Acostumbrado a las labores de un campesino indígena de la sierra mixteca de Oaxaca, don Enrique recolectaba naranjas para su hija Irene. Era un día como cualquier otro en el 2015, pero las faenas del campo siempre conllevan riesgos: tuvo una aparatosa caída, sufriendo golpes en la cabeza y el torso. Al pasar del día, a la familia le extraña no saber de él, al encontrarlo, se encuentra seminconsciente en una zanja.
Los hijos de don Enrique lo llevaron al hospital más cercano, un hospital básico comunitario con buenas instalaciones, pero sin la capacidad de realizarle todos los estudios de laboratorio pertinentes para contar con un diagnóstico completo. Comenzó así un camino de idas y vueltas a laboratorios privados en donde cada estudio implicaba más y más gastos del bolsillo de los hijos. Eso no importaba, era urgente saber cuál era su condición, pues su salud empeoraba.
Al reingresar al hospital básico comunitario, se suma un gasto más: el traslado en la ambulancia hacia el Hospital General Civil (público) en la ciudad de Oaxaca. Donde toda la atención y hasta el traslado, es condicionada a que estuviera incorporado al Seguro Popular, afortunadamente lo estaba. Desde entonces, se han repetido viajes desde la sierra a la capital del estado.
Después de una álgida exigencia de sus derechos, y una persistente gestión ante las instituciones, los gastos han sido reembolsados a la familia. Pero ¿cómo saber si la dilatación en la atención produjo daños irreversibles? Si así fuera ¿quién se hace responsable?, ¿quién asume el agobio de la familia por tener que pagar por servicios que deberían ser gratuitos? Y, si no hubieran tenido con qué pagar ¿les habrían negado la atención?, ¿no que el Seguro Popular se implementa para fortalecer el derecho constitucional a la salud?
Seguramente, el caso de don Enrique sólo se registrará como un número más, para dar por cumplidas las metas de cobertura de la población por el Seguro Popular, en esa entidad y en el país.
El Informe de la Cuenta Pública 2015 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, reitera evidencia que explica lo sucedido a don Enrique y su familia, y por otro lado, da observaciones que por lo visto son desconsideradas por las autoridades.
La desprotección financiera a la que se enfrentaron don Enrique y su familia sin una respuesta del Seguro Popular, pese a ser uno de los objetivos centrales de su modelo (la protección financiera de la población beneficiaria ante contingencias médicas), en gran medida se debe a la carencia de criterios claros que sustentan las intervenciones médicas incluidas en las tres carteras del Sistema de Protección Social en Salud.[1] Tal situación, también lleva a la Auditoría a puntualizar sobre el riesgo de que las intervenciones cubiertas no respondan a las principales necesidades de salud de la población afiliada. Por ejemplo, al año 2015, las 494 intervenciones médicas incluidas en las tres carteras cubrieron sólo el 7.0% (1,016) de los 14,423 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
La Auditoría llama la atención en que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y los Regímenes Estatales del Sistema, no generan la evidencia suficiente para poder constatar que existe un diagnóstico para identificar el estado que guardan la infraestructura y el equipamiento médico; ni determinar la suficiencia de los recursos materiales para atender las necesidades de salud de los usuarios, siendo las obligaciones de las instancias responsables de la gestión del Seguro Popular.
Esto último es central, para poner sobre la mesa la revisión del modelo, porque jamás las autoridades hacendarias ni las autoridades sanitarias, han evaluado o han puesto en la arena pública, como un ejercicio de rendición de cuentas básico, si los recursos financieros del Seguro Popular son suficientes para responder a sus necesidades de atención en salud.
La información que detentan se refiere a las características básicas de la población afiliada (por ejemplo familias con titularidad de mujeres en la póliza de afiliación o decil de ingreso de los afiliados), al tipo de atención en salud que se otorgó y a cuánto del presupuesto se ejerció, dejando un enorme vacío a lo que en palabras de la Auditoría, corresponde informar al país: si cuenta con recursos suficientes para asegurar la atención efectiva, y no sólo la afiliación nominal de las personas.
Para muestra un botón, en el Ejecutivo Federal no hay explicación acerca de las consecuencias de las decisiones financieras del Seguro Popular. En la Cuenta Pública 2015, simplemente se reporta el gasto total del presupuesto del Seguro Popular que quedó tras el recorte de más de 5 mil millones de pesos que el Ejecutivo aplicó sobre el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados (de 74 mil 789 pesos, se bajó a 69 mil 145 millones de pesos) y que representa más de la mitad de todo el presupuesto de la Secretaría de Salud federal y de los 32 servicios estatales de salud. En vez de asumir la responsabilidad ante el bien público, las autoridades a lo largo de la Cuenta Pública son omisas en esclarecer si hubo abasto de medicamentos, si las plantillas del personal de salud estuvieron completas, si se concretaron las reparaciones o ampliaciones en los establecimientos de salud, y si las ambulancias contaron con gasolina, equipamiento de calidad y chófer para su funcionamiento real. De manera ligera, se limita a reportar cifras del ejercicio del gasto del Seguro Popular (7.5% respecto del presupuesto autorizado), de la población afiliada (57 millones de personas, de las cuales 3.7 millones corresponden a nuevos beneficiarios) y enlistar atenciones en salud, sin nunca mencionar si el recorte que indica afectó a las y los afiliados a la atención en salud.
Evidentemente hay un problema en cómo la autoridad entiende y asume su responsabilidad del uso del presupuesto público para resolver el problema de la falta de acceso de la población sin seguridad social a los servicios de salud. Así es que al día de hoy, el Seguro Popular no es ni tan seguro ni tan popular.
Por Daniela Díaz Echeverría, investigadora en @FundarMexico
[1] Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES); Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), y Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI).
