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¿Hasta cuándo se nos va la vida en los absurdos de la justicia?

El pasado 22 de junio se cumplieron trece años de los daños irreversibles sufridos por Irene Cruz Zúñiga y su familia. Un poco de contexto sobre esta historia, que es un caso de los miles que suceden en nuestro país todos los días. Irene tenía 26 años cuando fue sometida a una cesárea de emergencia que fue mal practicada, lo que trajo aparejados daños neuronales ocasionándole lesiones permanentes. Irene sobrevive hoy a las lesiones que hace trece años la dejaron inmovilizada e incapaz de hacerse cargo de su hijo. En pocas palabras, Irene es sobreviviente de la violencia obstétrica de la que fue víctima en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Tlaxiaco en Oaxaca.

Esta historia que nos remite al año 2001 es muestra clara de múltiples violaciones a los derechos humanos tanto de Irene como de su familia. La más evidente, la lesión al derecho a la salud y por las consecuencias de la violencia obstétrica, la ausencia de reparación del daño es una clara lesión a derechos humanos. Parece absurdo que un caso lleve más de una década sin solución, es increíble que trece años se digan fácil, pero ¿es fácil vivirlos en la injusticia? ¿en la impunidad?

La situación en la que se encuentran Irene y su familia es reflejo de una total negligencia por parte del Estado mexicano, no sólo no se procuró la salud de Irene y su hijo, sino que las consecuencias de esta mala praxis mantienen a su familia y a ella luchando por sobrevivir. La rehabilitación a la que debería de someterse parece que es un lujo, que en una situación de marginación y exclusión, es tan lejano como las garantías de no repetición que deberían de garantizar las instituciones públicas en este país.

El derecho a la reparación integral del daño de Irene y sus familiares es un derecho reconocido en la Constitución Mexicana y en tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, las dependencias de gobierno sólo les han ofertado el ingreso a ciertos programas y beneficios sociales preexistentes que para nada corresponden al trato digno que Irene y su familia merecen, además de que no alcanzan a cubrir los estándares de una verdadera e integral reparación. Aunado a lo anterior, el IMSS ha hecho caso omiso a una resolución de un Tribunal Unitario de Oaxaca que consideró, que pese a la prescripción del delito, era necesario reparar el daño ocasionado a Irene debido a la gravedad y continuidad de las afectaciones.

El olvido e indiferencia por parte de las instituciones de justicia y de las dependencias de salud para atender y mejorar la calidad de vida de Irene y su familia, parece que sigue con la lógica de perpetuar la discriminación y exclusión de muchas comunidades en nuestro país. Irene y su familia viven en Barranca Fiera, un paraje muy alejado y de difícil acceso, a seis horas de la ciudad de Oaxaca. Las barreras múltiples que han enfrentado para acceder a la justicia y la reparación del daño son el reflejo claro de la exclusión social y de la incapacidad del Estado mexicano para garantizar nuestros derechos. El caso de la violencia obstétrica y sus consecuencias, es muestra clara además de la suma de factores que mantienen a las mujeres en una situación de especial vulnerabilidad. ¿Hasta cuándo viviremos en el absurdo de hablar de décadas de injusticia? Que absurdo que se nos pueda ir la vida en ello.

Fundar, acompaña el caso, y hace un enérgico llamado a las autoridades para actuar frente a las continuas violaciones a los derechos humanos de las mujeres a causa de la violencia obstétrica y a actuar frente al ciclo de impunidad que vive Irene y su familia desde hace trece años.

Claudia López Sánchez

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle20483.html