Del 31 de octubre al 1 de noviembre de este año tuvo lugar en Londres la Cumbre Anual de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), u Open Government Partnership (OGP) en inglés. Esta Alianza vio la luz en 2011, cuando varios países (entre los que se encontraba México) se dieron a la tarea de mejorar la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación e innovación en la gestión pública, a través de la colaboración entre gobiernos y sociedad civil. Para ello, la AGA estableció la creación por parte de los diferentes países de Planes de Acción nacionales, en los cuales se establecieran una serie de compromisos específicos para avanzar en este sentido.
Tras un aparatoso inicio, la AGA mexicana elaboró y desarrolló el primer Plan en 2012. Y justo este viernes pasado se lanzó el segundo Plan 2013-2015, mismo que incluye 26 compromisos construidos en conjunto entre representantes de la sociedad y el gobierno mexicanos, y que se dividen en nueve diferentes grupos temáticos. Además de estos compromisos, se incluyen aquellos propuestos por el gobierno directamente y las propuestas del Plan 2012 que no fueron cumplidas en su totalidad ese año.
Dentro de estos grupos temáticos se encuentra el dedicado a mejorar la apertura de las industrias extractivas; es decir, de la política pública en materia petrolera y minera. Como es ampliamente conocido, en México la explotación de los hidrocarburos y los minerales tiene fuertes implicaciones en toda una serie de aspectos de la vida pública. Por ejemplo, los recursos obtenidos por la venta del petróleo suponen más del 30% de los ingresos del sector público presupuestario. Vamos, de los recursos que financian el presupuesto público. Por lo tanto, gracias a la actividad petrolera, el gobierno puede contar con los medios para proveer servicios públicos y realizar acciones en beneficio de la población mexicana; quien finalmente (y como los establece la Constitución) es la propietaria de hidrocarburos y minerales. Sin embargo, la actividad extractiva también conlleva fuertes daños para la población y el medio ambiente en las zonas donde se desarrollan los proyectos; así como impactos de alcance global, tales como el cambio climático. Por todas estas razones, es vital promover acciones que permitan una mayor participación de la población en el manejo de estos recursos naturales.
De hecho, la preocupación y el interés por mejorar la gestión de estas industrias a través de la inclusión de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación en las mismas es una cuestión importante también a nivel internacional. Una clara prueba de ello es que la AGA ha creado un Grupo de Trabajo Global sobre Industrias Extractivas (encargado de dar un mayor impulso a este tema dentro de esta Alianza), el cual fue presentado durante la cumbre de Londres. Este Grupo, entre otras cosas, promoverá el intercambio de información y experiencia entre los diferentes países; lo que sin duda será de mucha utilidad para avanzar en el trabajo que se lleve a cabo sobre este tema a nivel nacional. Les invito entonces a que se informen más sobre esta interesante Alianza y se animen a exigirle al gobierno que promueva medios para que todas y todos podamos tener una mayor participación en temas que tienen una importancia central para el desarrollo del país y nuestro bienestar. Para ello, no duden en informarse más sobre la AGA y otros espacios en los cuales sumar su voz puede hacer la diferencia.
Aroa de la Fuente
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle19361.html
