Search
Close this search box.

Iniciativa Mérida se implementará en un contexto de grave retroceso de los Derechos Humanos

  • La falta de mecanismos efectivos de fiscalización y control de los recursos que el gobierno aboca a su seguridad pública promueve la opacidad, impunidad y corrupción

La Iniciativa Mérida, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos la semana pasada y firmada ayer por el Presidente Bush, establece la utilización de recursos del Gobierno estadounidense para el combate al narcotráfico en México. En principio, en los próximos 45 días a partir de este primero de julio las autoridades mexicanas negociarán el destino y resultado esperado de los fondos de la iniciativa. Es indispensable conocer a detalle qué se financiará, por qué y para qué. Fundar solicita al gobierno de México que establezca un mecanismo transparente de definición de prioridades, actividades y objetivos, no sólo de los recursos asociados a la Iniciativa Mérida, sino también de los recursos propios destinados al combate al crimen organizado, que ascienden a más de 100 mil millones de pesos.

Fundar considera fundamental cambios sustantivos en los sistemas de control y evaluación de la política pública sobre las acciones de cooperación para combate al narcotráfico y el crimen organizado. La estrategia actual de combate al crimen organizado arroja un saldo negativo en diversos frentes. La militarización asociada con la estrategia ha provocado un incremento en los casos de violación y abuso de derechos humanos en México. A ello se suma la falta de mecanismos efectivos de fiscalización y control de los recursos que el gobierno aboca a sus estrategias, que promueve la opacidad, impunidad y corrupción, al no existir parámetros ni indicadores claros que permitan valorar resultados.

Velar por el ejercicio y la vigencia plena de los derechos humanos es un principio básico del ejercicio del poder en un estado democrático. Debe serlo también para el gobierno mexicano. En Fundar estamos convencidos que los miles de millones de pesos que se derivarán de la Iniciativa Mérida deben ejercerse, como cualquier otro recurso público, con criterios de transparencia, estar sujetos a la fiscalización del Poder Legislativo y al escrutinio de la sociedad civil, no sólo para verificar su legalidad, sino para garantizar que su ejercicio y las políticas públicas que sustentan están ampliamente justificadas, son efectivas, y promueven el estado de derecho. La participación de la sociedad civil mexicana en el monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas y programas de seguridad pública y combate al crimen organizado es un elemento clave para garantizar su efectividad en el largo plazo.

En consecuencia, Fundar continuará, como hasta ahora, con su labor de monitorear y analizar el desempeño de las instancias involucradas en la promoción y defensa de los derechos humanos en México, e incorporará a sus actividades de investigación aplicada un seguimiento puntual al ejercicio del presupuesto asociado a las funciones de soberanía, orden y seguridad, y a los procesos de reforma judicial y policial en curso. Nuestro trabajo se basa en la exigencia un pleno respeto de los derechos humanos en México, incluido el derecho de acceso a la información, y denunciaremos cualquier intervención indebida, o pretensión de hacerlo, del gobierno de Estados Unidos bajo el pretexto del combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Nuestro enfoque es independiente. No se basa en ni se limita a las actividades de la Iniciativa Mérida. Busca promover que las políticas de seguridad rindan cuentas, al igual que toda acción de la autoridad. Fundar nunca ha solicitado participar de los fondos que prevé la Iniciativa Mérida, ni aceptaría hacerlo. En los términos en que fue publicada, la propuesta norteamericana no prevé ningún fondo para organizaciones de la sociedad civil, y no podría incorporarlo, por la previsión explícita de que no se realizarán transferencias de recursos. Cualquier intento de explicar el monitoreo ciudadano en función de la búsqueda de recursos es falso, y probablemente mal intencionado.

Para mayor información favor de contactar a:

Juan Carlos Martínez

55 54 30 01 ext. 129

[email protected]