Es imposible terminar este año sin hablar desde el corazón y haciendo un llamado a la razón.
El 2014 termina con la exigencia de la aparición con vida de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, jóvenes indígenas, quienes aún están en calidad de desaparecidos por el Estado mexicano.
Su identidad indígena es un aspecto central para reflexionar en torno a qué hace el Estado, desde sus instituciones y niveles de gobierno para proteger y garantizar el pleno desarrollo de los pueblos originarios. Es materia obligada considerar la diversidad de temas que integran su existencia.
Pensemos en una fundamental, alimento y cuerpo de su esencia: la salud.
Y en uno más específico: la salud materna.
Yo no soy una conocedora desde el saber de los pueblos indígenas, qué es la salud materna.
Lo que sí sé, es que el Estado mexicano ha tomado decisiones que afectan a los pueblos indígenas.

Las autoridades tienen la obligación establecida en el Artículo 2 de la Constitución de realizar consultas sobre acciones y políticas públicas de salud que les conciernen, obligaciones fortalecidas con el Artículo 1° de la Constitución en materia de derechos humanos. Sin embargo, simplemente no cumplen con tal obligación, o lo hacen a medias.

Por ejemplo, en el año 2004 no se les consultó cuando fueron arbitrariamente afiliados al Seguro Popular. No se les preguntó si estaban de acuerdo con que el Estado dejara de comprometerse con el derecho a la salud como lo establece el artículo 4° de la Constitución, y transgrediera esa obligación, al constreñirla a un paquete de alrededor de 300 intervenciones en salud establecidas en el Seguro Popular. El Estado debe otorgar atención en salud conforme a cualquier requerimiento que tenga la población indígena y considerando la medicina tradicional. No obstante el Seguro Popular, sólo obliga al Estado proveer atención en salud con base a un listado de patologías de salud de la población general, desconsiderando las particularidades poblacionales y los derechos colectivos de los diferentes pueblos que habitan y transitan por México.

Durante el 2013, y con mayor fuerza en el 2014, se reflexionó y desarrollaron una serie de reuniones sobre la mejora de la atención de la salud materna mediante la contratación de parteras capacitadas (en escuelas de partería) en los servicios públicos de salud.

Dicha propuesta pudiera parecer ajena al tema de la salud materna desde la cosmovisión indígena y la participación de dicha población. Pero en estos meses, la realidad pesa más que el dibujo del esquema, es decir, para México es impensable planear la salud materna en un marco de derechos humanos, sin considerar la práctica de la atención a las embarazadas por parte de las y los parteros; quienes son actores locales que atienden a miles de mujeres.

La Secretaría de Salud tiene censadas alrededor de 15,996 parteras y parteros, quienes en el año 2013 atendieron aproximadamente 33,129 partos, y 12, 827 de enero a agosto del 2014.

Las entidades federativas con más población indígena, también son las que cuentan con mayor cantidad de parteras y parteros: Chiapas con 3,300, Guerrero con 2,446 y Oaxaca con 1,298, representando el 44 % del total registrado por el sector salud.

Tal número es una muestra clara de la resistencia ante un modelo hegemónico de atención materna, modelo medicalizado que desconsidera los saberes de la mujer sobre su cuerpo, y los conocimientos de las y los médicos tradicionales.

En general, funcionarios gubernamentales, especialistas y organizaciones, reconocen el aumento del parto en instituciones de salud a partir de la implementación del Seguro Popular. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 menciona que el 94.4 % de los partos son atendidos en unidades médicas, y de las mujeres afiliadas al Seguro Popular que tuvieron un parto, el 92.6 % fue atendida en una institución de salud.

Dichas cifras dan cuenta de la otra cara de la moneda: la disminución del parto atendido por parteras y parteros, y la agresión contra los espacios locales del desarrollo de la medicina tradicional. Agravios a los cuales se suma que la atención institucionalizada y la afiliación prácticamente obligada al Seguro Popular, no se relaciona con una disminución sustancial de la muerte materna ni la eliminación de la violencia que el personal de salud ejerce contra las mujeres cuando acuden a ser atendidas por un embarazo, parto o después del parto.

En consecuencia, la cantidad de casi  16 mil parteras/os o más, es una cantidad significativa de actores sociales, para que el Estado mexicano considere que repensar los modelos de atención en salud materna, debe llevarse a cabo en un proceso claro y real de consulta; y que para evitar simulaciones,  se deben acatar los resultados de la misma.

Daniela Díaz

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