- Mujeres indígenas jornaleras en conjunto con la Alianza Campo Justo discutieron sus condiciones de vida y trabajo para ellas y sus familias, que implican una movilidad constante en el territorio mexicano.
- Esta población ha vivido sistemáticamente olvidada por las instituciones públicas a nivel federal, estatal y municipal y demanda respuestas a carencias en áreas clave como salud, educación, condiciones laborales dignas y seguridad social.
Tlapa, Gro., a 7 de noviembre de 2024.- Durante su campaña electoral, la actual presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a las y los jornaleros agrícolas como una población prioritaria para su gobierno y señaló la posibilidad de crear un programa específico para atender las problemáticas que les aquejan. Aunque las mujeres jornaleras celebramos dicho reconocimiento, abordar la situación de nuestras familias es un desafío complejo. Este reto requiere un esfuerzo de coordinación interinstitucional a nivel federal, estatal y municipal, tanto en las zonas de origen como en los destinos migratorios.
En Guerrero, las emergencias humanitarias causadas por fenómenos naturales como el huracán John ponen en evidencia las condiciones de vida precarias y que afectan de manera desproporcionada a las familias indígenas jornaleras. Un ejemplo concreto es que los censos para medir los daños y necesidades de la población afectada no son realizados de manera adecuada y dejan fuera a diversas comunidades.
Sin embargo, la problemática que enfrenta la población jornalera no se limita al impacto de huracanes. Las y los jornaleros agrícolas no reciben los apoyos ni programas sociales a los que deberían tener acceso. De 12,061 personas registradas en el último año, solamente 87 reportaron ser beneficiarias de algún apoyo [1]. Esta carencia se suma al hecho de que las familias jornaleras no reciben un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas y que, para poder mantener a sus hogares, se ven obligadas a trabajar jornadas extenuantes.
Para las mujeres indígenas jornaleras, la situación es aún más difícil, ya que, además, se ven obligadas a trabajar en condiciones laborales indignas, a menudo mientras maternan, sin que se les reconozca el derecho a la licencia de maternidad con goce de sueldo y sin que se les provea de servicios básicos como guarderías o escuelas, lo que perpetúa el ciclo de desigualdad.
Es necesario que las autoridades implementen políticas públicas inclusivas que respondan a las realidades complejas que enfrenta la población jornalera. Entre otras, deben realizar inspecciones regulares en los campos agrícolas y capacitaciones a patrones y trabajadores/as agrícolas para garantizar que respeten los derechos laborales de las y los jornaleros, especialmente de las mujeres, y se cumplan con las condiciones mínimas de trabajo, salud, cuidados y seguridad.
Es fundamental que el gobierno actúe de manera urgente para proteger a quienes, con su trabajo, alimentan a México.
La Alianza Campo Justo es un esfuerzo colectivo de cuatro organizaciones de la sociedad civil -la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (la Red), Fundar, Centro de Análisis e Investigación (Fundar), Oxfam México (Oxfam) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Tlachinollan).
- Cifra obtenida de registros elaborados por el Consejo Jornaleros Agrícolas de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
Contacto para prensa
- Salvador Cisneros. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: [email protected] y 757-106-60-95
- Ariane Assemat. Coordinadora Técnica de la Alianza Campo Justo: [email protected] y 747-105-35-14
