Search
Close this search box.

El Estado Mexicano a revisión: seguimiento al cumplimiento del 9º Informe ante la CEDAW

Cedaw2Foto: AdobeStock

Diversas organizaciones de la sociedad civil, así como instituciones de educación superior y tomadoras de decisiones interesadas en la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos de las mujeres, asistimos a un espacio de discusión e intercambio convocado por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. El objetivo de este encuentro fue analizar la información sobre el seguimiento y el cumplimiento del Estado mexicano a las recomendaciones efectuadas por el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), específicamente sobre aquellas cuestiones que afectan el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres.

Este trabajo de monitoreo y seguimiento realizado por las diversas organizaciones participantes, coadyuva a mostrar la forma en que el Estado Mexicano ha traducido en acciones concretas, la puesta en marcha de dichas recomendaciones. Durante los tres días del Encuentro de agosto pasado, se constató que uno de los grandes pendientes que aún requieren de una atención efectiva y prioritaria por parte del Estado, tiene que ver con la persistente situación de violencia contra las mujeres tanto en el ámbito público como privado.

A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en las leyes mexicanas y en la creación de diversas instancias gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal, la realidad de la violencia que se comete contra las mujeres se refleja en cifras alarmantes: 7 mujeres son asesinadas cada día; 2 de cada 3 vive alguna situación de violencia, y casi 5 de cada 10 mujeres de más de 15 años, vive violencia en su relación de pareja (INEGI, 2015).

A todo ello se suma la falta de diligencia por parte de las autoridades encargadas de investigar, sancionar y reparar a las víctimas en donde prevalece una situación de impunidad, que obstaculiza la posibilidad de lograr justicia, y las coloca en una situación de vulnerabilidad. Incluso en casos donde tienen que abandonar su casa para resguardar su vida e integridad física, incluyendo la de sus hijas e hijos.

Dentro de las Observaciones Finales elaboradas por el Comité CEDAW en 2012, se destacan diversos puntos que México debiera atender para cumplir con sus compromisos de erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Concretamente, el Comité instó a nuestro país a  “establecer mecanismos efectivos en los planos federal y estatal para supervisar la aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relativa al acceso de las mujeres a los servicios de atención de salud y la educación (punto 14 d)”.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se crea como un Modelo de Atención para brindar servicios especializados que permitan a las mujeres revertir los impactos de la violencia con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Así, el sector salud es la instancia pública responsable de brindar atención inmediata y básica general para las mujeres que acuden ahí por afectaciones a su integridad física. Tan sólo en 2011, el 21.5% de las mujeres declararon que la atención recibida implicó, además, la indagatoria sobre cómo sucedieron las lesiones, y únicamente 11 de cada 100 mujeres fueron aconsejadas por el personal de salud de denunciar los hechos ante el Ministerio Público.[1]

En el nivel especializado, constatamos que en México existen al menos un refugio en cada estado, salvo en Zacatecas. Existen en total 72 refugios, de los cuales 34 son operados por organizaciones de la sociedad civil y 34 por instituciones públicas. Estos espacios ofrecen la protección temporal que buscan las mujeres y una serie de servicios especializados (atención médica, sicológica, legal, educativos) que buscan atender de manera integral los impactos de la violencia.

No obstante, el número de refugios no guarda correspondencia con las cifras de violencia. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, una entidad en donde diversas organizaciones están solicitando la declaratoria de la alerta de género por el incremento de la violencia feminicida, existe solamente un refugio, mientras que en el estado de México que cuenta con al menos 11 municipios en donde existe la alerta de género y que son densamente poblado, existen 8 refugios. Cabe señalar aquí que la capacidad actual de los refugios es de al menos 8 familias (es decir una mujer y sus hijas y/o hijos) y operan con un presupuesto que es obtenido mediante un concurso con reglas que cambian año con año, lo cual no garantiza que sean sustentables en el tiempo.

¿Realmente se ha avanzado en garantizar el acceso a los servicios de salud a las mujeres que han vivido violencia extrema? Creemos que son muchos desafíos que quedan aún por resolver. Uno de ellos tiene que ver con las brechas en la implementación de leyes y políticas públicas en acciones concretas debido a la falta de un diseño y de recursos acorde con la situación que se quiere atender. Igualmente, se requiere un trabajo muy puntual con los servidores públicos para evitar que sigan normalizando la violencia de género y fortalezcan sus competencias, a fin de incorporar la perspectiva de género en la realización de sus funciones. Por último, es urgente que el Estado realice diagnósticos sobre la situación de la violencia que viven las mujeres y las principales necesidades de atención a fin garantizar el derecho de vivir una vida libre de violencia.

[1] ENDIREH 2011


Por Cecilia Toledo Escobar

 [ Artículo en El Universal ]