Durante su conferencia matutina del pasado 12 febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó la importancia de transparentar la información en materia de condonaciones fiscales y otros beneficios que han recibido unos cuantos. En Fundar coincidimos en la necesidad de garantizar el derecho de acceso a la información que es relevante para toda la población, e instamos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a cumplir las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que lo obligan a hacer pública dicha información.
El artículo 6º constitucional establece que las resoluciones del INAI deben ser acatadas por las autoridades y, a pesar de esto, el SAT ha incumplido aquellas resoluciones que le ordenan entregar la información sobre las personas y empresas a quienes se les condonaron o cancelaron impuestos y otras deudas fiscales en el periodo previo a la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (5 de mayo de 2015).
Como fue documentado por Fundar en el proyecto “Privilegios Fiscales. Beneficios inexplicables para unos cuantos”, la condonación y/o cancelación de impuestos y adeudos fiscales ha beneficiado, principalmente, a los grandes contribuyentes, es decir, a quienes tienen mayores ingresos. Tan sólo en el año 2013, los montos perdonados a 36 empresas representaron el 0.5% del PIB de ese año. Las amnistías fiscales aplicadas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto beneficiaron a grandes empresas. Durante 7 años, el SAT no pudo cobrarles impuestos a 15 grandes contribuyentes y terminó perdonándoles el pago de 46 mil millones de pesos.
Desde agosto de 2015 Fundar inicio la solicitud de información sobre las personas físicas y morales y el motivo por el que recibieron estos beneficios entre 2007 y 2015. Ese año el INAI determinó que esta información debe ser pública pero el SAT se ha negado a entregarla, lo que ha derivado en un proceso judicial que continúa hasta el día de hoy. Por lo anterior, instamos a las autoridades fiscales a saldar la deuda que la administración anterior dejó con la ciudadanía, al violar de forma sistemática nuestro derecho a la información.