Se necesitan ciudadanas y ciudadanos comprometidos y dispuestos a interesarse por lo público. Por años, nuestra participación en el ámbito público se ha limitado a procesos electorales. Cada tres o seis años abandonamos nuestros sillones para ejercer nuestro derecho al voto y de esta forma influir parcialmente, muy parcialmente, en el devenir político de nuestro país.
Las discusiones sobre democracia por mucho tiempo nos volcaron a los procesos electorales, sin embargo, desde hace unos años se ha quedado corto este enfoque y en su lugar se debaten otros esquemas de democracia donde las y los ciudadanos, ejerzan sus derechos civiles y políticos de forma más activa y continua.
La llamada democracia participativa -cuyo enfoque está acompañado de la construcción de instituciones que garanticen el derecho de las personas a participar en los asuntos públicos- rebasa la esfera normativa y debe pensarse desde las prácticas en los gobiernos.
La teoría y el discurso público reconocen las ventajas de la participación ciudadana, sin embargo la realidad, al menos en México, nos muestra un camino lleno de obstáculos para su ejercicio. El principal reto consiste en que se pretende impulsar la participación en un contexto adverso a la apertura gubernamental en donde prevalecen estructuras autoritarias y cerradas.
La ambigüedad del concepto no abona a la construcción de un entendimiento común y con él, a una apuesta compartida sobre la forma en la que debe impulsarse. Participación ciudadana sigue siendo abordada, en muchos casos, únicamente como mecanismos de democracia directa como el referéndum, plebiscito y consultas ciudadanas, – instrumentos que han tenido limitada aplicación en el desarrollo democrático de nuestro país y que se evidencia en la escasez de su uso -.
Si bien los mecanismos de democracia directa pudieran abonar hacia la consolidación de nuestra incipiente democracia, es importante apostarle a una participación de largo aliento en donde la intervención de la ciudadanía se realice en torno a la toma de decisiones y con objetivos claros.
El para qué de la participación ciudadana es relevante y no tiene por qué ser unívoco. La participación puede ser una forma de caminar hacia la garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; también puede ser una forma de controlar a los gobiernos, evitar el clientelismo político y disminuir la corrupción; y puede ser una forma de construcción de políticas efectivas y legítimas, que atiendan los intereses de un grupo más amplio de ciudadanos.
Desde la exigencia de espacios y el ejercicio de derechos debe alzarse una demanda por procesos participativos que impacten la toma de decisiones, porque ejercer la ciudadanía va más allá de votar y leer las noticias, implica un involucramiento continuo en el espacio público.
Las organizaciones de la sociedad civil cada día buscamos abrir espacios en el gobierno, sin embargo la participación ciudadana no debe entenderse como la apertura de una pequeña rendija en el devenir político, debe entenderse como la creación de espacios de genuino cambio en donde las relaciones de poder se transformen y se abone hacia la democratización del Estado.
