Cesar Mondragón Fontes, así como David Josué, jugador de futbol, y otras dos personas. Además, otros 43 estudiantes de la normal fueron desaparecidos. En los hechos participaron efectivos de la policía municipal de Iguala. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, denunció en su momento que la búsqueda de los estudiantes no se estaba realizando con la debida diligencia.
El sábado 3 de octubre, una semana después de la desaparición de los 43 estudiantes, después de que varias notas circularon en las redes sociales, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y el procurador, Iñaky Blanco Cabrera, confirmaron que en distintas colonias de Iguala se habían localizado varias fosas clandestinas, cuyas excavaciones pusieron al descubierto restos de cuerpos calcinados.
No sabemos aún de quiénes son estos cuerpos. Por ello, nos sumamos a las voces de la sociedad civil para exigir que se realice una investigación expedita e imparcial para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, que se garantice el derecho de los familiares y la sociedad a la verdad y la justicia. En este sentido, exigimos a la Procuraduría General de la República (PGR) que el proceso de identificación forense se lleve a cabo dentro de los más altos estándares científicos y dentro de un marco de respeto a los derechos de las víctimas, en particular del derecho de los familiares a ser informados del estado de las investigaciones, y evitar así su revictimización cuando se enteran de los avances por los medios de comunicación.
Estos hechos violentos nos conmocionan como sociedad, nos hacen tambalear, perder nuestras referencias, pues cuesta mucho trabajo a la mente y al cuerpo procesar y digerir tanta violencia. Porque ya es mucha; y se va acumulando. Por eso, es importante mantener la cabeza fría y leer estos acontecimientos de Iguala en el contexto de Guerrero, y en el contexto más específico de la lucha política de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, es un símbolo de las luchas democráticas en el Estado y en el país. Es una institución que cobija a las juventudes marginadas del campo y la ciudad, que alimenta el espíritu emancipador para educar en la libertad, en la justicia y la democracia. Desde esta alma mater se ha esparcido el conocimiento con los maestros que han egresado y que en sus centros educativos han continuado con la lucha por una educación comprometida con los más olvidados.
Sin embargo, en diciembre de 2011, en una manifestación en Chilpancingo para pedir el cumplimiento de su pliego petitorio, fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad y dos de sus compañeros, Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Hernández, fueron ejecutados extrajudicialmente.
En este contexto, los eventos de estas últimas dos semanas en Iguala, la orden de detención emitida por la policía municipal, la apertura del fuego en contra de los autobuses que transportaban a los estudiantes, las ejecuciones extrajudiciales de Daniel Solís Gallardo, Julio Cesar Ramírez Nava y Julio Cesar Mondragón Fontes, la detención y desaparición de otros 43 estudiantes, representan claramente una nueva etapa en el conflicto político entre la Normal y el Estado.
Hasta no ser plenamente identificados los cuerpos encontrados el sábado 4 de octubre en las fosas del municipio de Iguala, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa siguen desaparecidos y seguiremos exigiendo a las autoridades presentarlos con vida.
¡Verdad y justicia para Ayotzinapa!
http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2014/10/08/el-estado-barbaro-y-la-justicia/
