En la política se dice que no son los discursos, sino las acciones las que cuentan. Sin embargo, en coyunturas determinadas pueden ser justo las palabras las que mejor demuestran las profundas contradicciones en las políticas de Estado. Los ejemplos más evidentes de la semana pasada giraron en torno a la situación de los derechos humanos en México.
Tres enunciaciones enmarcaron la brecha que existe entre el incumplimiento de la administración de Peña Nieto en asegurar las condiciones para investigaciones efectivas de casos de desaparición forzada y el tono premiado de los avances en los derechos humanos por parte de instancias internacionales. El pasado 27 de marzo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad celebró en un acto público frente a la Estela de Paz —como ellos han renombrado a la Estela de Luz— su tercer aniversario como una red conformada por víctimas de la violencia, familiares de víctimas y personas solidarias.
El Movimiento realizó una serie de actos simbólicos con la finalidad de visibilizar que la emergencia nacional continúa y para transformar la Estela de Luz, monumento construido para conmemorar el bicentenario de la independencia, en el Memorial de las Víctimas de la Violencia (la Estela de Paz). Como parte del acto, los participantes, incluyendo representantes de familiares de migrantes centroamericanos desaparecidos, observadores de derechos humanos, familiares de víctimas y artistas, realizaron actividades culturales y llevaron telas bordadas junto con placas de aluminio con los nombres de sus seres queridos. Cuando los familiares de personas desaparecidas intentaron fijar las placas a la explanada durante la ceremonia, la policía capitalina se los impidió y prohibieron de manera agresiva que los presentes dejaran un recordatorio permanente de las víctimas de esta guerra no declarada.
Al ser cuestionados sobre los motivos, los representantes de las fuerzas de seguridad pública respondieron que las placas representan un “daño a la nación”. A pesar de esto, los familiares fijaron las placas en el piso como una forma de dignificar a las víctimas, señalar la deuda del Estado mexicano con éstas y con la sociedad en general, y para mantener viva la memoria de tal forma que estos hechos no se repitan. Doña María Herrera, madre de cuatro hijos desparecidos, tomó la palabra poco tiempo después para denunciar la falta de avances en las investigaciones de su caso y el de miles de otros. No perdió la oportunidad de devolverle a la policía capitalina sus palabras. Relacionó el dolor que viven como víctimas de la lucha contra la delincuencia organizada con el intercambio recién dado: “Yo quisiera que estas personas supieran el daño tan grave que nos están haciendo destruyendo a nuestros hijos, destruyendo nuestros hogares, destruyendo a nuestras familias. ¿A eso no se le llama daño a la nación?”
El día siguiente, Javier Sicilia denunció en los medios la falta de avances en el implementación de la Ley General de Víctimas debido una serie de falta de condiciones políticas y complejidades normativas. La misma tendencia se acentúa desde finales del mes pasado con la resistencia por parte de los representantes del Poder Ejecutivo para aceptar recomendaciones para fortalecer los derechos fundamentales de las personas. En el marco del segundo Examen Periódico Universal (EPU) que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas realizó a México, en octubre 2013, los países miembros emitieron 176 recomendaciones al gobierno mexicano.
El 20 de marzo, México respondió al aceptar todas salvo cuatro recomendaciones, entre ellas la relacionada con la eliminación total de la figura del arraigo. También rechazó de manera parcial el reconocimiento pleno de la competencia del Comité de Desaparición Forzada, instancia que implementa las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias para recibir quejas individuales. El Movimiento por la Paz, junto con organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, denunció que son más de 20 mil personas desaparecidas durante esta guerra contra el crimen organizado. A estas se suman los miles de casos documentados por diversos comités de desaparecidos políticos durante la llamada guerra sucia de las décadas de 1960 – 1980.
En este contexto, la aceptación de la recomendación es importante para posibilitar el acceso a la verdad, justicia y reparación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Sin embargo, a pesar de los desafíos señalados, un día después del acto conmemorativo del Movimiento por la Paz —en el marco de su 150 periodo de sesiones—, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) felicitó al gobierno mexicano por su compromiso con el respeto a las garantías individuales y por sus avances en materia de derechos humanos. Los comentarios positivos por parte del comisionado James Cavallaro contrastan notablemente con cinco años de evaluaciones negativas por parte de la misma CIDH y con el hecho de que México, después de Colombia, ha sido el país que más casos ha presentado en la última década ante el Sistema Interamericano.
El juego de palabras de las últimas semanas, entre las promesas del Ejecutivo, las felicitaciones de la instancia internacional (que generalmente ha sido muy crítico de la situación de derechos humanos en México) y la explicación de la policía capitalina frente al acto conmemorativo del Movimiento por la Paz, no hace más que evidenciar el profundo daño a la nación; bien señalado por Doña María. Al parecer, nos tocará a las y los ciudadanos la tarea urgente de unir esfuerzos para exigir que se atienda nuestra herida colectiva.
Por: Mariana Mora y Ximena Antillón,
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