- Los atentados en Morelia hacen patente la grave crisis de inseguridad que vivimos y apuntan la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de la población
- Los lamentables acontecimientos demandan acciones concretas en lo inmediato y de largo plazo para recuperar la certidumbre jurídica y el pleno estado de derecho
- Urge revisión de las políticas de seguridad y mecanismos que garanticen eficacia y rendición de cuentas
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. expresa su total repudio ante los hechos de violencia del pasado 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, y se solidariza con las víctimas.
El crimen contra la población civil es una manifestación más del descontrol que han alcanzado los grupos criminales en el país, y representa un grave giro en la estrategia del crimen organizado. Lamentablemente, estos actos también son reveladores del errático rumbo de las políticas que ha emprendido el Estado mexicano en materia de seguridad.
La estrategia de militarización y combate frontal del crimen organizado seguida por el gobierno federal tiende a incrementar de manera alarmante los niveles de violencia en todo el territorio nacional, y deja al descubierto la incapacidad de las autoridades del Estado en su conjunto para garantizar la seguridad de la población civil.
A pesar de ello, los dolorosos acontecimientos del pasado lunes no deben servir de pretexto para avivar la discusión sobre la implementación de políticas de mano dura y recursos para incrementar una represión injustificada. La construcción de capacidad efectiva para combatir el crimen requiere medidas de mediano y largo plazo, incluyendo instancias de control y rendición de cuentas. El preocupante giro discursivo de las autoridades de todos los poderes desvía la atención de este reto, centrando la atención en una estrategia de endurecimiento sin controles, y un fortalecimiento del aparato de seguridad sin conducción y sin certidumbre. En estos términos, habilita el desdén por los derechos humanos y abona al enrarecido entorno de exacerbación de la violencia.
El deleznable atentado perpetrado en Morelia en contra de todos los mexicanos debe ser un elemento más para la reflexión y revisión no solo de las políticas actuales de seguridad, sino también de las políticas en materia social y económica. Al respecto, las experiencias internacionales en el tema muestran que la disminución de la delincuencia está necesariamente relacionada con una reforma integral de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. También señalan que el éxito de las políticas de lucha contra la inseguridad se inserta en el contexto socio-económico más amplio vivido en el país y depende estrechamente de la capacidad de lograr un desarrollo económico sostenido.
Desde Fundar, insistimos en dos aspectos centrales a este proceso de construcción de capacidades. En primer lugar, toda acción correctiva y propuesta de desarrollo institucional debe partir de un diagnóstico de fondo de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, que permita identificar los problemas operativos y sustantivos, subsanar las deficiencias del sistema en su conjunto y generar certidumbre en torno a la actuación de las fuerzas policiales. En segundo lugar, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad debe acompañarse del establecimiento de controles internos y externos eficaces, que promuevan la rendición de cuentas en el ejercicio de las políticas de seguridad pública, y garanticen que los cuerpos policiales en todos los niveles combaten, y no apoyan o facilitan, las actividades del crimen organizado.
Es necesario actuar con decisión, sí, pero también con perspectiva estratégica para el largo plazo, a fin de consolidar el estado de derecho y garantizar condiciones dignas de vida a la población. Sin partir de un diagnóstico, sin controles claros y sin previsiones para el mediano y largo plazo, el endurecimiento de la política de seguridad seguirá siendo ineficaz y volátil.
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