¿En qué momento llegamos a tener un Estado en el que el hombre más rico de México, y el segundo hombre más rico del mundo, Carlos Slim, podría pagarle un salario mínimo a dos millones de mexicanos sin perder un solo peso de su riqueza? ¿Cómo se explica que, a pesar de un crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) per cápita de 26% entre 1996 y 2014, el porcentaje de personas que viven en pobreza y en pobreza extrema se haya mantenido constante desde la década de los 90 hasta la fecha? ¿Por qué México está entre el 25% de los países con más desigualdad en el mundo?
Según el estudio de Gerardo Esquivel, Desigualdad Extrema en México, publicado por Oxfam México la semana pasada, una de las causas de esa profunda desigualdad se encuentra en la captura económica y política del Estado por una élite de multimillonarios y millonarios que ha impulsado políticas económicas, públicas, fiscales y laborales convenientes para el crecimiento de su riqueza, pero con impactos muy negativos para quienes menos tienen y que por tanto ha generado un crecimiento excluyente de la economía mexicana.
Las cifras del estudio son impactantes: en México, el 1% más rico concentra 21% de los ingresos totales del país, mientras que en otros países el percentil más rico concentra alrededor de 10% de la riqueza. En México 64.4% de todo el ingreso nacional se concentra en el 10% de la problación más rica. La riqueza de las cuatro personas más ricas de México (Slim, Larrea, Bailleres y Salinas Pliego) aumentó 4.5 veces en poco más de una década (al pasar de 2% a 9% como proporción del PIB). El salario mínimo solo alcanza para comprar poco más de la cuarta parte de lo que se podía adquirir en 1976.
La forma en la que hemos construido el Estado mexicano tiene mucho que ver con dichas cifras. Tan solo en el caso de las políticas fiscales, el porcentaje de ingresos públicos que proviene de impuestos a bienes y servicios (54%), y las tasas bajas de ISR en comparación con los países de la OCDE (la tasa marginal en México es 32%, mientras el promedio de la OCDE es 50%), dan como resultado un sistema fiscal muy poco progresivo, en el que quienes menos tienen pagan más impuestos como proporción de su ingreso, que aquellos que más tienen. Además, no existen impuestos (o no son suficientemente altos) para las ganancias de capital, los dividendos y los intereses.
Algo similar ocurre con las exenciones fiscales: parece un contrasentido que cuando existen carencias muy básicas como falta de electricidad, drenaje o agua en miles de escuelas públicas en México, se subsidien las colegiaturas para las escuelas privadas (88.4% de este beneficio lo obtiene el 10% más rico de la población).
El problema de la desigualdad no es exclusivo de México. Según cifras de Oxfam, 80 personas poseen más riqueza que la suma de lo que tiene la mitad más pobre de la población del mundo. En América Latina, existen países con niveles de desigualdad similares a los de México. Lo más grave de esta situación es que millones de personas no pueden ver satisfechas sus necesidades y requerimientos básicos de alimentación, acceso al agua, salud o educación, por mencionar algunas. Parte de las recomendaciones de Esquivel incluyen la construcción de un Estado Social en el que en lugar de contar con un gobierno asistencialista pensemos y generemos un estado que garantice los derechos humanos.
En Fundar coincidimos con la necesidad de vincular la política fiscal con el goce de los derechos humanos. Es por eso que recientemente nos hemos adherido a la Declaración de Lima sobre #JusticiaFiscal y Derechos Humanos. Y es por eso que en todas las propuestas de políticas públicas que hacemos, incluimos la necesidad de garantizar los derechos humanos ya sea mediante mejoras en las formas de ejercer los recursos públicos o a través de mecanismos más transparentes, accesibles y confiables para realizar las políticas públicas.
No podemos seguir viviendo en un Estado de desigualdad como el que tenemos hoy. Si pretendemos que el país tenga futuro debemos, como sugiere Esquivel y como hemos hecho desde distintos sectores de la sociedad civil desde hace tiempo, discutir seriamente sobre el uso de las políticas y los recursos públicos para tener un estado más equitativo e igualitario que garantice los derechos humanos de todas y todos y que despliegue su verdadero potencial productivo.
http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2015/07/02/estado-de-desigualdad/
