● La inversión federal y estatal en desaparición e identificación equivale a menos de un
centavo por cada 100 pesos presupuestados.
● Los estados con mayor crisis no son los que más invierten.
● La precarización del personal de las Comisiones Locales de Búsqueda compromete la
respuesta institucional.
Ciudad de México, 9 de diciembre de 2025.- Un nuevo análisis de Elementa DDHH, Fundar y Política Colectiva muestra que, pese a más de 120 mil personas desaparecidas y 79 mil cuerpos sin identificar, la federación y los estados destinaron solo 0.036% de su gasto conjunto en 2024 a búsqueda e identificación. Esto significa que, si el presupuesto federal y estatal fueran 100 pesos, no se habría destinado ni un centavo en buscar e identificar a todas las personas.
En contraste, los gobiernos gastaron casi cuatro veces más en publicidad oficial que en enfrentar esta problemática. El análisis —basado en información de las 32 cuentas públicas estatales, la Cuenta Pública Federal, el FASP, la clasificación administrativa de la FGR y más de 60 solicitudes de información— arroja que durante 2024 la inversión total identificada para búsqueda e identificación fue de $3,892 millones de pesos, de los cuales solo $1,330 millones se destinaron a búsqueda y $2,561 millones a identificación. Las organizaciones advierten que esta asignación es marginal e inercial frente a una problemática que crece de manera exponencial.
El documento presentado también evidencia que la respuesta pública no solo es mínima, sino profundamente desalineada con la magnitud territorial de la crisis. Los Estados con mayores números de desaparición o identificación no son los que más recursos gastaron. Algunos ejemplos críticos:
– Tamaulipas, segundo lugar nacional en personas desaparecidas, ocupó el lugar 21 en inversión total para la búsqueda.
– Baja California, con más de 13 mil cuerpos sin identificar (más del 16% del total nacional), se ubicó apenas en el lugar 9 en gasto para la crisis forense.
– La Ciudad de México y el Estado de México, también con importantes rezagos forenses, quedaron en los lugares 30 y 13 respectivamente.
Estos contrastes revelan que no existe un mecanismo nacional de priorización y que los recursos se asignan sin correspondencia con la gravedad local de las crisis.
El estudio también comprende un análisis de las estructuras orgánicas de las Comisiones Locales de Búsqueda. Al respecto, se identificó que al menos 906 personas integraron estas instituciones durante 2024; de las cuales, tan solo el 19% contó con una plaza de base. Aunque hay estados como Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y San Luis donde la mayoría de su personal cuenta con contrato de base, lo cierto es que la gran mayoría opera bajo contratos temporales, de confianza o figuras no estandarizadas. Esta precarización no es un problema administrativo: genera rotación constante, limita la especialización y dificulta la búsqueda contínua, afectando directamente a las familias que esperan resultados.
Para Elementa, Fundar y Política Colectiva, los hallazgos muestran que la emergencia no se debe únicamente a la violencia y a los rezagos acumulados, sino a un modelo fragmentado que carece de estándares mínimos y coordinación efectiva. Por ello, es indispensable:
– Aumentar sustancialmente la inversión pública y garantizar que sea proporcional a la magnitud de la crisis en cada entidad.
– Fortalecer las capacidades estatales, especialmente en servicios forenses.
– Garantizar condiciones laborales dignas y estables para el personal de las CLB.
– Establecer una rectoría federal efectiva en materia de presupuesto que dé coherencia, previsibilidad y continuidad a la política pública.
Sin estos cambios estructurales, México continuará operando bajo un modelo que solamente administra la crisis. Una política pública proporcional, coordinada y financiada adecuadamente es indispensable para garantizar verdad, justicia y restitución digna a miles de familias en todo el país.
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