Acabamos de atestiguar un año más el protocolo del Informe Presidencial. Si bien ya no es aquel día, que incluso era de asueto, en donde el jefe del Ejecutivo se presentaba ante el Congreso y leía un inmenso e interminable texto que hablaba de las delicias y logros de su gestión, acompañado de un desfile majestuoso coloreado de papelitos con los colores de la bandera. Ahora se ha convertido en la entrega del texto ante el Congreso por parte del Secretario de Gobernación y en un acto en Palacio Nacional que convoca a los cercanos al Presidente. En cualquiera de los casos una cosa es clara: éste NO es un ejercicio de rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
El informe presidencial ha dado lugar a intensos debates especialmente desde 1997 cuando el Congreso perdió las mayorías de partido. Con la transición democrática, se ha abierto la posibilidad de que este ritual se transforme en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas horizontal y vertical y que contará los siguientes elementos:
- La idea de que el Presidente someta al escrutinio público la gestión gubernamental: Los informes presidenciales sirven para informar ‘el estado de la administración pública’. Idealmente, el Presidente tendría que presentar el balance de los avances, los logros, los obstáculos y los problemas que sucedieron en el año.
- Un verdadero ejercicio de contrapeso: El informe presidencial, formalmente, también es un ejercicio del control parlamentario, porque consiste en un acto republicano con el que el jefe del Poder Ejecutivo rinde cuentas a la nación, por medio de las y los representantes.
Bajo estos supuestos existe la posibilidad de establecer un diálogo en el cual se dé verdaderamente cuenta de qué y cómo se tomaron las decisiones y que nosotros, a través de nuestros representantes tengamos la oportunidad de cuestionar e indagar más al respecto de lo informado.
Lejos de ello desde hace ya 6 años, y a partir del presidente Felipe Calderón, este momento se ha convertido en un mero trámite que además no va acompañado de un encuentro del Presidente con los representantes. ¿Se han puesto a pensar que en ningún momento el Presidente comparece o da cuentas ante el Congreso? Desde 2008 con la modificación del artículo 68 constitucional, el Presidente solamente se presenta ante el Congreso dos veces en seis años: el día que toma posesión del cargo y el día que entrega el mismo a un nuevo Presidente electo.
Creemos que la responsabilidad es compartida; por un lado el tipo de cuentas que entrega el Presidente, sustentado sobre todo en una proyección de su imagen personal y no es un real y objetivo informe, y por otro el Congreso que es igual de omiso en exigir y dar cuentas.
Con la reforma de 2008, se agregó un párrafo muy importante al artículo 68 que establece que el Congreso tiene la facultad de pedir al Presidente que amplíe la información que presenta en el informe y que los secretarios de Estado –y los titulares de otras entidades– acudan físicamente a comparecer ante el Pleno de alguna de las Cámaras. Se entiende que esto es así porque son los encargados directos de cada materia y porque forman parte del mismo poder, cuyo principal es el Presidente. A este proceso lo conocemos como la glosa del informe.
Y ¿qué pasa con la glosa? ¿Qué sucede con las comparecencias? ¿Qué sabemos de la información que ahí se comparte o compromete? ¿Y de los cuestionamientos que se hacen? ¿Cómo se resuelven? Y sobre todo ¿Cuáles son las sanciones?
El informe es un ejemplo incompleto de rendición de cuentas porque la posible sanción no es consecuencia directa del contenido del informe, sino de la evaluación indirecta que se hace de la gestión del Presidente y que se materializa en las elecciones y no antes. No hay una explicación ni una exigencia vinculatorias sobre el desempeño del Ejecutivo a partir de los resultados que se presentan en el informe y se analizan en la glosa.
Hay que señalar que los documentos adicionales –los ‘anexos estadísticos’– del informe escrito sirven para ahondar en los dichos del Presidente y hacer un análisis más detallado y exhaustivo de la actuación gubernamental, a partir de la información estadística y no únicamente de las declaraciones y conclusiones del Presidente, lo que generalmente es tarea de un sector muy especializado sin que haya efecto ninguno entre la opinión pública ni interés por conocerla. No existe además ningún documento más amigable y cercano a la ciudadanía que dé cuenta de esta información.
La manera en la que se informa cada vez queda más en entredicho: su presentación no abona a la práctica de la rendición de cuentas. El discurso presidencial debe servir para entender la perspectiva del Presidente –y de su equipo de trabajo en la administración pública– sobre las dinámicas en las que está inmerso, en la política, con la sociedad, con las instituciones, etc. pero sobre todo para evaluar su desempeño de manera eficaz. Y el Congreso debiera ser responsable en su papel de contrapeso, de cuestionar y sancionar si es conducente. Deben existir consecuencias a las malas políticas y límites a los malos resultados. Debe existir transparencia y acceso a la información en todo este proceso y la ciudadanía tendríamos que tener más claro como unos y otros en cada Poder están desempeñándose.
Por lo pronto hay voces en el Legislativo que reclaman que el informe regrese al Congreso; de ser así, que sea, pero que sea para poder realizar un ejercicio de control y contra peso, que se dé un diálogo entre poderes, que se enfrente el Presidente a su oposición y que se construyan mecanismos que sancionen las malas políticas y los malos desempeños. De no ser así parece que el “Día del Presidente” se perpetúa y las cuentas nunca llegan.
