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¿Gobierno abierto sin acceso a la información?

El término Gobierno abierto no es nuevo, sin embargo, su significado ha ido cambiando sustancialmente a lo largo de las últimas décadas. De ser una expresión que se utilizaba sólo para tratar cuestiones relacionadas con la transparencia de los gobiernos y el acceso a la información pública, actualmente representa un nuevo modelo de relación entre gobierno y sociedad que se caracteriza por la existencia de un diálogo permanente, dinámico y colaborativo entre ambas partes, donde las tecnologías de la información juegan un rol transcendental.

Debido a su amplitud, este concepto tiende a ser ambiguo e incluso puede llegar a confundirse con otras expresiones parecidas, como “gobierno electrónico”, “transparencia activa”, “transparencia focalizada” o incluso con “información gubernamental abierta”. Sin embargo, la idea de Gobierno abierto trasciende por mucho estos términos. Si bien existen diversas definiciones del concepto, existe un acuerdo entre las múltiples acepciones disponibles que concuerdan en que los tres elementos que lo configuran son: a) transparencia; b) participación; y c) colaboración.

Con objeto de aterrizar este concepto y sus elementos en acciones concretas, en los últimos años han surgido distintas experiencias y proyectos a lo largo del mundo en distintos niveles de gobierno. Una de ellas es la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una iniciativa multilateral lanzada en septiembre de 2011, que a la fecha ha logrado sumar a gobiernos, organizaciones y desarrolladores de 57 países de todo el mundo.

México forma parte de esta iniciativa y eso es de celebrarse, no obstante, será muy difícil caminar hacia la construcción de un verdadero Gobierno abierto cuando seguimos enfrentando problemas para acceder a información básica sobre el ejercicio de los recursos públicos y los procesos de toma de decisión de las autoridades.

Para ejemplificar lo anterior, pongo sobre la mesa dos temas relacionados con la falta de transparencia y la rendición de cuentas de nuestros gobiernos: el uso de los recursos ejercidos por el gobierno federal y los gobiernos estatales en materia de publicidad oficial o comunicación social y, los créditos fiscales cancelados de forma masiva en 2007 que ascienden a 73,960.4 millones de pesos.

A pesar del contexto de exigencia que se ha generado en torno a estos casos, seguimos sin conocer los motivos y los nombres de las personas físicas y morales a las que les fueron cancelados dichos créditos fiscales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva más de dos años incumpliendo las resoluciones del Instituto Federal de Transparencia y Protección de Datos (IFAI) en esta materia que le instruyen a entregar la información. El IFAI incluso ha interpuesto dos denuncias (3880/10 y 6030/09) ante la Secretaría de la Función Pública pero no tenemos información para saber si se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes o si se han aplicado sanciones contra los funcionarios responsables del incumplimiento de la Ley.

Pero más allá de las sanciones, lo más preocupante, es que el SAT sigue sin entregar la información a pesar de que de acuerdo con el artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y con la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, las resoluciones de IFAI son definitivas e inatacables por los sujetos obligados.

En el marco de la AGA, las autoridades fiscales publicaron una base de datos en Excel con bastante información sobre este tema pero se negaron rotundamente a entregar la información relativa a los nombres y motivos de estas cancelaciones, so pretexto del llamado “secreto fiscal”, violando de esta manera el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.

En cuanto al tema de publicidad oficial, sucede lo mismo. En el marco de la AGA, Artículo 19 y Fundar, tuvimos la posibilidad de conocer el Sistema de Gastos de Comunicación Social (COMSOC), una plataforma gestionada por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública en la que se encuentra la información sistematizada sobre el uso y destino de estos recursos. No obstante, hasta el momento estas dependencias se han negado a hacer público dicho sistema, argumentando limitaciones técnicas y presupuestarias.

Con base en estos ejemplos y en los distintos proyectos de investigación que llevamos a cabo en Fundar, podemos decir que a pesar de las diferencias y particularidades de los sistemas de acceso a la información de nuestro país, existe un diagnóstico compartido que debe tomarse en cuenta para llevar a cabo cualquier reforma en la materia: órganos garantes débiles que carecen de autonomía y especialización y con una visión muy acotada de su mandato; poca inversión en infraestructura humana, material y tecnológica en las oficinas públicas para hacer del acceso a la información una realidad; falta de sensibilización y capacitación técnica de los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la información; incumplimiento de los criterios mínimos de calidad, oportunidad, confiabilidad y accesibilidad de la información; y ausencia de sanciones efectivas al marco normativo de acceso a la información.

La entrada de un nuevo gobierno y una nueva Legislatura es un momento oportuno para hacer una reflexión seria e informada sobre las problemáticas que enfrenta el acceso a la información y la transparencia en nuestro país. No debemos dejarnos llevar por la tendencia de crear nuevas instituciones y hacer reformas exprés sin tener un diagnóstico claro de los retos y pendientes que existen en esta materia y sin escuchar a los distintos sectores de la sociedad que tienen algo que decir al respecto. Sólo de esta manera podremos formar parte del movimiento global a favor de los gobiernos abiertos, pero no sólo para ganar credibilidad y aplauso, sino para tomar nuevas fuerzas para enfrentar los obstáculos y desafíos que nuestro país enfrenta.

*Haydeé Pérez

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle17099.html