Desde hace cuatro años, quienes vivimos en el Distrito Federal podemos decidir en qué se gasta una parte del presupuesto público. Este proceso, que se conoce como presupuesto participativo, nos permitió definir el destino de 3% del total de los recursos que corresponden a las delegaciones desde 2011 hasta 2014. Y los montos no son nada despreciables: tan solo en 2014, las y los vecinos decidieron en qué gastarse 762.9 millones de pesos durante 2015; este año, podríamos estar decidiendo sobre un monto mayor: alrededor de 823.9 millones de pesos que se ejercerían en 2016.
Y digo podríamos porque, a partir del 30 de abril pasado, las reglas cambiaron sin que haya claridad de cómo serán aplicadas: apenas el último día del periodo de sesiones que acaba de concluir, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una nueva Ley de Participación Ciudadana y creó la Ley de Presupuesto Participativo del Distrito Federal.
La nueva ley modifica el destino en el que se pueden ejercer los recursos. Si se llegara a aplicar tal como está redactada, el presupuesto participativo solamente se podría destinar a las partidas de gasto incluidas en el Capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, que corresponde al gasto en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. ¿Qué significa lo anterior? Que los recursos que antes podían incluirse en capítulos de gasto directamente relacionados con los proyectos de construcción de obra pública (capítulo 6000) o de adquisición de bienes muebles e inmuebles (5000) ahora podrán utilizarse para casi cualquier cosa.[1]
Esta modificación a las reglas del presupuesto participativo es sumamente riesgosa porque, sumada a otras disposiciones de la ley recién aprobada, podría significar que los recursos se utilicen como mecanismos clientelares de los delegados, quienes ahora participarían en la decisión sobre la viabilidad de los proyectos a través de su pertenencia a los Órganos Técnicos de los Consejos Delegacionales Participativos. Lo anterior significa que, aunque los proyectos se presentarían y votarían en las Asambleas Ciudadanas, serían dictaminados por los Órganos Técnicos, en los cuales se podrían excluir proyectos por motivos políticos.
Una propuesta más que resulta preocupante es la distribución geográfica de los recursos. Hasta ahora, el presupuesto participativo se dividía en partes iguales para los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos independientemente de su población o de la condición socioeconómica de sus habitantes. Ahora, la ley establece que los recursos serán distribuidos de acuerdo a los “índices de población, marginación y desarrollo por zona” (art. 22). Esta decisión, que en principio parece ser más equitativa y cumplir con una función de redistribución de los recursos públicos, no viene acompañada de una fórmula que indique cómo se van a priorizar los criterios de distribución referidos. Esta fórmula, así como la definición de otros mecanismos clave de la ley, son postergados para la publicación del reglamento, del cual no se conoce ni siquiera un borrador.
Otro de los focos rojos de la nueva ley es que le quita una serie de atribuciones al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) para ponerlas en las manos de los Consejos Delegacionales Participativos (como recopilar las actas de votación y enviar los proyectos aprobados a la ALDF y a la Jefatura de Gobierno del DF). Además de suponer complicaciones logísticas para asegurar estos procesos, quitarle estas atribuciones al IEDF no tiene sentido en términos de diseño institucional, ya que es pertinente que sea el IEDF quien coordine un proceso democrático como el presupuesto participativo.
Los presupuestos participativos son uno de los mecanismos más efectivos de democracia directa. Cuando se implementan durante un periodo más o menos largo de tiempo con reglas y mecanismos de decisión claros y en manos de las y los ciudadanos, se pueden convertir en expresiones muy cercanas a la voluntad popular. La importancia de este ejercicio para quienes habitamos el Distrito Federal podría ser valorada por el Gobierno del Distrito Federal a la hora de pensar en publicar una ley con tantos riesgos. Hoy podemos presumir que, con sus pros y contras, tenemos uno de los presupuestos participativos que distribuye más recursos a nivel mundial. Si no cuidamos las reglas con las que se reparten y ejercen estos recursos, en poco tiempo tendremos que preocuparnos por Consejos Delegacionales Participativos cooptados y mayores clientelas políticas pagadas con nuestros recursos.
Diego de la Mora Maurer
http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2015/05/11/el-presupuesto-participativo-del-df-esta-en-riesgo-de-ser-cooptado/
