Apenas hace unos días tuvimos noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso punto final a un largo juicio cuyo origen se remonta al año 2003, cuando ocurrió una desviación de recursos públicos que tendrían que orientarse al combate del VIH-Sida y que terminaron siendo empleados por una organización de corte religioso para la compra de tangas, plumas y otros objetos no equiparables a su objetivo original.
El teatro que escondía esta desviación de cerca de 30 millones de pesos fue desmontado por seis organizaciones civiles , entre ellas Fundar, Centro de Análisis e Investigación , quienes solicitamos información sobre cómo se habían gastado dichos recursos. Así, se solicitaron las facturas que respaldaban el gasto que en un principio se planteó para la atención a la salud de personas con VIH/Sida, y la sorpresa fue grande al descubrir qué pasó con ese dinero .
La historia es larga porque fueron varios actores a los que tuvieron que investigar, se tuvo que documentar lo ocurrido, y encontrar los diferentes responsables de esta faramalla. Entre ellos se encontraba el entonces Presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, Luis Pazos, quien había excedido sus funciones manipulando discrecionalmente las decisiones de su Mesa Directiva. También se señaló el hecho de que la Secretaría de Salud permitiera la utilización de recursos por parte de una organización religiosa, ProVida, cuya visión es contraria a los objetivos de la política pública de salud. Efectivamente era Provida la que había empleado dichos recursos en la compra de absurdos. Estas denuncias se formalizaron ante instancias como la Cámara de Diputados, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quienes confirmaron las imputaciones hechas sobre la malversación de fondos.
Por supuesto también hubo personas y organizaciones manifestándose de múltiples maneras para mostrar su indignación y denunciar la corrupción. Cabe destacar, la acción de los medios de comunicación las cuales fueron muy importantes para dirigir los reflectores hacia los responsables y dar seguimiento a los diferentes procesos de denuncia abiertos.
El caso llegó a tribunales pero el dirigente del Comité Nacional Provida, Jorge Serrano Limón, se empeñaba en evitar el pago de la multa por el desvío de recursos públicos. Ahora el pago es ineludible con el fallo de la segunda sala de la SCJN.
Efectivamente se requieren muchos ojos, voces y las acciones contundentes de diversas autoridades para poder identificar, denunciar, investigar y sancionar a quienes han incurrido en actos de corrupción.
Seguramente, no podemos estar al tanto de la actuación de todos quienes ejercen gasto público, pero cuando salen a la luz eventos de sospecha o explícito mal uso de recursos públicos, vale la pena no perderles la pista y no abrazar la indiferencia, vale la pena demandar información y explicaciones ya sea para saber el precio de unas tangas o de unas “casas blancas”, alzar la voz cuando no se apagan las sospechas.
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