Este miércoles 1ro de septiembre, el presidente entregó su cuarto Informe de gobierno por escrito al Congreso de la Unión. El Informe presidencial ha dado lugar a intensos debates desde los años 60 y 70, de éste han opinado Arnaldo Córdova, Daniel Cosío Villegas, Octavio Paz y Carlos Fuentes (por citar ejemplos); y especialmente, se ha discutido desde 1997 cuando el Congreso perdió su mayoría de partido. Fue entonces que el Informe dejó de ser un ritual unipersonal para convertirse en un evento atropellado y contestado sólo de manera simbólica. Ahora, después de cambios a la legislación, el presidente no acude a la ceremonia y sólo envía información. Sin embargo, el problema está lejos de limitarse a la sencilla cuestión de si debe o no el presidente leer su informe ante el Congreso.
El tema central es la enorme importancia que alberga este acto para la rendición de cuentas entre poderes y hacía la ciudadanía. Primero porque éste forma parte de un sistema de reportes en la Planeación Democrática. Es decir, el presidente tiene que exponernos el grado de cumplimiento que el Gobierno federal ha realizado conforme al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y justificarnos los errores, omisiones y faltas cometidas. Y, en su caso, si se cumplieron con los objetivos, metas e impactos previstos en el PND.
El informe debe contener estos elementos mínimos para la rendición de cuentas y además, se inscribe en un proceso de control parlamentario en el que los legisladores deben preguntar por los detalles del cumplimiento. La intención es que deben basarse en estos datos para llamar a cuentas a los secretarios de Estado y autoridades de la administración pública centralizada, descentralizada y paraestatal.
El informe del presidente, junto con los informes de cumplimiento y los informes de ejecución, son la base desde la cual el Estado mexicano se reporta con organismos internacionales como Naciones Unidas para dar cuenta del cumplimiento de sus deberes en materia de salud, educación, desarrollo económico, igualdad de género, etc.
A pesar de esta suma de razones relevantes y de la envergadura de responsabilidades que concibe el informe, no tenemos respuesta del presidente al respecto. Cambió el formalismo del acto, pero no abandonó sus deficiencias. Simplemente se ha convertido en un proceso de información publicitaria y propagandística del Ejecutivo federal. Se trata de un alud de datos descontextualizados, todos ellos orientados a generar una sensación de aprobación del presidente y su gobierno.
Por ejemplo, en su informe, Felipe Calderón afirma que “37 millones de personas tienen ahora Seguro Popular” a diferencia de los “menos de 16 millones” que estaban inscritos a este programa al inicio del sexenio. Este apunte no presenta los elementos que permitan verificar las condiciones mínimas para que el presidente pueda afirmar tal “logro”. ¿Dónde están los datos que demuestran que existen unidades médicas, suministro de medicamentos y recursos humanos y técnicos para cubrir el derecho a la salud de esas 37 millones de personas? Estos datos oficiales contrastan radicalmente con las evidencias obtenidas por diversas organizaciones de la sociedad civil (como ACASAC, SADEC o Noche Zihuame) a las que Fundar ha tenido acceso y que muestran un funcionamiento distinto del Seguro Popular. El déficit de medicamentos, infraestructura y recursos técnicos y humanos evidencian que este programa constantemente se reduce a una mera credencialización sin sustento.
Esta es sólo una mínima muestra, con el fin de justificar por qué el Congreso de la Unión requiere de un Informe presidencial que tenga los elementos necesarios de evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas del gobierno. Pero más importante, del estado real de satisfacción de derechos de la ciudadanía. De igual forma, un informe serio es necesario para tomar decisiones legislativas sobre los programas y leyes orgánicas de las entidades de gobierno, sobre los presupuestos asignados y sobre los impuestos que se necesitan y lo que no. Esta información es indispensable para que los legisladores realicen un control orientado a la mejora de la gestión pública, así como para fiscalizar el gasto público.
Pedir que el Gobierno federal rinda cuentas con seriedad no suena, al menos para quienes trabajamos en Fundar, descabellado. Además, consideramos que el Poder Legislativo debe ejercer con plenitud su facultad de contrapeso. Pensamos que es irrelevante que el informe presidencial cambie o no de formato, dado que para los asuntos relevantes en este país los cambios de forma no han sido necesariamente cambios de fondo.
Haydeé Pérez
