Cuando se habla de impuestos, pocas veces el debate público gira en torno a lo que el Estado decide no cobrar. Esta discusión, sin embargo, volvió a tomar fuerza en las últimas semanas a partir de un debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre si los recursos de las Afores de las personas trabajadoras fallecidas deben pagar ISR.
Durante esta discusión, la ministra Lenia Batres planteó abrir otra conversación que México ha evitado durante años, la de gravar las grandes herencias y los legados. Su argumento fue que una herencia representa un ingreso para quien la recibe, aunque no haya participado en la generación de ese patrimonio, por lo que mantenerla completamente exenta contribuye a perpetuar la desigualdad. En reacción a esta discusión, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta y señaló que su gobierno no contempla impulsar un impuesto a las herencias.
En el reporte Privilegios Fiscales. El caso de la exención a las herencias multimillonarias recomendamos gravar las herencias y legados que superen los 8 millones de pesos para así incrementar significativamente nuestra recaudación y reducir la extrema concentración de la riqueza. El objetivo no es gravar el patrimonio de la mayoría de las familias ni mucho menos de quienes reciben una pensión, sino solo las de aquellas personas que pertenecen al 1% de la población más rica del país. Aunque la postura del Ejecutivo hace poco probable que avance en el corto plazo, el debate de las últimas semanas volvió a evidenciar que México sigue evitando una discusión de fondo sobre qué beneficios fiscales vale la pena conservar y cuáles deberían revisarse en un sistema tributario que aspira a ser más justo.
Además de la exención a las herencias, la Federación renuncia a recaudar más recursos de las personas y empresas de mayor capacidad económica, tal como lo documenta la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el documento Renuncias Recaudatorias. A través de este documento, la Secretaría de Hacienda muestra las estimaciones de cuánto deja de recaudar por exenciones, tasas reducidas, deducciones y estímulos que existen en las leyes tributarias y decretos presidenciales.
En 2026 se estima que casi 1.6 billones de pesos no serán recaudados como consecuencia de los diferentes beneficios fiscales, lo que representa el 4.4% del Producto Interno Bruto (PIB). El IVA concentra el rubro más grande de esa renuncia, con 638,701 millones de pesos (1.7% del PIB). Le siguen las exenciones de ISR a personas físicas, con 1.04% del PIB, y los estímulos fiscales, con 399,798 millones, equivalentes al 1.07% del PIB.
No toda renuncia recaudatoria es injusta o inequitativa. La tasa del 0% de IVA en alimentos, medicinas o productos de gestión menstrual asciende en conjunto a cerca del 1.5% del PIB, pero sin estos beneficios las personas de bajos ingresos se verían seriamente afectadas en su poder adquisitivo. A diferencia de otros beneficios fiscales, estas medidas tienen una justificación clara porque buscan garantizar el acceso a bienes indispensables para el ejercicio de derechos como la alimentación y la salud.
El problema aparece en otros beneficios fiscales que usan el mismo lenguaje de derechos sociales pero que, según los propios números de Hacienda, terminan en los bolsillos equivocados. La deducción del pago de colegiaturas privadas le cuesta al Estado cerca de 5,000 millones de pesos, pero el decil X, es decir, el 10% de las personas contribuyentes con mayores ingresos, concentra el 63.7% de ese beneficio. Lo mismo pasa con la deducción de gastos médicos, donde ese mismo decil recibe entre el 75.8% y el 87.0% del beneficio según el tipo de gasto, así como con la deducción de intereses reales por créditos hipotecarios, que concentra el 58.8%. Algo similar ocurre con las exenciones por ingresos de capital que existen en el ISR. Y como las brechas de ingresos entre hombres y mujeres colocan a más hombres en ese decil, estos beneficios fiscales terminan concentrados, sobre todo, en los hombres más ricos.
Los estímulos fiscales también merecen una revisión, los cuales en 2026 sumarán 399,798 millones. Hoy, la región fronteriza norte concentra 36% de todo el gasto en estímulos, con 143,402 millones, y las FIBRAS inmobiliarias otro 23%, con 94,400 millones. Juntas suman 69.4% de todo lo que el gobierno entrega en estímulos fiscales.
El documento de Renuncias Recaudatorias también es relevante por la información que omite reportar. El documento no contiene una sola referencia a la exención que recibirá la FIFA con motivo del Mundial del 2026 ni sobre la amnistía fiscal para quienes repatrien sus capitales. Ambos beneficios fueron regulados en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, pero el instrumento que debería transparentar el costo de los tratamientos preferenciales no los registra ni los cuantifica.
Aunque en los últimos años la recaudación de impuestos ha incrementado, la exención a los ingresos por herencias y los demás beneficios fiscales que hoy se concentran en quienes más tienen limitan la posibilidad de construir un sistema tributario más justo y equitativo. No se trata de eliminar la tasa cero a los alimentos ni a las medicinas, sino de evaluar aquellos beneficios fiscales que hoy no tienen razón de ser.
