El pasado 12 de septiembre, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), se llevó a cabo el Tercer Seminario Internacional sobre Derechos Humanos, Presupuesto y Poder Judicial. El objetivo de este seminario fue dar continuidad a las ediciones anteriores que desde el 2011 se plantearon problematizar y reflexionar sobre la relación del presupuesto público con los derechos humanos y la posibilidad de ejercer control sobre el presupuesto a través del Poder Judicial. Integrantes de la academia, investigadoras e investigadores, jueces, activistas y analistas de la sociedad civil intercambiaron experiencias y conocimiento teórico sobre estos importantes temas.
Este evento, convocado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, Fundar, el International Budget Partnership y el IIJ-UNAM, contó con la participación de expositores del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Colombia y miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta edición, las y los panelistas debatieron en torno a tres temas principalmente: las implicaciones presupuestarias de las sentencias y la jurisprudencia en derechos humanos (los obstáculos y desafíos para su implementación), la participación judicial en temas presupuestarios y el seguimiento de las sentencias en su dimensión presupuestaria.
El seminario no sólo confirmó la relevancia de la acción judicial en la defensa de los derechos humanos, sino que reiteró el papel que tienen los jueces y juezas en considerar de manera integral las implicaciones de sus fallos en las finanzas públicas. Esto quiere decir, entre otras cosas, que las sentencias que emite el Poder Judicial en sí mismas tienen impactos en ampliar interpretaciones y alcances de los derechos. Estos alcances, además, guardan estrecha relación con aspectos económicos y de política pública que el Estado debe emprender para su plena garantía. Esto podría implicar que en consecuencia de una resolución judicial, el Estado deba orientar recursos para el pleno respeto de un derecho (por ejemplo, salud o vivienda) o, bien, que determine la reparación del daño para víctimas de violaciones a derechos humanos. En todo caso, el papel del Poder Judicial revela una óptica distinta a la tradicional: una más activa o proactiva en el desempeño de su actividad jurisdiccional; es decir, en la interpretación de las normas y la argumentación más favorable para las personas en materia de derechos humanos.
Nada le impide al Poder Judicial que en sus resoluciones haga lo antes mencionado e impacte sobre aspectos presupuestarios que amplíen el goce y ejercicio de derechos. Esta actividad, que en otros tiempos resultaba extraña, hoy se revela no sólo como necesaria sino como ineludible para la defensa y garantía de los derechos humanos. Implica además que el Poder Judicial genere mecanismos de seguimiento, que con participación de la ciudadanía, permitan velar por la implementación de sus sentencias y determinaciones en materia presupuestaria.
El seminario además dio cuenta que el Poder Judicial debe allegarse de opiniones técnicas que en una dimensión integral permitan a las y los jueces elaborar resoluciones que impacten efectivamente en el destino de recursos para la implementación de sus sentencias. En este sentido, la argumentación judicial en torno a los derechos económicos sociales y culturales, por ejemplo, tiene como herramienta los principios de no regresividad y máximo uso de los recursos económicos disponibles. En otras palabras: el Poder Judicial tiene un importante papel en velar porque los avances en nuestros derechos humanos no tengan regresiones y mucho menos por razones económicas.
El presupuesto público nos revela las prioridades del Gobierno en la realización de los derechos. Es sin duda papel de la ciudadanía dar seguimiento a cómo y en dónde se gastan los recursos públicos, así como usar las vías jurisdiccionales para exigir que estos recursos se orienten a la realización de nuestros derechos. Es más que razonable que como ciudadanos y ciudadanas esperemos que las y los jueces asuman que su trabajo debe ampliar nuestra esfera de derechos y su plena realización. Pensar lo contrario implicaría mantenernos en lógicas tradicionalistas de ver el derecho, en donde el Poder Judicial es un mero aplicador de normas y no un actor garante del Estado democrático en el que los derechos humanos son el centro y las acciones en torno a ellos se toman en serio.
Claudia López
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