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Internet como servicio público

La última reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión dejó en claro que estos son servicios públicos de interés general, lo cual obliga al Estado a que los servicios de Internet sean prestados en condiciones de competencia, pluralidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. Por su importancia para el desarrollo del debate publico y la participación ciudadana, y por su capacidad para fomentar el entendimiento entre culturas, Internet debe ser considerado como una herramienta de interés social en donde los intereses económicos no sean quienes definan su futuro. Sin embargo, el dictamen de la ley de telecomunicaciones parece alejarse de esta perspectiva.

La neutralidad de la red es el principio que garantiza el derecho de los usuarios a acceder a cualquier contenido, servicio o aplicación en Internet sin la intervención de proveedores o la censura de empresas, gobiernos y administraciones. Gracias a este principio, miles de empresas han tenido la posibilidad de crecer y ofrecer nuevos servicios, y muchos sitios web sin fines lucrativos han facilitado el acceso al conocimiento y a la cultura y fomentado el ejercicio de nuestros derechos humanos. Desde Facebook y Google, los gigantes de Internet, hasta el blog preferido de cada usuario se han beneficiado de la neutralidad de la red para que sus servicios y contenidos no sean tratados de manera discriminada. La neutralidad tiene como fin garantizar el flujo equitativo de la información en beneficio de los usuarios.

Sin embargo, el proyecto de dictamen presentado por el senador Javier Lozano pone en riesgo la neutralidad de la red y el uso de Internet como hoy lo conocemos. De acuerdo al artículo 146, los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, y diferenciar entre niveles de capacidad, velocidad o calidad. De aprobarse esta disposición, Telmex y Televisa podrían trasladar el modelo de televisión por cable a la prestación de servicios de Internet. Las personas que paguen el “Paquete A” tendrán servicios con más velocidad y calidad y, por ejemplo, podrían acceder a las páginas web que tengan exclusividad con algunas de estas dos empresas. Mientras tanto, quienes solo puedan pagar el “Paquete C” verían reducidas sus posibilidades de acceder a más información y hacer uso de los miles de servicios que ofrece Internet.

Los usuarios no serán los únicos que tendrán que pagar la diferencia de precios, sino también las propias micro empresas o los blogs independientes; pues la posibilidad para que sus servicios lleguen a más personas con la misma calidad y velocidad que la que cuentan los actores dominantes dependería de su posibilidad para llegar a acuerdos económicos con los dueños de nuestros módems. Con estas medidas, el flujo equitativo de la información sería inexistente.

Internet es indispensable para potencializar nuestros derechos humanos y facilitar el acceso al conocimiento y la cultura, y por ello debe ser regulado desde una perspectiva de servicio público. Sin embargo, la iniciativa actual en materia de telecomunicaciones y radiodifusión hace todo lo contrario: establece mecanismos de censura previa al permitir que las autoridades y las empresas de telecomunicaciones bloqueen servicios y contenidos; amenaza el principio de la neutralidad de la red; no establece la necesidad de obtener autorización judicial para que los concesionarios o prestadores de servicios colaboren con las autoridades encargadas de la investigación de actos delictivos; permite que las agencias de seguridad nacional geolocalicen los aparatos móviles de manera arbitraria y sin control judicial; no contiene las salvaguardas necesarias para que nuestros datos en posesión de empresas no sean utilizados para fines ilegítimos; y, permite la suspensión de las líneas móviles de telefonía cuando así lo disponga la autoridad competente, por ejemplo, durante una protesta social.

Durante estos últimos meses, miles de jóvenes y ciudadanas han alzado la voz y salido a las calles para protestar en contra de estas y otras medidas regresivas contenidas en el proyecto de dictamen de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Detrás de todas las pancartas y consignas, el mensaje es claro: Internet debe ser libre y equitativo para que nuestros derechos humanos no sean vulnerados. La discusión de la nueva ley, pospuesta para junio, debe reconocer a Internet como un servicio público de interés general y escuchar las preocupaciones de la sociedad.

Para más información sobre la ley en telecomunicaciones y radiodifusión puedes consultar internetlibre.mx y 1111mx.org

*Iván Benumea

http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle20221.html