La Ley de Víctimas, aprobada por unanimidad en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril de 2012, puede abordarse desde al menos dos ángulos. Desde el punto de vista técnico, la Ley de Víctimas pone de manifiesto la complejidad que implica coordinar a distintas instancias en los tres niveles de gobierno para garantizar los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la verdad, a la justicia y a la participación como sujetos de su propio proceso, así como articular medidas de reparación integral. Para el Estado mexicano, responder a esta complejidad requiere definitivamente hacer acopio de la pericia de diferentes sectores de la sociedad civil, con énfasis en las diferentes organizaciones de víctimas y sus familias, en un proceso conjunto de construcción.
Desde el punto de vista ético y político, la aprobación de la Ley de Víctimas fue entendida como una expresión del compromiso del Legislativo por responder a la situación de miles de víctimas de la delincuencia organizada que sufren un proceso de revictimización cuando se acercan a las autoridades en busca de justicia. La Ley en cuestión cumple de este modo una función simbólica: la de reconocer los costos humanos de la guerra contra la delincuencia organizada y el sufrimiento de las víctimas. Asimismo, dicha Ley reconoce que las víctimas no solamente sufren por la acción de la delincuencia organizada, sino también por las acciones u omisiones de las autoridades.
La Ley de Víctimas no sólo contiene alternativas desde el punto de vista técnico destinadas a responder a las necesidades de las víctimas y a garantizar sus derechos, sino que es portadora de una carga simbólica. La posibilidad de que la Ley cobre sentido para las víctimas tendrá que ver con que ambos elementos, técnicos y simbólicos, caminen de la mano.
Sin embargo, el camino de ésta Ley sufrió un revés con las recientes observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo, que si bien pretenden mejorar la Ley desde el punto de vista técnico, la socava desde el punto de vista simbólico pues pone en entredicho la voluntad del gobierno de reconocer a las víctimas y responder con políticas públicas a su sufrimiento. Además, la manera en que estas observaciones fueron presentadas destruyeron la confianza que con tanta dificultad el Ejecutivo venía construyendo con las víctimas. Al presentar de manera extemporánea sus observaciones (precisamente el 1 de julio de 2012, alrededor de las 8 pm), el Ejecutivo evidentemente respondió al interés de eludir los costos electorales para el Partido Acción Nacional, y no el compromiso con las demandas de las víctimas.
Las víctimas —de la delincuencia organizada y de las violaciones de los derechos humanos, o de ambas—, organizadas en diferentes grupos y movimientos, se caracterizan por recorrer un largo camino buscando justicia. Su paso es lento y su necesidad es grande, por eso caminan cada día buscando pistas, acompañándose, denunciando y al mismo tiempo transformando. Las víctimas han caminado solas, mientras el Estado, rebasado por la magnitud del fenómeno de la delincuencia organizada o en colusión, no logra seguir su paso ni estar a la altura de sus necesidades. Ojalá el Estado logre acompañar el camino de las víctimas y de la sociedad, y garantice nuestro derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Ximena Antillón
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