Desde antes de su aprobación, la reforma energética ha estado sujeta a fuertes críticas procedentes de diferentes sectores de la población que señalaron, en repetidas ocasiones y a través de los escasos espacios de participación existentes, su rechazo a la misma. Los argumentos esgrimidos han sido muchos y variados y continúan vigentes hoy en día. Algunos ejemplos son que la reforma representa violaciones a derechos humanos; retrocesos en la política ambiental; una amenaza al sostenimiento del gasto público; el debilitamiento de Petróleos Mexicanos como empresa del Estado en favor del sector privado; y la profundización de un modelo energético basado en la explotación de hidrocarburos (a través de técnicas cada vez más nocivas, como el fracking), contrario a las obligaciones internacionales y nacionales del Estado mexicano de reducir sus emisiones de gases causantes del cambio climático y de promoción de las energías renovables.
Sobre este último punto, es necesario recordar que, entre los numerosos compromisos que el Estado ha adquirido, en 2012 se aprobó en México la Ley General de Cambio Climático y el pasado mes de marzo el gobierno se comprometió en la arena internacional a alcanzar una reducción de 22% de las emisiones en 2030. Ahora bien, la reforma constitucional en materia energética y su legislación secundaria aprobadas, en tiempo récord y sin discusión pública, representan serios retrocesos en esta materia.
De esta manera, las disposiciones aprobadas en la Ley de la Industria Eléctrica permiten meter en el saco de la política climática actividades como la energía nuclear, las grandes hidroeléctricas, la explotación del gas natural o cualquier proyecto que utilice la muy cuestionable técnica de captura y almacenamiento de carbono. Actividades cuya realización, además de que representar fuertes emisiones de gases de efecto invernadero, riesgos para la garantía de los derechos humanos, degradación ambiental e insostenibilidad energética, representa un obstáculo al desarrollo de las energías renovables.
Así las cosas, a finales del 2014 apareció una luz entre tanta oscuridad, cuando la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Transición Energética (LTE), que fue turnada al Senado. Aunque esta Ley presenta diversas áreas de mejora, es la única de toda la reforma que supone beneficios para el medio ambiente y que promueve la reducción de las emisiones. De esta manera, presenta medidas para favorecer la transición hacia una matriz energética renovable, disminuir la dependencia del sector eléctrico de los combustibles fósiles y hacer más sostenible la generación de energía en el país. En esta línea, limitaría la explotación de los hidrocarburos no convencionales y, por tanto, el uso del fracking.
Pero la Ley va más allá, ya que aportaría otros beneficios mucho más palpables para la ciudadanía de a pie, como la reducción del recibo de la luz y la generación de, por lo menos, 40 mil empleos directos y hasta 200 mil indirectos. Asimismo, fortalece e incrementa las acciones de eficiencia energética, lo que implicará grandes ahorros para el país, tanto en términos energéticos como económicos. Es decir, permitirá cumplir con algunas de esas promesas que el gobierno hizo cuando presentó su reforma energética y que, en la situación actual, están muy lejos de poder ser cumplidas.
Conociendo estas ventajas, no pocas personas y organizaciones de sociedad civil se quedaron sorprendidas cuando constatamos que el Senado no tomó medidas para la aprobación de esta Ley el año pasado. Aún más sorprende que tampoco se haya hecho este año, ya que terminamos el mes de abril y con ello el periodo ordinario de sesiones del Legislativo sin que la LTE haya sido aprobada, por lo que habrá que esperar hasta septiembre. Esto, pese a la urgencia de tomar medidas para evitar el calentamiento global y que numerosas organizaciones no han dejado de exigir a las y los Senadores que cumplan con su deber de representar al pueblo mexicano y de tomar decisiones que beneficien el interés público; como lo ejemplifica el llamado que les hicieron la semana pasada, en el que les exigían la aprobación de la Ley antes de finalizar el mes de abril.
Ante esta situación, una pregunta que queda en el aire es por qué los legisladores han dejado pasar la oportunidad de permitir al país contar con una ley que es urgente tener, para poder hacer frente a los grandes retos que representa el cambio climático para la humanidad y el planeta. Las malas o buenas lenguas, según se mire, comentan que hay poderosos sectores económicos en el país que están tratando de que la ley no se apruebe tal como está, pues afectaría sus negocios. También se comenta que la LTE está siendo retrasada por las negociaciones entre partidos. Sea una u otra razón o ambas, lo que es innegable es que distan mucho de responder a las necesidades e intereses del común de la población.
Así las cosas, desde las organizaciones y la sociedad en general nos toca seguir insistiendo y poniendo el dedo sobre el renglón para el Senado cumpla con sus obligaciones y apruebe la Ley. Es el futuro de todas y todos lo que estén en juego, no podemos supeditarlo a los intereses de unos pocos.
Aroa de la Fuente
http://www.sinembargo.mx/opinion/04-05-2015/34224
