De los temas más sensibles en la vida es la salud reproductiva. El Estado mexicano tiene la obligación, establecida en el Artículo 4° de la Constitución, de garantizar el derecho a la salud y en el caso específico de las mujeres, la decisión libre e informada de tener o no tener hijos e hijas.
En consecuencia, el Estado está obligado a salvaguardar la libertad en las decisiones reproductivas de las mujeres y en su caso, generar todas las condiciones a su alcance para un embarazo, parto y pos parto puerperio seguro. No obstante, existen un sin número de carencias a las que se enfrenta una mujer las cuales en numerosos casos las deja con secuelas de por vida o, inclusive, provocan su fallecimiento. Prueba de ello, es que por muerte materna en 2009 fallecieron 1,207 mujeres; en 2010, 992; en 2011, 971 y en 2012, 960.
La mortalidad materna es una de las situaciones que revela claramente las desigualdades que afectan a las mujeres por su condición biológica reproductiva así como por sus condicionantes sociales y económicas. En nuestro país, no es casualidad que sean las mujeres pobres las que fallecen durante el embarazo, parto y posparto, aun cuando se tienen conocimientos médicos y culturales para su prevención y atención. Estas mujeres cuando llegan a acceder a los servicios, en muchas ocasiones llegan a establecimientos de salud precarios, con personal de salud mal capacitado y con carencias de insumos y medicamentos. Del 2010 al 2012, la muerte materna en mujeres indígenas siempre ha superado la media nacional en las tres entidades con mayor población indígena. Por ejemplo, en 2012 el porcentaje nacional de mujeres indígenas fallecidas fue de 11.9%, cifra que contrasta a la de Chiapas: 44.1%, Guerrero: 33.9% y Oaxaca: 39.2%.
La muerte materna deja ver una serie de fallas de los gobiernos y las instituciones responsables de otorgar atención en salud materna. Es decir, da cuenta con claridad las deficiencias y carencias de los servicios de salud; de la implementación real de los programas públicos en salud materna, reproductiva y planificación familiar; y el desarrollo de la educación sexual. A la par, pone en entre dicho la eficiencia sobre la gestión del presupuesto público en salud y las capacidades gubernamentales de evaluar, fiscalizar y también de transparentar la información y rendir cuentas a la población en general.
Por lo visto contar con el Seguro Popular no garantiza la atención en salud. Año tras año aumenta el número de muerte materna en mujeres con Seguro Popular: 389 en 2010, 467 en 2011 y 528 en 2012. Asimismo, 141 mujeres no estaban afiliadas a algún servicio de salud, es decir no tenían seguridad social, ni protección en salud mediante el Seguro Popular, este 14.7% expresa crudamente la falta de acceso a la atención en salud a toda la población.
Esta información en torno al fallecimiento de una mujer por causas asociadas a la maternidad muchas veces es inaccesible para la población o es de difícil entendimiento. Hasta el año 2010 no contábamos con una red intersectorial que tuviera como uno de sus mandatos principales ciudadanizar la información en mortalidad materna.
Por un lado, este contexto social y económico de las mujeres y por el otro las deficiencias en la atención en salud, conllevaron a la conformación del Observatorio de Mortalidad Materna (www.omm.org.mx), en marzo del año 2011. Integrado por diversas organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, organismos de Naciones Unidas, la Secretaría de Salud Federal (SSA), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Con el fin de combatir la opacidad, discrecionalidad y las malas prácticas públicas que causan la mortalidad materna, se dio a la tarea de conocer las dinámicas de atención en salud de las instituciones públicas y privadas, y también las características de las fallecidas. Este panorama más completo del significado de la muerte materna, es un paso sustantivo para generar recomendaciones orientadas a la erradicación de este problema social. A la par permite a la población en general, y a las mujeres en particular, conocer sus derechos de una atención en salud oportuna, de calidad y respetuosa.
La información publicada por el Observatorio de Mortalidad Materna, es un insumo para entender los numerosos casos de violencia obstétrica que en los meses recientes son noticia periódica. Mujeres que paren fuera de los establecimientos de salud o fallecen cuando llegan a los servicios de salud con evidentes deficiencias en la atención.
Precisamente es a través de las cifras divulgadas por el Observatorio de Mortalidad Materna, lo que nos permite contar con información fidedigna.
En el documento anual Numeralia, el Observatorio investiga el comportamiento de los casos de muerte mortalidad materna por entidad federativa, por causas (incluyendo el aborto), por lugar de ocurrencia de la defunción: servicios estatales de salud, instituciones de la seguridad social, hospitales y clínicas privadas y hogar, en las menores de 19 años o si tuvo atención durante el embarazo.
Este nivel de detalle nos permite acercarnos a las desigualdades profundas entre las entidades federativas y los grupos poblacionales, para muestra un botón, 12.8% de las fallecidas en el año 2012 tenían menos de 19 años, habiendo estados donde esta cifra es superada con creces, como Morelos con un 23.1%, Sonora y Tabasco ambos con 23.5% o Tlaxcala y Yucatán con un 25%. Lo que nos habla de que se debe implementar una política hacia las y los adolescentes en educación sexual, en disponibilidad de anticoncepción de emergencia obstétrica, de anticonceptivos, de interrupción del embarazo conforme al respeto a su autonomía para decidir sobre su reproducción.
Asimismo las Numeralias de los años 2009 a la fecha, nos señalan con inclemencia las condiciones de escasez en que muchas mujeres viven la maternidad y como las ubica en condiciones de gran vulnerabilidad: en el año 2012 de las muertes maternas un 29.5% contaba con primaria incompleta o completa, en Morelos esta cifra sube a un 69.2%, en Puebla a 43.8% y en Quintana Roo a un 42.9.
Finalmente, pone sobre la mesa las insuficiencias de la atención institucional y de las complejidades futuras: el 8.2% falleció por aborto, un 19.1% por hemorragia del embarazo, parto y posparto. Un 26.8% murió por causas que engloban la diabetes, cánceres y otros padecimientos que están en aumento y ponen el reto a la actual administración federal para poner todos los recursos necesarios para su prevención y atención efectiva. En conclusión, el OMM ofrece un panorama bastante completo a disposición de las y los tomadores de decisión de la política pública, para que tomen las mejores medidas a favor de asegurar una maternidad voluntaria y plena.
Por Daniela Díaz
