El año comienza sin la aparición con vida de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Aunado a esta crisis en materia de derechos humanos, se agrega un posible empeoramiento del panorama económico.
Para que en su momento se nos diga que “sobre advertencia no hay engaño”, las autoridades hacendarias declararon la posibilidad de aplicar un recorte al presupuesto público del año en curso, justificando tal medida por la baja en el valor del barril del petróleo mexicano. Este producto es alrededor de un tercio de las fuentes de financiamiento de los ingresos públicos.
El artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que en caso de haber una disminución en los ingresos públicos, los gastos de comunicación social deben ser los primeros de los cuales escindirse.
En una revisión al presupuesto asignado para salud en el 2015, llama la atención que el recorte se realizó antes de las declaraciones de los personeros de las finanzas, es decir, mucho antes de la estrepitosa baja del precio del crudo mexicano.
Veamos con más detalle, al revisar el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud y dado que la dependencia distribuye a los 32 gobiernos estatales y estos a sus servicios de salud, vemos que en el proyecto del presupuesto 2015, la cantidad era mayor a la que finalmente la H. Cámara de Diputados aprobó, con un monto de 134,847.6 millones de pesos, 80.8 millones de pesos menos que la propuesta original. Suma que sólo representa la atención de alrededor de 10,380 partos por vía vaginal.
Se observa que comunicación social, quedó exactamente igual a la propuesta de Hacienda. Es válido suponer y también exigir que la decisión responda a que dicho presupuesto se dirigirá a campañas de promoción de la salud como jornadas de vacunación, del uso voluntario e informado de métodos anticonceptivos, de la prevención del VIH, para la promoción de una educación sexual libre y ajustada al marco internacional de los derechos humanos, a la identificación de señales de riesgo durante el embarazo, el parto y el posparto, en fin, al avance en el acceso a la salud.
¿Qué se recortó? Otras actividades que se entienden prescindibles como los denominados gastos de operación, básicamente recursos financieros para la compra de papelería, de uso de internet y fotocopias y algunos tipos de traslados. Ciertamente sufrieron una disminución de un bajísimo 0.6 por ciento en relación al total de recursos asignados a la Secretaría de Salud.
Si este presupuesto pesa tan poco en el total ¿por qué no se reorientó al rubro de gastos de inversión? Puesto que existe el consenso en la necesidad de mejorar la infraestructura en salud; o a otras necesidades de los servicios como la contratación de personal de salud.
El gobierno reiteradamente presume que México tiene un soporte legal en materia de derechos humanos consolidado por la reforma constitucional de junio del 2011, donde en el artículo 1° de la Constitución se reconoce la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, es decir, se vuelven obligatorios para el quehacer de los gobiernos federal, estatales y municipales. Uno de los tratados es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el cual a la salud se le reconoce como un derecho humano y donde se indica que el Estado debe adoptar medidas para orientar el máximo uso de recursos posibles y avanzar progresivamente en la asignación de recursos, en resumen, que no debe haber retrocesos en mecanismos fundamentales para el cumplimiento de los derechos humanos, como el presupuesto público lo es.
Entonces cabe preguntar a las autoridades de salud y de la Secretaría de Hacienda y en definitiva tanto al gobierno como a la Cámara de Diputados sobre las causas y criterios utilizados para haber presentado un presupuesto en salud para el 2015, un 0.12 por ciento menos que el del año 2014, ¿por qué decidieron cercenarlo aún más, contraviniendo las obligaciones constitucionales?
Para la construcción de un país democrático es prioritario que las autoridades responsables del presupuesto público rindan cuentas de sus decisiones y tengan prácticas reales de participación ciudadana. Sin lugar a dudas el presupuesto público respondería en mejor forma a los requerimientos de la población.
