Ya ha pasado un año desde que el gobierno federal puso en marcha el Plan México, la estrategia de industrialización para fortalecer las capacidades productivas de nuestro país. A los pocos días de su lanzamiento, el gobierno federal creó estímulos fiscales para la atracción de inversiones, promover la capacitación laboral y fortalecer la innovación tecnológica.
A grandes rasgos, los estímulos consisten en permitir que las empresas y personas físicas paguen menos impuestos a cambio de que el gobierno alcance un objetivo económico más importante. Como cualquier otra política, deben estar sujetos a medidas de rendición de cuentas y garantizar los derechos sociales, pues de otro modo pueden convertirse en privilegios fiscales. ¿Qué evidencia hay sobre su impacto? ¿Han funcionado?
Los estímulos fiscales del Plan México, con una bolsa de 30 mil millones de pesos a distribuirse en 5 años, permiten que las empresas y personas físicas paguen menos impuestos –mediante deducciones preferenciales– si realizan alguno de los siguientes tipos de gastos:
- Inversión en activos fijos nuevos, como maquinaria y equipo especializado, instalaciones o patentes.
- Capacitación a personal, particularmente mediante programas que proporcionen conocimientos técnicos o científicos.
- Desarrollo de planes de inversión para la obtención de patentes o para la certificación inicial que permita a las empresas sumarse a las cadenas de valor locales y regionales.
Para acceder a estos estímulos fiscales, un Comité integrado por la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización –a cargo de Altagracia Gómez–, debe estudiar los proyectos de inversión que presenten los contribuyentes. Según datos de la Secretaría de Economía, al cierre del primer semestre de 2025, dicho Comité había aprobado dos proyectos, y doce se encontraban aún en trámite. Ni los montos de estos apoyos ni la información sobre quienes fueron beneficiados han sido reportados.
Aunque el Comité tiene la obligación de evaluar si los proyectos cumplen con los fines del Plan México y otros requisitos legales, la toma de decisiones debería transparentarse proactivamente. Debido a esta ausencia de información, es imposible realizar un balance técnico sobre sus resultados, a pesar de que los estímulos fiscales son una de las principales herramientas de política fiscal que buscan fortalecer nuestra economía en un contexto geopolítico marcado por la incertidumbre.
Esta situación da pie a diferentes preguntas: ¿qué perfil de empresas se beneficiarán de los estímulos fiscales en sus tres componentes? ¿Cuáles son los proyectos que han sido aprobados, cuáles han sido rechazados y qué razones justifican dichas decisiones? ¿En qué medida el Comité de Evaluación incorpora proyectos comprometidos con la igualdad de género o la sostenibilidad ambiental? Resolver estas dudas es fundamental para garantizar que los estímulos fiscales contribuyan a la soberanía productiva.
Además del estímulo fiscal aquí analizado, el Plan México ha impulsado la creación de más incentivos durante este año, entre los que destacan los estímulos fiscales para los polos de bienestar, los proyectos de economía circular y para la repatriación de capitales. Desafortunadamente, las reglas de estos estímulos tampoco obligan a las autoridades a publicar información detallada sobre sus resultados.
En el marco del Plan México, el gobierno federal ha impulsado diferentes estrategias para elevar las capacidades productivas de nuestro país en un contexto geopolítico incierto. Sin embargo, sería un grave error que estas políticas se implementen sin una adecuada rendición de cuentas a la sociedad. Para garantizar que cada peso invertido por el Estado mexicano esté cumpliendo los objetivos del Plan, es indispensable que se transparente la información sobre quiénes se han beneficiado de los estímulos fiscales y las labores del Comité de Evaluación.
