Las organizaciones firmantes expresamos nuestro rechazo ante las declaraciones emitidas la semana pasada por John Feeley, Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos en México, que la liberación del 15% de recursos de la Iniciativa Mérida, condicionado a un informe que acreditara el cumplimiento por parte del gobierno Mexicano con varias obligaciones básicas en materia de derechos humanos, ya habría sido autorizada por el gobierno Estadounidense.
Según la Iniciativa Mérida (Ley de Asignaciones Complementarías del 2008, Ley pública 110-252 del gobierno norteamericano), dichos fondos “no pueden ser liberados” hasta que el Departamento de Estado informa que México “garantice” que las autoridades civiles “están investigando y procesando” a miembros de la policía federal y las fuerzas armadas que hayan cometido violaciones a los derechos humanos. En su informe, emitido el 13 de agosto 2009, el Departamento de Estado de ninguna manera afirma que el gobierno mexicano cumpla con esta condición, siendo uno de los cuatro elementos de derechos humanos en la Iniciativa Mérida. El informe determina que la práctica Mexicana permite en casi todos los casos que los militares investiguen presuntas violaciones a los derechos humanos, y aunque menciona el castigo aplicado a cuatro soldados por una corte civil en el caso Castaños por hechos sucedidos en el 2006, no cita ningún ejemplo parecido desde la promulgación de la Iniciativa Mérida el 30 de junio del 2008. Por otro lado, el informe reconoce que en el actual sexenio (hasta mayo del año en curso) la CNDH ha recibido más de 2000 quejas en contra de la Sedena y que “la opacidad del sistema de justicia militar dificulta el análisis de la naturaleza y clase de quejas registradas, el estado que guardan los casos contra elementos militares que hayan violado los derechos humanos o los resultados del proceso militar”.
Solamente basándonos en el punto de la jurisdicción militar, entonces, con la liberación anunciada de manera de facto del 15% de la Iniciativa Mérida condicionado a los elementos de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos estaría violando sus propias leyes.
Lo anterior resultaría especialmente grave en el contexto actual mexicano. Enfatizamos que las cifras registradas por la CNDH o los medios de comunicación representan sólo un porcentaje de violaciones reales, ya que muchas no se denuncian debido al temor a represalias de las autoridades. Casos recientes de reportes confiables sobre violaciones de derechos humanos en 2009 incluyen, desapariciones forzadas en diferentes partes de México; la tortura de decenas de policías municipales detenidos en un cuartel militar en Tijuana, Baja California; los soldados que arbitrariamente abrieron fuego contra un autobús lleno de civiles que resultó en un asesinato, en Huamuxtitlán, Guerrero; y soldados que invadieron un grupo de comunidades rurales en el estado de Guerrero, torturando y amenazando a los pobladores.
Tales casos y la impunidad que suele regir en ellos contradicen las afirmaciones del gobierno de Calderón cuando argumenta que está cumpliendo con sus obligaciones, voluntariamente contraídas mediante la ratificación de tratados internacionales, en materia de derechos humanos; al contrario, representan graves violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán los más afectados por la violación del gobierno estadounidense a la Iniciativa Mérida (Ley pública 110-252), y la falta de cumplimiento de los derechos humanos por parte del gobierno mexicano. Las actuales acciones de ambos gobiernos representan una amenaza a los esfuerzos democráticos en México y generan mayores condiciones de impunidad. Promueven violaciones generalizadas a los derechos de los mexicanos, a nombre una guerra militarizada que no se ha mostrado eficaz para disminuir la inseguridad ni mucho menos para atacar las causas de la delincuencia o promover el respeto de los derechos fundamentales de la población.
