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Hojalatería y pintura para la Ley Minera

La clase política en nuestro país no escatima en costos por colocarle adornos a nuestra realidad para continuar manteniendo la apariencia de que vamos bien y que se atienden puntualmente los problemas que aquejan al país. Ahora le tocó su turno al enorme problema social y ambiental que representa la actividad minera en México. Con la misma prisa que tantas otras iniciativas han pasado expeditamente por el Congreso en los últimos meses, el Pacto por México dictó que la Ley Minera debía ser reformada antes de que concluyera el segundo periodo de sesiones, el 30 de abril. Le colocaron nueva carrocería, nuevos rines, nuevas vestiduras y un estéreo. Pero debajo de toda esta faramalla persiste idéntico el mismo auto viejo, con el mismo desperfecto de fábrica: un pequeño contacto con la defensa trasera hace que el tanque de gasolina explote.

La iniciativa promovida por los diputados Adolfo Bonilla y Marco Antonio Bernal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), misma que fue aprobada con algunas modificaciones en el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril, opera bajo el siguiente encuadre discursivo: La minería es una actividad que se traduce en crecimiento económico para el país y, por tanto, su promoción es deseable. Sin embargo, la renta generada por esta actividad no llega a las comunidades de las localidades donde ésta se realiza. Como las comunidades no perciben los beneficios de la actividad, se desatan conflictos sociales a lo largo y ancho del país. Por tanto, si se distribuyera la renta minera entre los afectados directos de este proceso extractivo, el problema se solucionaría. Ni más ni menos.

Para atender el problema que identifican los diputados, la iniciativa plantea crear un nuevo derecho que cobra a las mineras el 5% de las utilidades que éstas reportan. Es importante señalar que este cobro no se establece sobre el valor del volumen de minerales extraídos a boca de mina. Este punto es de suma importancia, en tanto que el cobrar este derecho sobre las utilidades reportadas abre la puerta a prácticas de elusión fiscal comunes en el sistema tributario mexicano. El 70% de los recursos recaudados por este derecho tendrá como destino los ayuntamientos de los municipios próximos a proyectos mineros y el resto pasará al Fondo General de Participaciones. El que estos recursos lleguen a las presidencias municipales no se traduce automáticamente en una mejora en las condiciones de vida de los habitantes de estos ayuntamientos: como bien sabemos, hay todavía mucha opacidad y corrupción de por medio.

El discurso en que se encuadra la solución que presentan las y los diputados al problema minero hace una terrible simplificación de la realidad nacional. Queda completamente fuera cualquier mención sobre la necesidad de plasmar en ley el derecho constitucionalmente reconocido de las comunidades a ser consultadas sobre si quieren que se abra una mina o no en su territorio y a establecer los términos en que ésta puede operar. Tampoco figura la importancia de preservar el patrimonio medioambiental, cultural, arqueológico o, simple y llanamente, la existencia de otras actividades económicas que no pueden coexistir con la minería. Para las y los diputados que aprobaron este dictamen, el problema se resume a una cuestión de redistribución de ganancias. Inclusive, si tomamos por cierto su análisis, las cuentas no salen cuando observamos todos los daños ambientales y sociales provocados por la explotación minera que son endosados por estas empresas a la sociedad y al Estado. Estos costos acumulados por afectaciones a la salud, a la vivienda, desaparición de otras actividades económicas, desplazamientos, sobreexplotación de acuíferos, destrucción de ecosistemas, contaminación permanente de suelos, así como el acarreo de partículas nocivas por el aire, posiblemente no podrían ser cubiertos ni con el cobro del 100% del valor del volumen producido a boca de mina.

La pelota se encuentra actualmente en la cancha del Senado. ¿Demostrarán nuestros representantes que se encuentran a la altura del mandato que los colocó en esta asamblea? Convendría que nuestros legisladores atiendan la demanda de las comunidades que más han sufrido las consecuencias de un marco legislativo laxo, mismas que ya han presentado su propia iniciativa de reforma a través de la Senadora Iris Mendoza. Es hora de descartar este cacharro viejo y peligroso, aunque nos lo presenten con carrocería nueva. Es hora de diseñar, desde cero, un marco legislativo minero acorde con nuestras necesidades, que tenga en consideración los intereses de la mayoría de los y las mexicanas.

Francisco Cravioto

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle18369.html