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El pueblo Yaqui y la fragilidad del derecho

In memoriam. A Ricardo Fava, gracias por tantas conversaciones tan profundas sobre la política y el abuso del poder.

En la nueva política mexicana, no hay gobernante que se precie que no tenga su propio escándalo de abuso de poder.

Obviamente, siempre es mejor si viene acompañado de una grosera impunidad. En este capo, no son los únicos, pero los gobernadores hoy son emblemáticos. Por ejemplo: Moreno Valle en Puebla; Borge en Quintana Roo; o, en Sonora, al grito de “el norte también existe”, tenemos a Guillermo Padrés.

Al gobernador Padrés no le tiembla la mano para beneficiarse con actos fuera de regla. Hace gala de su disposición a actuar como se le antoja, sin importar que pisotee los derechos constitucionales de sus gobernados y que sus acciones desafíen incluso a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Padrés actúa no sólo derrochando insensibilidad social y mostrando escaso criterio político, también lo hace dejando claro que eso del respeto jurídico, simplemente no se le da.

Pero ¿para que está el Derecho, cuando se tiene el poder político, sino es para usarlo a contentillo?

Piense, por ejemplo, en el escándalo sobre la construcción de una presa en uno de los anchos del gobernador de Sonora. Al margen de la prudencia con la que hay que recibir cualquier cobertura mediática y del evidente conflicto político con el gobierno federal, lo cierto es que el casi se quedará en el anecdotario de los “abusillos” de poder. Un gobernador se ve involucrado en conductas ilegales y el asunto no pasara del escarnio por parte de sus opositores y de hacer dejado ojiplaticas a algunas personas.

Es el tradicional doble rasero. La ceguera selectiva de justicia, que no es capaz de ver los actos corruptos e ilegales de los gobernantes y tampoco alcanza a ver los derechos de los gobernadores. Al contrario, si les estorban, los encarcelan. Total, que para eso esta el derecho. Y es bajo este modelo que el histórico conflicto entre el pueblo Yaqui y los gobiernos de turno tiene un nuevo episodio de violencia institucional disfrazada de acción legal.

No es poca cosa lo que está en juego en Sonora: se trata del acceso al agua (la misma que Padrés acopia en su rancho sin permiso legal). El pueblo Yaqui acudió el Poder judicial para impugnar la construcción de una obra (el Acueducto Independencia) por parte del gobierno de Padrés, por considerar que afecta su derecho a la disposición del 50% del agua de la presa La Angostura. El caso llegó a la Corte que les dio la razón en una histórica resolución que ordena se suspenda la construcción y operación del acueducto y que se consulte al pueblo Yaqui. La Corte instruyó también que debe realizarse un diálogo sincero entre las partes, con miras a obtener acuerdos; además de ser libre de todo elemento de coacción o presión. Pero lo podrá decir la Corte, el asunto es que para Padrés no hay ni suspensión del acueducto ni diálogo.

Hoy está preso Mario Luna, quien fue designado por las autoridades tradicionales del pueblo Yaqui como su vocero para el diálogo con el gobierno federal. ¿Cómo puede dialogar de forma sincera una persona a que se le inicia una campaña de odio racial? ¿Cómo puede actuar de buena fe quien es asediado con campañas de descalificación en los medios de comunicación? ¿Cómo se puede alcanzar un acuerdo de forma libre y sin presión si las personas deben vivir a salto de mata porque se les libran órdenes de aprehensión por motivos políticos?

Simplemente no se puede. Así que aunque cueste aceptarlo, el poder siempre exhibe la fragilidad del Derecho. Y es por eso que Mario Luna está en la cárcel y Padrés gobernando.

Miguel Pulido

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/09/72555.php