En medio del nuevo orden de desglobalización con la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el gobierno mexicano anunció sus planes de soberanía energética con acciones como acelerar las inversiones en generación eléctrica, reducir la importación de gas natural e impulsar 59 proyectos de inversión para fortalecer las redes de transmisión y distribución. El gobierno enfatizó que el 25 % de la inversión de este año será para energías renovables, y para ello, el trámite de los permisos correspondientes será más rápido.
Ante la gravedad que implica los costos socioambientales y la falta de acceso a la información, es importante retomar las lecciones que nos han dejado el uso (y mal uso) de las energías renovables.
El sector energético es una de las industrias más contaminantes en el mundo, mayormente por la quema de combustibles fósiles. Es responsable del 76 % de las emisiones globales, incluyendo los subsectores de transporte, generación de electricidad y generación de calor.
La instalación de energía renovable, bajo una lógica mercantil a gran escala en México, también ha tenido un elevado costo social, con afectaciones como el despojo de tierras, la violación a la libre determinación de pueblos indígenas, especialmente en Yucatán y Oaxaca, así como la fragmentación de las comunidades, porque -además- la energía no ha sido para su autoconsumo.
Y es que, en los aspectos ambientales y sociales, uno de los principales problemas de las renovables en nuestro país ha sido la falta de acceso a la información y la rendición de cuentas por parte del Estado. Frente a la actual crisis climática global, México debe actuar congruentemente al ser un país firmante del acuerdo de Escazú, donde se comprometió a garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.
Los planes de soberanía energética no pueden ocurrir en detrimento de los derechos colectivos y del impacto territorial donde se sitúen. Por eso es importante exigir el acceso a la información, evaluaciones socioambientales rigurosas y el respeto a derechos colectivos.
