Este 15 de diciembre concluye formalmente el primer periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura. En materia de designaciones de altas responsabilidades públicas el saldo es la desintegración. El Congreso, en línea con la estrategia de debilitamiento institucional emprendida por el proyecto de la “cuarta transformación”, no resolvió ninguna designación del paquete rezagado desde la Legislatura pasada ni mucho menos atendió las que fueron surgiendo ante la conclusión de varias responsabilidades. El Senado solamente tuvo a bien hacer una: ratificar para un segundo periodo a la cuestionada presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
¿Cuáles son las designaciones rezagadas? Son 26 y comprenden: cinco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (1 desde 2016, 3 de 2023 y 1 a partir de este año); tres del Instituto Federal de Telecomunicaciones (1 desde 2020 y 2 de 2021); nueve de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción; tres del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2 vacantes desde 2022 y otra a partir de 2023); dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (desde octubre de 2023); una de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (2024); dos de la Comisión Reguladora de Energía (2024) y una del Comité de Participación Ciudadana (también de 2024).
A este paquete se suman las 6 vacantes ocurridas entre el primero de septiembre y 15 de diciembre: dos en el Tribunal Electoral, que concluyeron su responsabilidad el 31 de octubre; tres en el Consejo de la Judicatura Federal y una en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vigente a partir del primero de diciembre.
Sin embargo, la mayoría de estas vacantes (17 en total) ya no se renovarán debido a dos reformas de gran envergadura: la de simplificación orgánica que desaparece estos órganos autónomos y semiautónomos bajo el argumento de la austeridad presupuestal; y la judicial que plantea que las responsabilidades judiciales serán elegidas por voto popular, como una vía para dotarlas de legitimidad de origen. Las elecciones judiciales se realizarán el primero de junio de 2025 y las siguientes en 2027.
A esto se suman las diez designaciones relativas al Sistema Nacional Anticorrupción que están en riesgo por otra de las reformas presentadas el 5 de febrero en materia de simplificación administrativa, pero que no cuenta (aún) con dictamen.
Esta situación confirma una tendencia de debilitamiento institucional y erosión democrática. Desde el Observatorio de Designaciones Públicas reiteradamente insistimos en que estas omisiones de designar por parte del Ejecutivo Federal y el Senado de la República fueron deliberadas y se circunscriben en esta transformación hacia un régimen que tiene como sello a reconcentración del poder, la eliminación de los controles y contrapesos, y las designaciones con base en la lealtad en lugar de los méritos.
No es menor que en este periodo solamente se haya resuelto la designación de la CNDH, pese a la cantidad de cuestionamientos a la actual gestión, la parcialidad en su actuación y contar con la más baja evaluación.
Con todo y este escenario poco esperanzador, es importante seguir exigiendo que los procesos de designación de altas responsabilidades públicas garanticen perfiles idóneos y se den en un marco de transparencia, apertura y rendición de cuentas. Esto contrasta profundamente con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los trabajos de los Comités de Evaluación instalados por la reforma judicial, los cuales deberán de publicar la lista de las personas que cumplen con los requisitos este 15 de diciembre y sin embargo, hasta la fecha, dos de ellos no han publicado una lista confiable del total de registros ni mucho menos de sus expedientes. Aproximadamente hablamos de 33 220 personas registradas. Las responsabilidades que se elegirán a través de voto popular son:
- 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte;
- 3 magistradas y 2 magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, toda vez que el Consejo de la Judicatura Federal desaparece;
- 1 magistrada y 1 magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral;
- 10 magistradas y 5 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral;
- 464 magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y de Tribunales Colegiados de Apelación; y
- 386 juezas y jueces de distrito.
Todas ellas responsabilidades de suma relevancia para garantizar el derecho de acceso a la justicia que tenemos todas las personas y que por lo mismo deberían de definirse con toda la seriedad y rigurosidad posible, tal y como se vendió desde la narrativa oficial.
El 2025 será un año clave. Recordar que no solamente la desintegración de órganos vulnera derechos, también lo hace colocar perfiles no adecuados que por la misma razón incumplen cabalmente con sus encomiendas. Además de este voluminoso paquete de responsabilidades judiciales, el Ejecutivo y el Senado deben resolver las 5 responsabilidades pendientes que hay en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, así como las que concluirán el próximo 31 de diciembre en el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más las correspondientes a 2025, como la de la Auditoría Superior de la Federación. Esperamos que el saldo sea una integración idónea y que no se siga profundizando la desintegración institucional.
